El macrismo pretende prohibir los piquetes

El proyecto de ley en el cual están trabajando los legisladores del oficialismo prohibe expresamente que se realice cualquier tipo de acampe en la Capital Federal, sea por el motivo que fuere. Eso incluye a las personas en situación de calle que pernoctan en las arterias de la metrópolis, durmiendo donde pueden y en algunas ocasiones con un colchón como único abrigo. Además, la administración porteña se encuentra entrenando a una fuerza antipiquetes dentro de la Policía Metropolitana (PM) que, según sus jefes, tendría que entrar en funcionamiento a fines de septiembre.
“No queremos que la gente duerma en las calles”, enfatizó a principios de la semana el jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, al momento de confirmar que ya se trabaja en un programa para que la gente no duerma en la calle y, en cambio, permanezcan en los paradores que posee el Gobierno de la Ciudad que, según el oficialismo, han sido remodelados y puestos a punto.
Claro que la idea que se presentó dentro de la plataforma de acciones del PRO de cara a su segundo mandato no solamente insta a los indigentes a dejar la calle. Además, prohibe el acampe en espacios públicos y reafirma la voluntad de impedir, disuadir y/o reprimir el corte de calles y avenidas por parte de piqueteros o grupos de protesta de cualquier índole.
El diseño de la Ley Antiacampe tomó elementos de una medida similar implementada por el alcalde Michael Bloomberg en la ciudad de Nueva York, que luego fue adoptada por otras ciudades, principalmente de Europa. La premisa es contar con una herramienta legal, que en la actualidad no existe, que prohiba el levantamiento de campamentos y, conjuntamente, la permanencia de personas en situación de calle con sus pertenencias dentro del espacio público.
Y aquí, justamente, salta la polémica, ya que como consignó Noticias Urbanas en varias ocasiones, muchas personas se rehusan a ser trasladadas a los refugios o paradores de la Ciudad por los operadores del programa Buenos Aires Presente (BAP). Si la normativa finalmente fuera sancionada, los trabajadores sociales podrán valerse de la asistencia de la Policía Metropolitana para los traslados, que pasarían a ser, de esta manera, compulsivos. La PM, además, estaría facultada para liberar calles y avenidas cortadas por acampes, obligación que actualmente recae en la jurisdicción de la Policía Federal.
Francisco “Tito” Nenna, legislador porteño del Frente para la Victoria, le dijo a Noticias Urbanas que en el caso de que el proyecto avance “habría que tener en cuenta que no se pueden resolver los conflictos sociales con prohibiciones. Lo primordial es ejecutar los presupuestos de Vivienda y de Desarrollo Social y no apelar a medidas restrictivas y represivas".
"Si se habilitan medidas de esta índole, entonces vuelve la UCEP”, se despachó el diputado, recordando la cuestionada y desarticulada fuerza de choque que Espacio Público, en la época del ministro Juan Pablo Piccardo, utilizaba para liberar lugares ocupados. Nenna se refirió, además, al tema de los paradores de la Ciudad y señaló que el sistema de albergue que ofrecen es “perverso”.
“Separan a las familias; el marido va por un lado y la mujer se queda sola con los hijos. Y ni siquiera es un paliativo, porque a las 9 de la mañana todos van a parar a la calle de nuevo. Nunca puede ser una política de Estado que la gente duerma en un parador”, enfatizó y subrayó que “si funcionaran correctamente los dispositivos para creación de viviendas dignas y si el Estado porteño tomara cartas en el asunto, no deberían temer a los piquetes o a los indigentes porque no existirían. Pero en cambio, la idea es reprimir, no querer a los pobres en la calle”.
Desde el lugar de petición al Estado porteño, también se sitúan los integrantes de una ONG que trabaja con personas en situación de calle, acercándoles comida y abrigo. Cris Perrino, coordinadora de Ayudanos a Ayudarlos, aseguró que “la gente no va a los paradores porque el trato es infrahumano y todos los días veo cómo mamás con sus hijos prefieren una vereda o plaza antes que convivir con sus niños, por ejemplo, al lado de una persona con problemas de alcoholismo que las mantiene en vilo toda la noche. Es entendible que no quieran ir al parador donde la gente hasta relata que les entregan colchones orinados y sucios y una sopa que de sopa sólo tiene el nombre".
"También es inentendible que con esas ‘comodidades’ los quieran obligar a ingresar”, se quejó Perrino, conocedora de la problemática de los sin techo. Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que 1.300 personas viven permanentemente en la vía pública. Noticias Urbanas pudo saber que en el PRO la idea no sólo pasa por el asistencialismo: “La gente se queja, hay mucho que revisar aún, sobre todo en lo atinente a lo que establecen las leyes. Por eso se generó desconcierto”.
Al igual que en Nueva York, la ley sólo abarca a aquellos que duermen en posición horizontal y con colchones y pertenencias en la calle; no así a quienes descansan en el banco de una plaza.
Patricio Di Stéfano, legislador del PRO y asesor del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, había señalado en declaraciones a los medios que el objetivo es “dejar claro que no se va a poder acampar más en el espacio público, tal como sucede en todas las ciudades del mundo” y agregó que “dormir en la calle es un tema grave, que nos preocupa y queremos dar una solución. Va a ser una de las prioridades del GCBA para los próximos meses”.
Al cierre de esta edición se desconocía si la ley neoyorquina sería copiada completamente, lo que abarca no sólo la asistencia de un espacio para dormir, comer e higienizarse, sino que además conlleva un sistema de refugio de una familia por 10 meses, aproximadamente, brindando en forma gratuita asistencia médica, asistencia a escuelas de los niños, búsqueda de empleo o de reinserción laboral y social y tiene un apartado para personas que viven en taxativa que no prohiba manifestarse, pero (que exija) hacerlo en determinados lugares autorizados.
"El Estado debe volver a tener la capacidad de arbitrar y mediar en conflictos”, dijo. En ese sentido, afirmaba: “Es una idea que vengo trabajando desde el año 2006, que tomé de las grandes ciudades, donde se impone tener un circuito de fluidez en el tránsito en arterias clave, por razones de seguridad, para que llegue rápidamente la ambulancia, el camión de bomberos o el móvil de la policía ante cualquier caso de emergencia”.
Claro que el proyecto del PRO va mucho más allá, ya que prohíbe los acampes de protesta y también pernoctar en la vía pública, al tiempo que es un hecho la creación del cuerpo especial de la PM para desalojar los piquetes.
Estadísticas provistas por el Gobierno de la Ciudad señalan que entre marchas, manifestaciones y actos políticos, durante 2010 se realizaron al menos 340 cortes de calle, un promedio de 1,4 por día laborable.
Al respecto, en 2011 las cifras oficiales revelan que en el centro de la Ciudad, sólo entre los meses de abril y junio, hubo cuatro piquetes por día. Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, declaró que “Macri y su Policía Metropolitana se preparan para reprimir y desalojar a las organizaciones piqueteras que acampan por todas sus reivindicaciones y a los sin techo que acampan por vivienda digna.
Desde la TPR le decimos a Macri que haber sacado más del 65 por ciento de los votos en el ballottage no le da derecho a criminalizar la protesta social ni a silenciar los reclamos populares”. Marino remarcó que “la Ley Antiacampe se suma a la puesta en marcha de una división antipiquetera de 140 efectivos de la Metropolitana destinados exclusivamente a reprimir los cortes de calle en la Ciudad”.
Cuestionados por algunos y avalados por otros, el proyecto de Ley Antiacampe y la fuerza antipiquetes desataron la controversia. Una controversia que, seguramente, crecerá con el correr de las semanas.