Macri crea una fuerza anti-piquetes

Dentro de un mes, el Gobierno porteño comenzará a implementar una decisión polémica alineada con el resultado electoral del ballottage: destinará unos 140 efectivos de la Policía Metropolitana para liberar los cortes de calles y, en el caso de que se resisten, arrestará a los manifestantes.
Al principio, sólo se intervendrá en los piquetes de hasta cien personas porque la fuerza todavía no cuenta con la cantidad de efectivos necesarios para grandes manifestaciones.
“Estamos capacitando, entrenando y equipando a nuestros efectivos para intervenir en diversas complejidades y una de ellas son los cortes de tránsito provocados sin aviso previo”, confirma el ministro de Seguridad porteño, Guillemo Montenegro, y aclara que los que pidan autorización –como exige la ley– no serán afectados.
Pero según sus registros, sólo en el 10% de todos los cortes que se producen en la Ciudad participan más de cien personas, por lo que esta medida afectará a la mayoría de las interrupciones, sobre todo en las que un puñado de manifestantes obstruyen durante horas una avenida como la 9 de Julio.
“No vamos a criminalizar las protestas sociales, sólo vamos a hacer cumplir la ley. El tránsito es una complicación para el ciudadano común y necesita de la intervención del Estado”, adelanta el ministro.
Cortar una calle no representa un delito, pero significa una violación del artículo 78 del Código Contravencional. Los fiscales porteños –de oficio– ordenan en cada corte la liberación de la vía pública, algo que nunca sucede porque la Policía Federal no suele actuar. Esto último sí representa un delito: el incumplimiento de los deberes como funcionario público. Por eso, ahora que cuenta con más efectivos y equipo, la Policía Metropolitana, que posee unos 2.400 agentes en total, comenzará a responder la orden de los fiscales en este tipo de situaciones. En el caso de que los manifestantes se resistan, podrán arrestarlos. No sólo porque desde que fue creada tiene competencia para intervenir en flagrancia –en el momento en que se produce un delito o una contravención– sino porque la “resistencia a la autoridad” eleva la contravención a un delito penal.
Luis Cevasco, fiscal general adjunto de la Ciudad, enfoca el problema: “En el caso de que haya resistencia se produce un delito, entonces se los puede detener en el momento y poner a disposición del juez”, ilustra. La Justicia será quien determine los días de arresto.
El artículo 85 del Código también contempla de 5 a 15 días de arresto a quienes portan elementos que puedan usarse como armas –palos o piedras– “destinados a ejercer violencia o agredir”. Por lo que en el caso de que los manifestantes los usen, también se los podrá detener. Podrán ser demorados en calabozos del propio ministerio, en la comisaría de la Metropolitana en Saavedra o en la cárcel para contraventores (en cancha de Atlanta).
Luego de las tomas del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, el Ministerio de Seguridad llamó a licitación para la compra de equipos antidisturbios. Se trata del kit de “tortuga ninja” que incluye cubrepiernas, pechera, casco de kevlar con visor (soporta el tiro de un 9 mm), escudo y tonfa. No portarán armas de fuego.
La polémica ya se abrió. Oscar Kuperman, del MTR, que dice representar unos a 1.500 piqueteros entre Ciudad y Conurbano, lanzó la amenaza: “No vamos a acatar la orden y vamos a dar la batalla porque la medida es injusta. Las brasas de 2001 todavía están encendidas y si Macri hace eso, la Ciudad va a terminar como Jujuy”.