Denuncian que hay una Side que persigue economistas

Consultores privados que realizan estudios estadísticos sobre variaciones de los precios, denunciaron ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja que son "intimidados, y hasta amenazados, desde la Secretaría de Comercio, que dirige Guillermo Moreno, por el sólo hecho de emitir alguna opinión" (diferente a la del cuestionado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
La denuncia de los consultores se realizó en presencia de diputados de la oposición, y la ausencia notoria de los legisladores del oficialismo, a quienes no les interesó el tema de la inflación, no sea que Cristina Fernández los sancione…
El economista Guillermo Rubinstein señaló: "Lo que estamos viendo nos sorprende. Están pasando cosas que no pasan en la Argentina desde el gobierno militar". El consultor afirmó que "hay una escalada muy perversa desde el Gobierno; nos sentimos censurados e intimidados", a la vez que dejó sentado la necesidad de "promover acciones más concretas, más fuertes desde el Congreso para que esto se revierta".
En tanto Carlos Melconian puntualizó que la situación "se está tornando en castaño oscuro", luego de aclarar que él estaba presente en "calidad de consultor y ciudadano y no para hacer política".
Entre otras cosas, Melconian sostuvo que los consultores vienen elaborando índices sobre variación de precios "desde antes de 2007" y que su trabajo para nada es una respuesta a los datos del INdEC. "Nunca intentamos sustituir los datos del Instituto Nacional de Estadídticas y Censos" (INdEC) y menos "provocar al gobierno con nuestras estadísticas".
Melconián hizo, además, un llamado a la Justicia: "Sería importante que la Justicia intervenga, y les diga a quienes nos persiguen, dejen expresar a estos ciudadanos dentro de la ley".
Por su parte, Santiago Paz, de Ecolatina, fue más contundente. "Esto es una persecusión contra economistas y contra los profesionales independientes". También ratificó que Argentina "está pasando una etapa de alta inflación y esto es grave".
Paz mostró su preocupación "por la persecucin de la que somos objeto porque no solo nos multaron, sino que se nos està pidiendo que expliquemos como hacemos nuestro trabajo".
El economista de Ecolatina se preguntó "cómo hacer para trabajar sin llamarse a silencio ya que los tiempos de la justicia son lentos".
El economista Juan Todesca, quien además de titular de una empresa de consultoría es candidato a jefe de Gobierno por el frigerista Movimiento de Integración y Desarrollo + un sector del peronismo disidente, fue mucho más allá en sus consideraciones. "Aquí hay un aparato de inteligencia, el que pagamos todos, que se encarga a recopilar recortes de diarios, y a desgrabar programas de radio y televisión para luego amenazarnos por lo que decimos u opinamos. El tema es esencialmentes delicado", sentenció.
Por su parte, Miguel Kiguel, de Econviews, manifestó su preocupación: "Que la gente no pueda debatir el tema de la inflación".
"Estamos viviendo una intimidación que no es censura previa sino posterior y es muy preocupante que esta situación suceda en un Gobierno que se dice progresista", señalò Kiguel.
La titular de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada Silvana Giúdici, señaló: "Sería bueno que la Presidenta, que se jacta tanto de la libertad de expresión de su gobierno, advierta que sus funcionarios (el ministro Amado Boudou y el secretario Guillermo Moreno) están incurriendo en acciones violatorias e intimidatorias que atentan contra la libertad de expresión, contempladas en el artículo 14 de nuestra Constitución que establece que todos los habitantes de la Nación tienes derechos a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y en el artículo 13 del Pacto de Costa Rica que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
"No debemos dejar que el gobierno logre que la información no circule", dijo la diputada Silvana Giudici.
Ante esto, Juan Todesca respondió "Nadie actúa solo sin el aval de la Presidente de la Nación. Este es una política decidida desde la Presidencia de la República".
La diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica-Ciudad Autónoma de Buenos Aires), les solicitó a los consultores que "no bajen los brazos porque autolimitarse, autocensurarse y dejar de hablar de inflación es el camino más peligroso".
Bullrich reflexionó: "Toda autolimitación va a terminar con las consultoras no solo multadas, sino cerradas". La legisladora opositora llamó a la resistencia democrática multiplicando la apuesta con más publicaciones, con más informes radiales y televisivos: "Debemos decir que hay inflacion, debemos decir que el INdEC miente. La autocensura lleva a que el gobierno logre su objetivo, que es dejar de hablar de Inflación".
El problema, vale la pena recordárselo a Bullrich, es la suma de multas que impone la Dirección de Lealtad Comercial a las consultoras. Por eso andaba por ahí la propuesta de Diego Dillenberger, el director de la revista Imagen, para que se habilitara un fideicomiso con una cuenta pública donde el público pudiera donar $ 1 por persona y así crear los recursos para afrontar el pago de esas multas.
Patricia Bullrich, confirmó que esta terminando de elaborar una denuncia penal contra el Gobierno fundamentada en el artículo 248 del Código Penal argentino que establece que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
Finalmente el diputado Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica- Ciudad de Buenos Aires), les solicitó a los consultopres que "no bajen los brazos" y recomendó "poner el foco en los índices de las estadísticas de la Provincias, donde el gobierno se recuesta para demonizar a las consultoras privadas".
"No debemos permitir la extorsión y sigamos dando la discusión técnica. Esconder la discusión es darle la razón al Gobierno", dijo Prat Gay.
Hasta ahora, Lealtad Comercial, que depende de Guillermo Moreno multó con $500.000 al Centro de Estudios Económicos (CEE) de Orlando Ferreres; a Eco Go SA (Estudio Bein & Asociados); Finsoport, entre cuyos responsables figura el economista Jorge Todesca, y Buenos Aires City, de Graciela Bevacqua.
En tanto, fueron puestas bajo la lupa y deberán explicar cómo relevan los precios: Abeceb.com, de Dante Sica; Efimak, de Miguel Kiguel, y la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE).