Piden otro informe por las viviendas de Madres de Plaza de Mayo
El escándalo por los fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas y otras obras civiles, ante las denuncias sobre presunto manejo irregular por parte del ex apoderado, Sergio Schoklender, sigue siendo motivo de preocupación en el Congreso.
Este jueves 30/06, ingresó en la cámara alta un pedido de informes de autoría de la senadora por Salta, Sonia Escudero (Peronismo Federal).
La legisladora pretende que el Poder Ejecutivo rinda cuentas sobre los montos asignados y transferidos del Estado Nacional a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, o a cualquier otra entidad vinculada, para la ejecución de viviendas y otras obras civiles.
No sólo solicitó informes de todo el país, sino que también pidió detalles en relación con las obras (viviendas, centros asistenciales y demás obras civiles) que la Fundación realizó en la provincia de Salta, y sobre las que tiene previsto realizar.
“Si bien las fundaciones son entidades privadas, cuando éstas manejan cuantiosos recursos del erario público, resulta imperioso conocer detalladamente el destino que les da. El monto administrado por Schoklender para el proyecto “Sueños Compartidos” alcanzaría los $765 millones. El pueblo argentino tiene derecho a saber la verdad, y es el Poder Legislativo quien tiene aquí que ejercer su función de control para asegurar que toda la información se haga pública”, reclamó la legisladora.
Además, en su proyecto solicitó se expliquen los fundamentos técnicos que motivaron la elección de la ONG conocida por su lucha a favor de los derechos humanos- para la construcción de viviendas, y cuáles fueron los criterios empleados para la elección de las empresas contratistas y para determinar la localización de los emprendimientos.
Por otra parte, la senadora requirió información accionaria y patrimonial de las empresas Meldorek S.A., Gorlac S.A., Antártica Argentina S.A., Docamer S.R.L, que se sospecha están vinculadas con Shoklender. También pidió saber cuáles fueron las tareas de fiscalización y control que realizaron los organismos oficiales al respecto (Sindicatura General de la Nación, los Ministerios de Planificación Federal y Desarrollo Social, la Subsecretaría de Obras Públicas y la Unidad de Información Financiera).
Por último, incluyó en su proyecto una pregunta sobre la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), las razones por las que se demoró la investigación de la denuncia presentada por la diputada Elsa Quiroz en junio de 2010; y lo actuado en relación con aportes de dinero que la Fundación, y entidades vinculadas, pudieran haber recibido desde el exterior.
