Jujuy: Lorenzetti cuestiona el desalojo sin contrapartida

El siguiente texto fue publicado por el diario La Opinión, de Rafaela, Santa Fe, el domingo 31/07, y resulta un apoyo de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al proyecto de expropiación de tierras de Ingenio Ledesma, la posibilidad más concreta de darle tierras a los que ocuparon un predio reclamando habitat. De todos modos, es todo un tema considerando el rol de Lorenzetti, y lo masivo del reclamo en todo el país. Ahora todos los ocupantes ya saben que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que para que desalojen hay que concederles alguna contrapartida:
"El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, consideró ayer (sábado 30/07) que los desalojos forzados de usurpaciones en terrenos privados no son una solución al tema y pidió que la problemática sea abordada desde un óptica social más que como algo que debe involucrar únicamente al Poder Judicial.
El rafaelino se refirió a este tema durante una entrevista que mantuvo con La Opinión, donde promovió las actividades que se vienen desarrollando en el marco del movimiento ambientalista “Expoterra”, que congrega a distintas personalidades del país preocupadas por esta problemática.
Los asentamientos irregulares y la forma de proceder ante ellos, volvieron a estar vigentes esta semana en la agenda nacional, cuando un procedimiento realizado en la provincia de Jujuy terminó con trágicas consecuencias.
“Lo primero que hay que entender es que no es un tema penal, sino que es un tema social -definió Lorenzetti-. Los que están ahí usurpando es porque no tienen donde estar. Pensar que se trata sólo de un tema penal, es tener una visión muy estrecha”.
El magistrado recordó que, a fines del año pasado, la Corte tuvo que intervenir en un caso similar ocurrido en el Bajo Flores. En esa oportunidad, donde ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos ni el Estado Nacional querían hacerse cargo de la situación, La Corte intervino y formuló un protocolo de actuación para este tipo de casos.
El procedimiento contempla, en primer lugar, el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, con la presencia de un juez y fiscal, para que el accionar esté legalizado. Se hace un censo previo y luego se rodea el sitio con dos círculos.
El primero, con personal sin armas.
El segundo, que es de seguridad, con el objetivo de que no lleguen de otros lados a ocupar o que no ataquen a los que están en el primero.
“Cuando se implementó el operativo y la gente se dio cuenta que era una operación conjunta entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, se fueron solos. No hubo agresiones. Y la gente que quedó con problemas de vivienda, se la ubicó en otro lado”, puntualizó Lorenzetti.
En este sentido, insistió en otorgarle un carácter social al tema para poder abordarlo con éxito. “A la gente hay que reubicarla. De lo contrario, estamos solucionando el tema de uno para agravar la situación de otro. A quienes no tienen donde ir, hay que proveerles algo”, expuso.
Luego completó: “el desalojo no sirve. No es una medida útil. Ni siquiera es eficaz. Si uno va y los desaloja, al día siguiente vuelven. Esta gente está desesperada y no tienen adónde ir. Tampoco es una solución meterlos presos. Se trata de un problema social".
Cabe recordar que en nuestra ciudad ya existe un precedente cercano sobre este tema en barrio Italia y que aún aguarda alguna solución. “Es cierto que se necesita firmeza, reglas claras y que la gente vea que también se intenta proteger la propiedad. Pero no se puede tener una mirada tan limitada para entender que se trata sólo de un problema penal”, concluyó."