Denuncian 146 muertes en las carceles federales

El Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, denunció la existencia de 91 muertes en las cárceles federales de Argentina. La cifra surge del informe anual 2010 de la Procuraciòn Penitenciaria de la Nación.
Al momento de redactar el Informe Anual 2010, la Procuración Penitenciaria de la Nación ha registrado 91 muertes desde iniciada la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión en enero de 2009. De estas 91 muertes, 47 corresponden al año 2009, 31 a 2010 y las 13 restantes al primer trimestre de 2011.
De los 23 fallecimientos violentos registrados para el período 2009-2010, 13 (trece) han sido catalogados como suicidios (6 en el año 2010), 6 (seis) como homicidios (1 en el 2010) y 4 como muertes dudosas (una para el último período).
En cuanto a las circunstancias de esas muertes violentas del período 2009-2010, el informe destaca 13 (trece ) ahorcamientos (cinco en el año 2010), 2 consecuencia de incendios (ambas en 2010), 2 caídas de altura y 5 por heridas cortantes (todas ellas en 2009). De acuerdo a la investigación en trámite, el restante deceso es producto de una meningitis, cuya infección es consecuencia de la fractura del techo de ambas órbitas (huesos por encima de los ojos), producto de la golpiza recibida al interior del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Además se registraron 55 muertes no violentas (32 en 2009; 23 en 2010), en veinticuatro de ellas se ha reconocido HIV/SIDA como patología de base (ocho en el 2010).
Del informe surge que el penal de Ezeiza es la unidad con mayor cantidad de muertes en el período 2000- 2010, alcanzando la cifra de 82 decesos.
"La Procuración Penitenciaria ha detectado en muchas ocasiones afectaciones colectivas de derechos humanos de personas detenidas en cárceles federales, que pueden extenderse a todo un pabellón o todo un Módulo en el caso de los Complejos, a una entera Unidad o establecimiento penitenciario o incluso a todos los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal", dijo Francisco Mugnolo al hacer la presentación anual en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación acompañado por la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctora Mónica Pinto y el abogado Leonardo Fillippini.
Estuvieron presentes los legisladores nacionales Victoria Donda, María Luisa Storani y Miguel Angel Giubergia. Tambien el director general del Servicio Penitenciario Federal, Victor Hortel. Enviaron sus adhesiones por compromisos adquiridos con anterioridad, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay Molina y los senadores nacionales, Juan Carlos Marino y Samuel Cabanchick.
El informe de la Procuración agrega que "ha detectado en muchas ocasiones afectaciones colectivas de derechos humanos de personas detenidas en cárceles federales, que pueden extenderse a todo un pabellón o todo un módulo en el caso de los complejos o a una entera unidad o establecimiento penitenciario". Además, precisa además que frente a estas situaciones y "ante la ineficacia de reiteradas recomendaciones, ha presentado habeas corpus correctivos", cuyos resultados ante la justicia "han sido dispares".
Mugnolo señaló que el balance anual de la actividad desarrollada por la Procuración Penitenciaria Federal, es " muy positiva". Agegó que tras cinco años de gestiòn como organismo independiente, podemos asegurar que somos una instituciòn plenamente consolidada".
"Nos sentimos orgullosos de la política de Derechos Humanos que tiene la Argentina.Tenemos un liderazgo de concepto en materia de derrechos humanos, en la Región y en el mundo. En esta dirección trabajamos para la presentación de del informe anual del 2010", señaló Francisco Mugnolo.
Finalmente, Mugnolo resaltó la sanción de la Cámara de Diputados a la ley que establece el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. El texto aprobado por unanimidad reconoce a la Procuración Penitenciaria de la Nación como organismo para la prevención de la tortura en los lugares de detención dependientes de la autoridades nacionales y federales.