Del Indoamericano a Jujuy, guía K para desactivar

Más de 1.600 kilómetros separan al porteño Parque Indoamericano de la provincia de Jujuy. La realidad de cada zona es muy distinta. Como también son diferentes los responsables políticos. Pero una problemática se repite: el déficit habitacional que genera que las personas en situación de pobreza salgan a reclamar que el Estado les garantice una vivienda digna.
Los caminos que siguieron el conflicto jujeño y el porteño son similares, con tomas de predios, represión, muertes y ausencia del Estado. Las soluciones que encontró el poder de turno, hasta el momento, también parecen ser las mismas: el empadronamiento y la promesa de tierras para descomprimir.
La situación ayer en Jujuy parecía empezar a normalizarse, después de más de una semana en la que el conflicto fue en constante ascenso y el poder político parecía no poder encontrar las soluciones necesarias. Después de los cuatro muertos durante la represión en Libertador General San Martín, en un predio tomado perteneciente al ingenio Ledesma, los asentamientos se fueron multiplicando. El jueves había más de cuarenta, por lo que el Gobierno promovió el plan “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”. La consecuencia fue que el viernes más gente salió a tomar predios, por lo que los asentamientos llegaron a ser más de 130. Ayer, la Policía de Jujuy no podía informar con certeza el número total de tomas porque en varios sectores de la provincia la gente se estaba retirando. Estimaban, sin embargo, que un 30 por ciento de los lugares tomados ya estaban siendo liberados, por lo que aún quedarían cerca de un centenar ocupados. Donde no había habido cambios es en los complejos de viviendas sin asignar que habían sido tomados. En esos lugares, recién el lunes iban a decidir los pasos a seguir.
Mientras tanto, la dirigente Milagro Sala siguió recorriendo la provincia, asumiendo un rol pacificador y suplantando en esa tarea al Estado provincial. Desde la organización Tupac Amaru ayer informaron que “gracias a Milagro Sala” se habían levantado las protestas en 28 asentamientos, que representaban, según el empadronamiento, a 9.657 familias.
Al igual que en Jujuy, cuando en diciembre del año pasado estalló el conflicto en el Parque Indoamericano, el primer golpe de efecto fue la represión policial bajo orden judicial. En el Norte murieron cuatro personas. En Villa Soldati, tres.
Inmediatamente, la orden de los gobiernos fue no reprimir, pero la llama del conflicto ya estaba encendida. En la provincia gobernada por el kirchnerista Walter Barrionuevo las tomas se fueron replicando por todo el territorio. En la Capital, que conduce Mauricio Macri, también se sucedieron tomas en otros predios, que incluso llegaron a zonas del Conurbano. La diferencia, en este caso, es que en la Ciudad se registraron enfrentamientos entre los ocupantes y los vecinos de la zona.
En ese momento, en los dos casos, fue cuando el Estado mostró su peor cara. Días enteros de predios tomados, la Policía como espectadora y los gobernantes sin encontrar cómo encauzar el conflicto. Oficialismo y oposición, además, echándose la culpa.
Finalmente, la solución encontrada es la misma. En el caso porteño, gracias a un acuerdo entre la Nación y la Ciudad, se censó a todos los que estaban ocupando el predio y se les prometió que iban a ser incluidos en planes de vivienda a desarrollar. El Gobierno jujeño lanzó el plan “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”, que sigue el mismo esquema: ya se inició el empadronamiento (que quedó en manos de Milagro Sala) y se prometió que en 15 días se les va a dar un lote y se van a abrir calles en terrenos a expropiar. Después de más de siete meses, las soluciones para los ocupantes del Parque Indoamericano todavía no aparecieron. En Jujuy, la promesa es muy reciente.