Propiedad de la tierra: Nuevo round entre FpV y opositores
"Vamos a enviar un proyecto que tiene la Ley de Propiedad de la Tierra en la República Argentina que tiene que ser lo suficientemente inteligente para que no tenga un sesgo anti-inversor que nos plantee a los argentinos como xenófobos y refractarios a cualquier tipo de inversión. Hoy es un modelo que también está llevando a cabo Brasil, hay modelos a mirar, no vamos a inventar nada nuevo, es simplemente dar un instrumento que asegure que los recursos, que van a ser vitales para el siglo XXI, sigan precisamente en órbita y en competencia nacional, que no significa desalentar la inversión extranjera", dijo Cristina Fernández, casi al cierre de su discurso en la Asamblea Legislativa, según consta en la version táquigrafica de la inauguración del 129º periódo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.
Un día despues del triunfo por el 50,1% en las elecciones primarias, la ley fue reclamada nuevamente como una prioridad para el Gobierno por la presidente Cristina Fernández.
Por eso esta semana, el Frente para la Victoria intentará avanzar en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria procurará obtener este miércoles 31/08, dictamen favorable del proyecto, cuando se reúnan las comisiones de Legislación General, de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, para posteriormente llevarlo al recinto.
La iniciativa propone limitar al 20% la tenencia total de tierras rurales en manos foráneas y establece, entre otros puntos, que un mismo extranjero, en el futuro, no puede poseer más de 1.000 hectáreas. También establece que el Gobierno no vulnerará los derechos adquiridos de los extranjeros que hoy poseen tierras en el país, pero les exigirá informar al Estado sobre su titularidad en un plazo de 6 meses. Y también ordena realizar un registro catastral y dominial en 180 días.
Las estimaciones sobre la propiedad de la tierra en la Argentina varía según quien haga el estudio. Para la Fundación Pensar, hay 5.800.000 hectáreas en manos no argentinas, pero ese número asciende a más de 17 millones, según la Federación Agraria.
Desde la oposición, que aún conserva el control de 2 de las comisiones por donde debe pasar el proyecto de Poder Ejecutivo (Agricultura y Asuntos Constitucionales), se exige más tiempo para debatir la iniciativa, porque consideran que vulnera la Constitución Nacional y está cargada de riesgosas vaguedades, como la falta de definición de qué tipo de tierras rurales pueden estar sujetas a la cesión extranjera.
Para el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Juan Casañas (UCR- Tucumán), la oposición " esta dipuesta a dar el debate pero sin apurar el tema."
Para la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (Bloque Peronista), se trata de una "iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra".
En la vereda opuesta se ubica Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), presidenta de la Comisión de Legislación General. Dijo que en la Argentina "crece la venta de grandes extensiones de tierra por parte de capitales extranjeros". Y que por esa razón "es necesario legislar para preservar la tenencia en poder de productores agropecuarios argentinos", según el diario La Nación
"La iniciativa oficial establece un límite del 20%. Pero no especifica a qué afecta ese porcentaje: ¿es sobre el total de la superficie territorial o deducidas ya las hectáreas ya adquiridas por extranjeros? ¿Dará lo mismo vender tierras en zona de frontera, que es estratégica, o en zonas cultivables, que en otras extensiones?", se preguntó Lisandro Viale (Partido Socialista- Entre Ríos).
La venta de tierras a extranjeros no está regulada en el país, pero en el Congreso se presentaron mas de una decena de proyectos y algunos de ellos son:
>Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Elisa Carrió (CC-Capital Federal).
>Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
>Límites al acto de compra de tierras por parte de personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
>Restricciones a la adquisición de derechos reales por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15.385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI-Tierra del Fuego) y Monica Fein (PS-Santa Fe).
>Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
>Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FpV-Buenos Aires).
>Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el "fenómeno de extranjerización de las tierras" y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza y los beneficios de la libertad. Rosa Chiquichano (FpV-Chubut).
>Régimen de derecho de preferencia de los Estados provinciales y el Estado nacional en las transferencias de tierras a extranjeros. Creación del registro de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales. Mario Merlo (Peronismo Federal-San Luis).
>Régimen de Restricciones y Limitaciones a los Derechos Reales, u otras Formas Jurídicas similares sobre tierras rurales, que se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes de la diputada Diana Conti ( FpV-Buenos Aires).
>Restricciones y Límites a la Adquisicion del dominio de inmuebles rurales de los diputados de la UCR, Pablo Orsolini (Chaco), Ulises Forte (La Pampa), Carlos Ulrich (Chaco), Miguel Angel Giubergia (Jujuy), Ricardo Alfonsín (Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, más allá de la decena de proyectos presentados, solo se trabaja bajo la base del enviado por el Poder Ejecutivo.