Causa por falsificación de firmas y aprietes complica a Schoklender

Hace tres años la Justicia ya había puesto su lupa sobre los sospechosos manejos de Sergio Schoklender como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La causa se manejaba en absoluta reserva y pasó por las manos de dos jueces federales que escucharon declaraciones testimoniales en las que se denunciaba falsificación de firmas, presiones y un negocio de 200 millones de pesos.
Los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo ya habían oído hablar de los millonarios planes de vivienda que financiaba el Gobierno y que ejecutaba la fundación que lidera Hebe de Bonafini. También oyeron de un “violento” Schocklender; del kirchnerista subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, y del visto bueno de los funcionarios del Gobierno porteño.
Según la denuncia, Schoklender habría falsificado la firma de quienes representaban a la Asociación Civil Las Esperanzas de un Cambio, una entidad barrial armada a los apurones por vecinos del sur de la Ciudad que tenían el sueño de tener una casa propia. Las rúbricas eran para poder firmar un convenio de construcción de 780 viviendas entre Madres, el IVC, la Subsecretaría de Viviendas de la Nación y la asociación.
Además de la gravedad de la denuncia por falsificación de firmas, el caso demuestra que desde hace tiempo la Justicia tenía en la mira a Schoklender y que el Gobierno no podía ignorar los modos de operar del ex apoderado de las Madres.
La historia comenzó como resultado de una tragedia. Fue el 8 de febrero de 2007, cuando un incendio devoró las precarias casas de la Villa El Cartón (en Villa Soldati): el fuego dejó a 460 familias a la intemperie. Un grupo recibió subsidios y 220 familias se fueron a vivir al Parque Roca mientras se construían viviendas transitorias. Miriam Lucía Aquino era delegada del barrio y titular de la Asociación Las Esperanzas de un Cambio. Fue quien terminó denunciando a Schoklender.
La denuncia por falsificación de firma se presentó el 29 de julio de 2008 y recayó en el juzgado a cargo de Canicoba Corral bajo el número 32999/08. “Hubo varias medidas de prueba, se tomaron testimoniales y hasta se llegó a hacer un allanamiento en la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Después el expediente fue pasado a lo de Lijo”, explicó a PERFIL una fuente judicial que conoce el recorrido de la causa. El 7 de abril de 2010 Aquino amplió su declaración testimonial. Dijo: “Después del incendio estábamos en Parque Roca y apareció Schoklender un día de madrugada para explicarnos que quería construir las viviendas en el predio de Fernández de la Cruz y Varela. Al otro día trae una maqueta y planos de la vivienda. Una semana después se hizo una reunión y me negué a ir porque no estaba de acuerdo con cómo iba a ser la construcción”.
Todos los convenios fueron polémicos. A pesar de que la asociación civil no se había terminado de constituir en lo formal, el convenio se firmó igual. El objetivo era evitar un llamado a licitación y garantizar la contratación directa. Todos firmaron: Schoklender, el IVC y los demás. El primero de los convenios fue el de 21 de septiembre de 2007 y era para la construcción de 220 viviendas por $ 25.740.000, aportes en su mayoría provenientes del Gobieno nacional. La empresa constructora era la fundación que lidera Hebe de Bonafini.
Pero Schoklender quería redoblar la apuesta y, con el visto bueno del Ministerio de Planificación, el 26 de marzo de 2008 se firmó un nuevo convenio para fabricar otras 560 casas más, que debía anular el anterior. Para ello se neceistaban todas la firmas.
“Pero nosotras no firmamos nada, falsificaron nuestras firmas”, le dijo Aquino a PERFIL, quien no hizo más que repetir lo que ya había dicho en la Justicia en dos oportunidades. El convenio en cuestión implica 780 unidades en Castañares y General Paz, la obra más importante que tiene en ejecución la Ciudad en materia de viviendas. El 29 de abril de este año, el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, autorizó a las Madres a percibir $ 41 millones más para terminar las viviendas. El convenio original implicaba $ 152 millones.
También hubo amenazas. Según contó Aquino, el 3 de abril de 2008 la llamó un vecino (Marcelo Carrizo), que había sido designado como revisor de cuentas de la asociación civil, para decirles que “estaba asustado porque Schoklender lo atemorizó amenazándolo para que firme distintas autorizaciones que necesitaba”.
En Comodoro Py la causa “se había convertido en una papa caliente, todo estaba mal hecho. El convenio era un papelón”, destacó un funcionario judicial que sabe cómo se trabajó en el expediente que ahora tiene el número 12768 y que está en la Secretaría Nº 7 del Juzgado en lo Criminal Federal 4. “Está claro que el Gobierno nacional y el de la Ciudad sabían que existían irregularidades en Madres. Ninguno se puede sorprender”, le dijo a este diario el ex legislador Facundo Di Filippo, quien era titular de la Comisión de Vivienda cuando se firmó el convenio denunciado. Y adelantó: “La semana que viene vamos a realizar una presentación en el juzgado para que esta causa se sume a la que ya tiene Oyarbide”.
Un largo recorrido judicial
El 19 de julio de 2008 una denuncia contra el entonces apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, prendió una mecha en el tercer piso de los Tribunales de Comodoro Py. La causa cayó en el Juzgado Federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, entró bajo el número 32.999.
Se lo acusaba a Schoklender de falsificar tres firmas en un documento público con el fin de obtener recursos del Estado para construir un complejo de viviendas sociales. También se lo culpó de ejercer “presión”.
Tres años después la causa sigue estancada y con una extraña carátula: “NN/Falsificación de documento público”, una pena menor, si se quiere.
Ahora descansa en la Secretaría 7 del Juzgado Federal Nº 4, que dirige el juez Ariel Lijo. “Hubo medidas de prueba, allanamientos en la Fundación de Madres de Plaza Mayo, donde se secuestraron documentos; también se tomaron testimoniales y se hicieron las pruebas caligráficas, pero la causa sigue abierta y en plena investigación”, aseguró a PERFIL una fuente judicial que conoce el ir y venir de una causa que ningunos de los dos jueces la habría querido tener.
Estaba en el Juzgado 6, pero la mandaron al 4 “por compensación”. El tema es que “Lijo la devolvió y después la Cámara decidió que la compensación estaba bien hecha”, explicó un funcionario judicial. Podría terminar en Oyarbide.