Schoklender y funcionarios, en la mira judicial por un fraude de $ 150 millones

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, deberá afrontar otra causa en la que se lo investiga por un presunto fraude por 150 millones de pesos, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
En el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, Schoklender comenzó a ser investigado luego de que se confirmara que falsificó las firmas de las representantes de una asociación civil para poder obtener fondos del Estado y construir viviendas, tal como informó este diario el sábado pasado.
“La falsificación de firmas fue confirmada por peritos caligráficos, pero es un elemento más en la preparación de una maniobra más grande”, adelantaron fuentes del juzgado a este diario.
Esta semana, las damnificadas, representantes de la asociación Esperanzas de un cambio, pidieron a Lijo que indague a Schoklender por la falsificación de firmas, pero en el juzgado detectaron un delito mucho mayor: un posible fraude por 150 millones de pesos. Ahora, Lijo deberá investigar si se trata de una defraudación a la administración pública y si existió complicidad del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, y de Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Ambos funcionarios están a cargo de las áreas que controlan la ejecución de viviendas de la Fundación Madres.
“Hasta el momento, recibimos documentación de esas áreas de Gobierno que indica que Schoklender recibía los fondos del Estado a medida que presentaba los certificados de obras realizadas”, aseguraron fuentes de la causa. Es decir, que la Fundación debía comenzar las obras para poder cobrar los fondos. Por eso, el juzgado deberá investigar si existieron esos controles o si los 150 millones se derivaron con certificados de obra falsos, adulterados o inexactos.
La historia. Los 150 millones de pesos que el Estado dio a Schoklender y a Hebe de Bonafini se derivaron a la Fundación a través de un convenio con el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y por iniciativa de Schoklender.
En 2007, luego del incendio de varias casillas en el barrio Villa Cartón, el ex apoderado de Madres –según indica la denuncia– se presentó ante los damnificados y les pidió crear una entidad para gestionar fondos para reconstruir sus viviendas.
Se presentó un primer convenio, pero fue rechazado. La asociación se desvinculó de la mano derecha de Bonafini. Pero más tarde, Schoklender consiguió la aprobación de otro convenio, el cual presentaba las firmas de Miriam Aquino y Arela e Irma Pacheco, representantes de Esperanzas de un Cambio. Sin embargo, las representantes negaron que las firmas del convenio sean suyas y pidieron investigar a Schoklender en julio de 2008, como reveló PERFIL en su edición del sábado. La causa estaba a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Desde diciembre, está bajo la órbita de Lijo.
Schoklender y varios de sus socios son investigados por el juez Norberto Oyarbide por presunta asociación ilícita y defraudación a la administración pública, ya que no podría justificar su patrimonio y es dueño de Meldorek, la constructora de las Madres.
En el juzgado federal de Marcelo Martínez di Giorgi, está en curso otro expediente en el que se busca determinar si existieron o no controles de los municipios, gobernaciones y Ministerio de Planificación en la asignación de fondos estatales.