El Gobierno rechazó la ayuda del FBI para combatir la inseguridad

Según un cable de WikiLeaks, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, rechazó en 2008, cuando estaba al frente de la cartera de Justicia y Seguridad, un ofrecimiento del FBI al Gobierno para combatir el crimen organizado en la Argentina. En el cable de la embajada estadounidense en la Argentina se aclara, sin embargo, que Fernández reconoció algunos de los problemas de inseguridad del país y consideró que la policía de las provincias del norte tenía “serios problemas de corrupción” en contrarrestar el tráfico de personas.
El cable diplomático fue liberado el 30 de agosto, pero había sido escrito en junio de 2008, tras la visita a Buenos Aires del director adjunto del FBI, John Pistole, el 21 y 22 de mayo de ese año. Pistole se entrevistó con altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a la presidenta Cristina Kirchner y miembros de la colectividad judía.
El problema de la inseguridad siempre fue tema tabú para el kirchnerismo y recién después de la toma del Parque Indoamericano, a fines de 2010, la Presidenta decidió dar un vuelco en el área y crear el Ministerio de Seguridad. Allí nombró a Nilda Garré, una ministra que apunta a lo civil por sobre la policía y rechaza la colaboración de Estados Unidos en materia de seguridad. Esa cooperación pasó a nivel cero después de que el Gobierno decomisó a principios de año la carga de un avión de EE.UU. llegado al país destinada al entrenamiento de la Policía Federal.
El cable cuenta lo conversado durante un almuerzo que el entonces embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl A. Wayne, organizó para el número dos del FBI y Aníbal F. “Pistole preguntó cómo el FBI podía asistir al Gobierno de la Argentina” con sus problemas criminales y el ministro respondió que las tasas criminales, y específicamente las tasas de homicidios, eran significativamente menores (aquí) a los de los países vecinos, tanto como las de los Estados Unidos”.
Sin embargo, agrega el cable, Fernández contó que “el Ministerio dejó de publicar las estadísticas nacionales del crimen”, porque “la mayoría de las estadísticas provistas por las provincias eran falsas”.
En las reuniones mantenidas con la Presidenta, con el número uno de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y con el ex jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca, se habló de los aspectos positivos de la cooperación, de las inquietudes sobre la lucha argentina contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Pero se puso énfasis en la necesidad de una ley federal contra el tráfico de personas.
Fue en ese marco que Fernández admitió que “en el pasado la corrupción policial se ocultaba para preservar la reputación y la imagen de la PFA, pero no bajo su administración”. Fernández señaló además que “la corrupción de los policías locales era un serio problema en las provincias del norte de Argentina” que lidian con las redes de tráfico. Para el momento de la reunión, la administración nacional llevaba cinco años en el poder.