La ley de tierras, sigue trabada en Diputados
El matrimonio Kirchner hace 8 años que conduce los destinos de la Argentina, y en ningún momento, hasta ahora, se interesó en la existencia del gran vacío legal exitente que permite la apropiación de preciados sectores del territorio nacional.
En al ámbito del Congreso Nacional existen numerosos proyectos que contemplan esta situación, pero jamás se mostró interés alguno por tratarlos. Era evidente que las premuras e intereses políticos no pasaban por allí, hasta que en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2011, el diputado chaqueño de la UCR, Pablo Orsolini le recordó en pleno recinto de la imperiosa necesidad de darle luz a las numerosas iniciativas que se encontraban en el seno de la Cámara baja.
Este miércoles 07/09, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura de la Cámara de Diputados, ambas presididas porlos opositores, Graciela Camaño (Peronista) y Juan Casañas (UCR), respectivamente, resolvieran faltar a la reunión conjunta que había sido convocada para este jueves 08/09 por la Comisión de Legislación General, presidida por la kirchnerista, Vilma Ibarra.
Los opositores, piden "más tiempo" para analizar la iniciativa.
Tras una prolongada reunión de hoy (07/09 de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la presencia de especialistas invitados, la conclusión fue que el proyecto que impulsa el Gobierno "no pasaría el test de constitucionalidad". Se escuchó las opiniones sobre el proyecto de la constitucionalista María Angélica Gelli, el licenciado en geografía Carlos Reboratti y el presidente del Colegio Público de Escribanos, Carlos D´Alessio.
La presidente de la Comision de Asuntos Constitucionales Graciela Camaño destacó que el proyecto "debería cambiar de nombre" y denominarse "ley para la extranjerización de tierras" ya que indicó que de acuerdo a la versión taquigráfica de la exposición del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuando en junio presentó el proyecto del Ejecutivo 7 millones de hectáreas (sobre un total de 270 millones), están en manos de extranjeros, es decir menos del 3 por ciento de la tierra y el proyecto de Ejecutivo pone como límite el 20 por ciento".
Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque radical, manifestó que la posición de la bancada es que el proyecto del Ejecutivo es "groseramente inconstitucional", y criticó que, además, "desconoce el derecho de las provincias y es de imposible cumplimiento porque desconoce los sistemas registrales de cada provincia".
Como es el tema reglamentario.
Cada comisión puede tgratar el tema hasta agotarlo. Es decir citar a cuanto especialista o funcionario crea conveniente.
Para emitir dictamen, se debe hacer uan reunión conjunta en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Agricultura y Ganadería y Legislación General.
Esta reunión podría realizarse en 15 días, si es que el oficialismo acepta discutir algunos cambios impulsados por la oposición.
Uno de los artículos que será modificado es el 7º donde se establece el límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en el 20% del territorio total del país. Aquí se cambiará la redacción para que ese límite de 20% sea para las tierras de cada municipio y las provincias.
También se cambiará el artículo 10 para establecer una mayor protección sobre las parcelas que tengan recursos naturales estratégicos en su interior, y se está analizando una cláusula de residencia para los extranjeros que pretendan adquirir tierras.
