Las mentiras de De Vido sobre el caso Skanska

Por Fernando Oz (Diario Perfil)
Para el juez Federal Norberto Oyarbide la megacausa Skanska “no se cae con una pericia contable”. Así se lo dijo a sus colaboradores el jueves, cuando les ordenó revisar hasta las comas del peritaje que indica que no existieron sobreprecios en las sospechadas obras de ampliación de gasoductos realizadas entre 2004 y 2005. Ahora el magistrado deberá sostener el procesamiento de dos ex funcionarios K y el de una veintena de involucrados en el primer caso de corrupción en el kirchnerismo.
La apresurada conferencia de prensa que dio el martes el ministro de Planificación, Julio De Vido, para despegar al Gobierno del caso y sacar a relucir una pericia que aún no fue analizada por el juez de la causa, no cayó bien en el despacho de Oyarbide. “Ulloa y Madaro están procesados por defraudación contra la administración pública, por administración infiel y cohecho pasivo. Si hubo o no sobreprecios es sólo un elemento de prueba más”, dicen en el juzgado.
El escándalo Skanska saltó a la luz en noviembre de 2006, cuando PERFIL publicó que el juez en lo penal económico Javier López Biscayart estaba investigando a la firma sueca por haber facturado a favor de empresas “fantasmas” para inventar gastos y evadir impuestos.
◆ Para deslindar las supuestas responsabilidades del Estado, en especial la del secretario de Energía, Daniel Cameron, el jefe de la cartera de Planificación sostuvo que “el caso Skanska se trata de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados”. Sin embargo, Oyarbide señaló en su auto de procesamiento que “representantes de la empresa en connivencia con los funcionarios públicos participaron en las irregulares contrataciones, que le aparejaran indebidos beneficios, tanto por el mayor precio ofertado, como así también a raíz del reajuste previsto por las cláusulas”.
◆ De Vido también defendió su gestión al asegurar que “no se trató de una obra pública” y que “la convocatoria a licitación estaba a cargo de la empresa transportadora de gas TGN”. Pero Oyarbide subrayó el hecho de que hubo una “deliberada intención por parte del Enargas” de descartar una mejor propuesta para hacer la licitación y “a través de esta actuación perjudicó los bienes sometidos a su custodia, beneficiando a las empresas contratadas”. Es decir que, de una u otra manera, el Estado también formó parte del proceso de licitación.
◆ En su estrategia de defensa, el ministro explicó que el rol del Estado, a través de Enargas, era de “supervisión de que las obras se hagan en tiempo y forma”. Según el juez que investiga la causa, “lo actuado por el Enargas, en violación a los deberes de sus funcionarios, permitió la asunción de una obligación abusiva, en perjuicio de los bienes puestos bajo su custodia, que conllevó a la obtención de un beneficio desmedido por parte de las empresas contratadas”.
◆ Exultante por el informe pericial, De Vido remarcó cuantas veces pudo que “las estimaciones efectuadas por TGN estaban equivocadas” y que “la pericia demostró que los presupuestos de TGN estaban mal hechos porque no guardaron un correlato con los valores de mercado, como tampoco con los alcances del proyecto”.
Oyarbide, según se desprende del auto de procesamiento de 1300 carillas, había advertido que el presupuesto y todo el procedimiento era, al menos, desprolijo por donde se lo mirara, y en esa línea de pensamiento determinó que bajo el argumento de la urgencia “posibilitaron que las empresas contratadas percibieran, con motivo de la ejecución de los contratos, sumas de dinero superiores a las pactadas en el precio, viabilizando un egreso de fondos aún mayor a favor de esas empresas”.
◆ Para el magistrado, el organismo por entonces a cargo de Madaro “pretendió justificar cada una de sus decisiones en afirmaciones carentes de acreditación en los elementos reunidos en los procedimientos”.
Oyarbide es claro: “Tales comportamientos no pueden ser entendidos simplemente como falta de apego a las normas que regulaban el proceder de los funcionarios, desatino, o simple negligencia en la forma de conducir los actos de la administración, sino que a la luz de las diversas valoraciones que anteceden puede concluirse que tal proceder comportó una herramienta necesariamente útil para el despliegue de un complejo y entrelazado conjunto de operaciones que llevaron a la irregular adjudicación, y que culminaron con el pago”.
◆ Por otra parte, el juez López Biscayart, que descubrió que la firma sueca habría facturado a favor de empresas “fantasmas” para inventar gastos y evadir impuestos, dejó claro que en la ampliación de los gasoductos norte y sur quedaron bajo sospecha de pago de coimas y que el Estado no podía estar ausente.