Comienza la pulseada por la suma del poder público para Cristina

Pese a que falta 18 días para las elecciones generales, el resultado de las primarias modificó definitivamente la relación de fuerzas en la cámara de Diputados. Y el oficialismo, consciente de esto, busca imponer su agenda y aprobar una serie de leyes económicas, entre las que se encuentra el Presupuesto 2012.
Pero además del Presupuesto 2012, el oficialismo tiene como objetivo aprobar las prórrogas de la ley de Emergencia Económica, el impuesto al cheque y el tributo a la venta de cigarrillos, que vencerán a fin de año. Las dos primeras habían sido votadas por última vez en 2009
Hoy (05/10/11),el gobierno nacional anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para solicitar la prórroga de la ley de Emergencia Económica que vence el próximo 31 de diembre de este año 2011
Así lo afirmó el Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, durante la presentación del proyecto del presupuesto 2012 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El funcionario precisó que la intención del Ejecutivo es aprobar esa norma, que vence el 31 de diciembre, junto con la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios antes del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2012.
La iniciativa deja en manos de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos, la Emergencia Sanitaria Nacional, la Emergencia Ocupacional Nacional, la Emergencia Alimentaria Nacional y el Programa Jefes de Hogar. También el reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
La emergencia fue impuesta en 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde, y desde allí fue prorrogada anualmente.
La iniciativa que llegará al parlamento en los próximos días, seguramente con la firma del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el Ministro de Economía, Amado Boudou, solicitará, la prorroga de Emergencia pública en materia económica, financiera y cambiaria, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución Nacional, como mínimo hasta el 31 de diciembre del 2012. La exepción se dió en el año 2009, cuando el gobierno aprobó la prórroga por dos años, un artilugio que usó para no someter una nueva extensión ante el Congreso de 2010, donde la mayoría fue opositora. Así el Ejecutivo mantuvo la facultad de renegociar contratos hasta diciembre de 2011.
Seguramente el argumento del pedido de prorroga, se fundamentará, como casi siempre, en que "la agudización de la crisis internacional amerita la adopción de medidas preventivas que le permitan al país minimizar los eventuales efectos negativos de esta crisis devenida en global".
La emergencia que fue votada por primera vez en el 2002, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de la crisis económica y social, faculta al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos y regular precios.
También incluye la posibilidad de reorganizar los sistemas bancario, financiero y cambiario, de normalizar la deuda pública en default y de disponer de fondos para una serie de programas sanitarios y alimentarios, como el programa Jefes y Jefas de Hogar.
Estas facultades son considerada por la oposición, como “inconstitucional” ya que es un atributo del Congreso.
Por otra lado, de acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, el gobierno buscará tambien prorrogar el impuesto a los creditos y débitos bancarios, más conocida como la ley impuesto al cheque, establecida en 2001 por el entonces ministro de Economía del gobierno de la Alianza, Domingo Cavallo.
Su imposición en ese momento generó muchos conflictos con los gobiernos provinciales, ya que sólo el 30 por ciento de lo que se recauda por ese impuesto es coparticipable y, por lo tanto, sólo el 14,86 por ciento de lo recaudado va para las provincias.