A 5 días, el kirchnerismo promete licencias para todos sus amigos

A dos años de sancionada la polémica ley de medios, mientras Juan Gabriel Mariotto, su principal impulsor y titular de la AFSCA (la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), prepara la mudanza a La Plata para asumir -según aseguran las encuestas- el cargo de vicegobernador de la provincia de Buenos Aires; desde las primarias del 14 de agosto el futuro de la norma y sus implicancias parecen atados a la cosecha de votos que anhela el “cristinismo” para el próximo 23 de octubre.
Para los medios independientes que critican al Gobierno y sufren el acoso oficial, esa ley facilitará el control mediático e informativo por parte del Gobierno, mientras que el kirchnerismo la presenta como una histórica y épica democratización de la comunicación y promete mayor diversidad de voces.
La batalla contra los jueces que fallaron a favor del Grupo Clarín impidiendo la liquidación en un año de los medios considerados fuera de la Ley 26.522, por superar la cantidad máxima que fijó la norma para cada empresa, según los sectores ultras del oficialismo, será el punto de partida para avanzar hacia la desinversión del multimedios.
Así lo acaba de anticipar el propio Mariotto, quien asegura que existen causales para pedir el juicio político al juez Edmundo Carbone, autor del último freno a la aplicación del artículo 161 de la ley, sumándose a otros magistrados que atendieron la demanda cautelar de Artear S.A., hasta que las sucesivas apelaciones oficiales derivaron la cuestión en la Corte Suprema.
Precisamente el aparente congelamiento de la causa en el más alto tribunal del país que, en su momento habló de una vigencia “razonable” de las medidas cautelares, según los ultracristinistas es “el próximo nudo por cortar”, para lo cual iniciaron el martes 11, al cumplirse dos años de la sanción de la ley, una nueva ronda de presiones cuya agenda finalizará una semana más tarde, apenas cinco días antes de los comicios presidenciales.
En la primera de las jornadas se programó un llamado Encuentro de la Militancia -con cierre a cargo de Juan Gabriel Mariotto- y el próximo 18 organizado por el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, se espera un discurso a cargo del secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina Jr.
El plan para la tan mentada “profundización del modelo”, una suerte de promesa política para algunos y de amenaza para otros, parece destinado a instalarse en el centro del debate, en un contexto donde la única cuestión no prevista son los avatares de la economía mundial y su capacidad de golpear en la sustentabilidad del proyecto oficial.
Por su lado, la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, recurrió una vez más a los tribunales, esta vez contra Gabriel Mariotto y los demás directores del organismo, demandándolos por daños y perjuicios.
La operadora de cable señaló que los reiterados sumarios que le inició la AFSCA forman parte de "una política de hostigamiento" que busca, por medio de la repetición de sanciones a la empresa, “justificar la consiguiente caducidad de la licencia para operar.”
Otra empresa periodística que recurrió a la Justicia contra el Gobierno es Editorial Perfil, editora del bisemanario del mismo nombre y la revista Noticias, entre sus principales medios, también críticos y de criterio independiente.
La empresa reclamó nuevamente por la distribución de la publicidad oficial, después de obtener hace un año un fallo favorable de la Corte Suprema y, ahora lo hizo exigiendo que el Gobierno cumpla con la sentencia que le había ordenado otorgarle avisos pagados con recursos públicos.
La demandante pidió además que se apliquen multas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al secretario de Medios, Jun Manuel Abal Medina Jr., presuntos responsables del incumplimiento de la medida ordenada por los jueces.
Mientras el escenario de la disputa entre el Gobierno y los medios no oficialistas por el monopolio de la agenda informativa sigue su curso, una serie de medidas paralelas surgidas de la letra de la Ley 26.522 irán reconfigurando el mapa de medios de la Argentina con el otorgamiento de nuevas licencias para la explotación de radios y canales de TV.
La tarea estará a cargo del sucesor de Mariotto en la AFSCA y será su misión dirigir el reparto de 220 nuevas señales de televisión digital abierta en todo el país. En principio el plan oficial preveía arrancar en marzo pero, por razones técnicas, se postergó hasta junio. Así la apertura de ofertas tendrá lugar un mes antes de la continuidad o recambio de autoridades en la Casa Rosada.
Un anticipo que pone en dudas la aplicación de criterios pluralistas para las adjudicaciones lo acaba de dar el permiso provisorio concedido a Televisión Digital Abierta (TDA) 360 TV que desde agosto comenzó las emisiones "de prueba" a cargo de Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, de la productora ON TV Contenidos, financiados por la empresa del círculo kirchnerista Electroingeniería S.A.
Sucede que, paralelamente a las medidas sobre el sistema de medios, que alientan la cruzada del oficialismo por imponer su relato a la opinión pública, otra estrategia que apunta al mismo objetivo es la creación de nuevas empresas de medios, esta vez audiovisuales, controladas por sectores ligados al Gobierno.
Según trascendió en un reciente encuentro de empresas de la TV cable, el multimedios Telecentro, creado por el ex diputado duhaldista Alberto Pierri, que desde hace un par de años ofrece a sus abonados telefonía fija, TV cable y acceso a Internet, habría vendido un 30% del paquete accionario a la familia presidencial (N. de la R.: sin embargo, los de Telecentro se comunicaron con Urgente24 para negar los dichos atribuidos a Sebastián Pierri, sobrino de Alberto) .
Se trataría del primero de los capítulos de un guión en el que el siguiente sería el desembarco del dueño de la telefonía móvil Claro, el mexicano Carlos Slim, quien se apresta a irrumpir en el mercado de Brasil lanzando el cuádruple play, una modalidad que agrupa los dos servicios telefónicos: fijo y móvil, más Internet, más la TV paga, en el mismo proveedor y que hasta ahora no ha sido autorizado en Argentina.
El magnate mexicano, considerado dueño de una de las mayores fortunas del mundo, reúne dos condiciones esenciales para el oficialismo: compite por el premio mayor con Clarín y mantiene estrechos vínculos con la jefa de Estado.
La prueba más reciente fue su disputa por el mercado de abonados al servicio de banda ancha de Internet, que podría ampliarse a la TV paga rápidamente, si Telecentro cambia de manos.
El contrapunto se produjo cuando Fibertel lanzó su servicio Wideband de 30 megas, una conexión que utiliza tecnología Docsis 3.0 y multiplicó por 5 la velocidad conocida hasta el momento. No pasaron dos días cuando la misma oferta que supone una millonaria inversión, se replicó desde la marca Claro aumentando la apuesta a 50 megas.
Por este servicio, Claro cobra con telefonía fija incluida $ 599 por mes y por el de 30 megas $ 399, mientras que Cablevisión había lanzado Fibertel 30 megas a $ 450, pero si se lo contrata en combo con el servicio de TV por cable, reduce la tarifa a $ 300.
Otro tema que integra el menú del oficialismo en su batalla contra los grandes diarios pasa por la regulación de la venta del papel que provee la empresa Papel Prensa S.A, en la que el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llevó al extremo de la amenaza física, grabada y emitida por TV, sus diferencias con los representantes de los diarios Clarín y La Nación.
En este sentido, existe un proyecto en la Cámara de Diputados, cuya autora es Cecilia Merchan, del partido izquierdista Libres del Sur, quien integra el bloque del candidato presidencial Hermes Binner, y que cuenta con despacho de comisión. El socialismo ha votado la polémica ley de medios y, por lo general, acompaña todos los proyectos legislativos del oficialismo. La iniciativa propone declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel de diario: paso previo a una lisa y llana expropiación.
El proyecto exige que el papel de diario se comercialice a un "precio final igualitario" y prohíbe a los medios gráficos tener acciones en empresas productoras de papel. Además, establece un plazo de tres años para que las actuales empresas productoras, comercializadoras y distribuidoras de papel de diario se ajusten a las obligaciones que impone la norma.
Con la mirada en el 10 de diciembre y varios frentes abiertos contra lo que consideran la principal oposición (los medios) y seguros de la reelección de la Presidente, los ultraoficialistas se pintan la cara impulsando al temido Guillermo Moreno como sucesor de Mariotto.
Por el contrario, quienes creen que la mandataria buscará moderar su eventual segundo Gobierno, apuestan a un candidato menos conflictivo.
Para muchos, con esa designación se enviarán señales concretas para la entrada en vigencia de un sistema de tolerancia política o, por el contrario, para imponer la profundización del modelo confrontativo en el mapa de medios de la Argentina.