La elección confirmó sospechas en compras públicas millonarias

En el colegio Nichia Gakuin, de Yatay al 600, en Almagro, las autoridades de mesa se turnaban para cargar de tinta la almohadilla, le agregaban agua, pintaban con marcadores los sellos, arriesgaban trucos de todo tipo para poder sellar los documentos de los votantes. La escena podía parecer un detalle insignificante del domingo de elecciones. Pero no era trivial, porque se estaba repitiendo en el colegio San Agustín de Barrio Norte, en la Escuela 5 de Lugano, en escuelas de La Boca, de Monserrat, también de provincias como Salta, Entre Ríos, finalmente en cientos o miles de mesas de todo el país. Detrás de esa curiosidad se escondía, en realidad, un caso claro de compra pública mal hecha, cara y muy sospechosa.
El Estado, se sabe, gasta y mucho. ¿Pero lo hace bien? ¿Lo hace bien en las más de 27 mil contrataciones que se hacen públicas al año? ¿En los más de 4.300 millones de pesos al año que se otorgan por esta vía a miles de proveedores?
El universo a observar es demasiado grande para los menguados organismos de control, que apenas observan algunas de las licitaciones y contrataciones públicas. También, lógico, para los periodistas. Por eso el de las almohadillas es apenas un ejemplo, una muestra de lo que puede ocurrir cuando el destino de los fondos se decide a dedo. Se trata de una compra por 7 millones de pesos, hecha a los apurones cuando no había prisa, con precios demasiado elevados y un resultado al menos insatisfactorio. Una investigación de Clarín lo había advertido el 12 de febrero pasado (Ver Compras…).
Todo empieza así. En octubre de 2010 el Ministerio del Interior convocó a una licitación pública, la 7/2010, para comprar insumos para el proceso electoral 2011. Además de urnas, sobres, hasta un software informático para el recuento de votos, el Gobierno pidió 300 mil conjuntos de útiles para abastecer a las 85 mil mesas de votación de todo el país. Esos conjuntos debían tener dos biromes, un formulario de papel, un marcador negro de fibra, una cinta adhesiva, una regla y “un dispositivo para identificación y constancia electoral”. Este último pedido consistía en una almohadilla especial pre-entintada para la impresión del sello de emisión de voto, es decir, para que cada uno de nosotros, los votantes, nos vayamos de allí con la prueba irrefutable de haber cumplido con nuestro deber y derecho. Hasta ahí todo fantástico; una licitación entre las muchísimas operaciones de compra, una más entre las 27.353 operaciones que fueron informadas por los distintos organismos del Estado a la Oficina Nacional de Contrataciones (Ver infografía). Las comunicadas no son todas, por cierto. Según la Unión de Proveedores del Estado (UAPE), apenas se anuncian en el registro público el 30 por ciento de las contrataciones.
Pero volvamos a los sellos. La licitación 7/2010 fue convocada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Y el 15 de octubre de 2010 se presentaron a ofertar tres empresas, todas ellas proveedoras habituales del Estado:
Sellos Online S.A. ofreció todos los útiles requeridos por 6.945.000 pesos.
Una segunda oferta, de Melenzane S.A, ofreció lo mismo por menos de la mitad, 2.296.000 pesos, un dato que hubiera llamado al interés de cualquiera.
Y también hubo una tercera opción, de la firma Insumos AMG La Plata, por 7.425.000 pesos.
¿Con cuál de las tres se quedó el Gobierno? Optó por la opción A, de Sellos Online, por casi 7 millones de pesos, una alternativa 4.648.000 pesos más cara que la opción B. La pregunta, obvio, es por qué se decidió por la opción de los 7 millones y no por la más económica. Y la respuesta, aquí la clave, está en los sellos.
De acuerdo al pliego de requisitos, que puede consultarse en la Oficina Nacional de Contrataciones, los candidatos debían presentar un certificado de calidad, llamado “test de imprimibilidad”, de las almohadillas pre-entintadas. El certificado debía ser entregado por la Fundación Gutenberg, especialista en el tema. Ese tipo de requisitos son habituales en los procesos de compra. Y la Fundación Gutenberg es, entre las que pueden hacer pericias gráficas, de las más prestigiosas.
Ahora pasamos a los detalles. De acuerdo a las exigencias del Gobierno, la almohadilla debía estar embebida en tinta y “garantizar por lo menos un mil (1.000) impresiones”, “haciéndola útil para prolongados tiempos de exposición”, teniendo en cuenta las diez horas de la jornada del comicio. El problema es que el plazo para conseguir los certificados de calidad se estableció en apenas cinco días hábiles. Una tarea sólo apta para osados: para eso había que fabricar velozmente las pruebas, con medidas específicas que no se encuentran en el mercado.
Sólo una de las tres candidatas obtuvo el certificado de calidad: fue Sellos Online, que actuó como si supiera de antemano lo que se iba a pedir. Fue tan escaso el plazo para conseguir los certificados, que el proceso fue objeto de una queja de la Unión de Proveedores. La ley de Compras Públicas, que lleva diez años sin ser reglamentada, en realidad no establece tiempos precisos para estos procedimientos. Para los proveedores, sin embargo, los establecidos visiblemente “no eran razonables”. El Ministerio no hizo caso a la queja por un problema formal: había sido presentada a destiempo.
Los pingos, finalmente, se ven en la pista. Las 300 mil almohadillas y sellos debían alcanzar para las elecciones primarias, para las generales y para un eventual balotage. Pero en las elecciones del 14 de agosto se supo que la cosa no iba a funcionar como debía. Los sellos no aguantaron más que unas horas y muchos votantes se fueron con la firma del Presidente de mesa y nada más. Algunas Secretarías electorales del Interior, como la de Salta, advirtieron del problema a la Secretaría Electoral nacional, que depende del ministerio de Randazzo.
También tomó nota la jueza federal electoral porteña, María Servini de Cubría. Después de las primarias, Servini le ordenó al Gobierno que se ocupara de resolver el problema y que para las elecciones generales se entregara en cada mesa un frasquito extra de tinta, como el que se exhibe en esta nota. El frasquito fue acompañado por una notita explicativa, donde se recomendaba agregar tinta a la almohadilla en pequeñas dosis, de a dos gotas por vez, no sea cosa de agotarla.
¿Por qué importa tanto la falla en la tinta? Porque fue su promesa de calidad, justamente, la que explicó la elección de la oferta de los 7 millones. Entre los proveedores habituales del Estado, se sabe que en el armado de las licitaciones es donde se tejen los negocios. ¿Quién va a mirar luego si se entrega lo que se compró?
Lo más insólito es que la contratación estaba en la mira. A la queja de la Unión de Proveedores, se le sumó el informe que publicó Clarín en febrero, donde se revelaba la supuesta “direccionalidad” de la licitación. ¿Fue una licitación preparada para un proveedor elegido previamente? En el Ministerio lo negaron en su momento y ante una nueva consulta de Clarín, el viernes pasado, ahora optaron por no contestar. La empresa ganadora, Sellos Online, es conocida en el ámbito de los proveedores del Estado. Y a su dueño, Julián Miciudas, no se le conoce un vínculo especial con funcionarios.
Si el problema de los sellos fue excepcional, estará por verse. Todo el armado del proceso electoral de este año supuso la puesta en marcha de ocho licitaciones públicas y una inversión prevista de 800 millones de pesos. Hasta ahora, ningún organismo de control (ni la SIGEN ni la Auditoría General) puso a sus inspectores a revisar las contrataciones. Y se tuvo que comprar de todo. Sobres de papel (85 millones de unidades), listados de padrones (84 mil), cintas para embalar (195 mil), biromes (600 mil) y por supuesto, las urnas, ese símbolo tan orgulloso de la democracia. La compra de urnas fue también cuestionada por la Unión de Proveedores, ya que se gestó en una licitación que parece calcada a la de los sellos, es decir, con la apariencia de haber sido confeccionada a medida. El ministerio del Interior exigió allí otra pericia de calidad, que debió gestionarse en apenas siete días, lo que pudo ser resuelto por una única empresa, el Grupo Megasur. Se compraron en total 220 mil urnas de cartón, a un valor de 13,2 pesos por unidad. El precio también llama la atención, ya que no reflejó ni de cerca la inflación que pretende el INDEC. Para las elecciones de 2009, las urnas, también de cartón, de similares medidas, le habían costado al Gobierno 5,3 pesos cada una, a menos de la mitad.
De las urnas no hubo quejas el domingo. Y la tinta, mal que mal, no era indispensable. En algunos colegios, como en el San Agustín, se las arreglaron con la almohadilla de la Dirección de primaria. Total, lo importante era la elección, qué duda cabe. Cualquier queja podía ser vista como al tonto que observa el dedo en vez de mirar a la luna que ese dedo señala.