Los salarios de los estatales llegan al Congreso

La única reunión prevista para enero en la agenda oficial de sesiones de comisiones de ambas cámaras del Parlamento tendrá lugar la semana que viene en el Senado.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo será quien romperá el receso vacacional, el próximo lunes 16/01, para elegir al legislador que presidirá el cuerpo durante este año y analizar la legalidad del decreto que dispuso revisar algunos ítems de los salarios de trabajadores estatales.
La bicameral se reunirá a las 18 en el Salón Arturo Illia de la Cámara de Senadores y se anticipa que la presidencia será ocupada por un representante del Frente para la Victoria, debido a que tiene la mayoría de sus integrantes.
La comisión quedó integrada en diciembre de 2011 por 10 legisladores oficialistas y 5 de la oposición, en una proporción que asegura el rápido tránsito de los decretos en la etapa de revisión obligatoria por el Congreso. Distinto será de la inactividad que atravesó durante el año pasado, debido a que oficialistas y opositores tenían el mismo número de representantes.
Sin embargo, el triunfo del cristinismo del 23 de octubre rompió el balance establecido en el 50 por ciento de la representación y otorgó una diferencia indescontable a favor del sector progubernamental del 65 %, contra el 35 %, en esta comisión.
El oficialismo, más sus aliados, reúne a los senadores Miguel Ángel Pichetto, Beatriz Rojkés de Alperovich, Marcelo Guinle, Pablo González y María de la Rosa; y los diputados Jorge Landau, Eduaro De Pedro, Luis Cicogna, Diana Conti y Agustín Rossi.
En la lista de opositores figuran los senadores radicales Luis Petcoff Naidenoff y Ernesto Sanz; y diputados Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín. El único peronista disidente es el mendocino Enrique Thomas.
En el último día hábil de 2011, la Presidenta firmó un decreto de necesidad y urgencia que dispuso una ampliación presupuestaria de $ 22.000 millones y en uno de sus artículos estableció que desde el 1 de enero los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán adecuarse a los requisitos que fije el Gobierno para confirmar su procedencia o limitar su alcance.
La decisión del Ejecutivo fue duramente repudiada por ATE que, tras declararse en estado de alerta, consideró que la medida "esconde un ajuste y un recorte salarial" y advirtió que “ninguna crisis, ni la emergencia económica, se enfrenta congelando o rebajando salarios, sino garantizando para todos los trabajadores estatales y privados salarios dignos.
En una posición similar, desde el moyanismo, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, calificó la norma como una nueva "demonización" de los sueldos y "una película que ya vimos los argentinos". "¿Hacía falta a un día de la operación a la presidenta sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales?, ¿quién quiere instalar la confusión?", se preguntó críticamente Piumato a través de su cuenta en twitter.
Sin embargo, desde UPCN, Andrés Rodríguez respaldó la decisión oficial al indicar que era un instrumento necesario para "cortar de cuajo la anarquía" que se registra con los adicionales salariales en el sector estatal.