Cristóbal López expande su imperio del juego
Después de mucho intentarlo, el empresario vinculado al kirchnerismo, Cristóbal López empieza a avanzar en el negocio del juego de la provincia de Buenos Aires, donde las empresas más fuertes (Boldt y Codere) hasta ahora lograban impedirle el ingreso. Según pudo averiguar PERFIL, el titular de Casino Club compró, o estaría en proceso de hacerlo, cinco salas de bingo.
Hasta el momento solamente administraba la sala de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas. Ahora le sumaría al listado, en el que se incluye una docena de casinos y otras tantas salas de máquinas tragamonedas en todo el país, los dos bingos de Avellaneda, el de Florencio Varela, el de Olavarría y uno en la costa, que sería el de Pinamar.
La sección El Espía de PERFIL, en su edición del 26 de febrero, anticipó que el empresario, que desde el advenimiento del kirchnerismo amplió sus actividades al sector petrolero y de la construcción, compró el Bingo Avellaneda por 240 millones de dólares. La operación, además, la realizó junto a su socio Federico de Achával, con quien comparte la explotación de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo, concesión que unos días antes de terminar su mandato Néstor Kirchner, les extendió hasta 2037.
Esa compra, en realidad, incluye no sólo el Bingo Avellaneda, cercano al Puente Pueyerredón, sino también el Alto Avellaneda (que se encuentra en el shopping homónimo) y el de Florencio Varela. Los tres pertenecen a la misma empresa, denominada AGG (Argentine Gaming Group). Sus dueños serían el grupo chileno Crown Casinos (con casinos en Neuquén) y Francis Raineau. Según pudo averiguar PERFIL, la operación ya está en la etapa de “due diligence”, proceso en el cual se realiza una auditoría contable para finalmente proceder a la compra.
A fines de 2009, López le compró a Aurelio Serra el bingo de Los Polvorines, cuya sede originalmente estaba en Pinamar, pero por una resolución que impedía a los bingos de la costa atlántica estar abiertos durante el invierno se mudó al conurbano. El nombre de la empresa que lo administra es BinBaires. Según fuentes del mercado, esa sede es más rentable que otras en el conurbano ya que es la única donde todavía se puede fumar. Desde que lo compró Cristóbal, se construyó una nueva sala, se compraron más máquinas tragamonedas y se instalaron emprendimientos gastronómicos.
Serra también es el dueño, a través de la empresa Magic Star S.A., de los bingos de Olavarría y Pinamar. Fuentes vinculadas a las empresas de Cristóbal relataron que es inminente el desembarco en esas dos salas, en donde en principio no se encargarían de la parte operativa. Otra versión, sin embargo, indica que el bingo de Olavarría habría quedado en manos de Daniel Mautone y Daniel “el tano” Angelici.
Un vocero de Cristóbal rechazó la compra de estos bingos y se limitó a admitir que solamente están negociando la compra de un bingo en Avellaneda.
En el ambiente del juego, además, circula el rumor que el empresario kirchnerista habría comprado el Bingo King de San Fernando, propiedad de Pascual Isabella, en 30 millones de dólares. Esa sede, podría mudarse a Vicente López, donde Jorge Macri estaría dispuesto a permitir su desembarco.
El temor de los detractores de Cristóbal López es que logre avanzar con la habilitación para instalar tragamonedas en los hipódromos bonaerenses y en las agencias de turf. Una versión, nunca desmentida, sostiene que funcionarios de la Provincia buscarían reimpulsar ese proyecto.
El radicalismo denunciará al APE
El radicalismo prevé presentar una denuncia penal contra la Administración de Planes Especiales (APE) y las obras sociales, en base al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que ayer publicó PERFIL en exclusiva. Allí se puso al descubierto un sistema de fraude en el sistema de financiación estatal a las prestaciones médicas de mayor complejidad. También reveló la falta de control de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), encargada de monitorear el funcionamiento ese circuito de fondos. “Con todos los elementos que tenemos y los documentos que fuimos guardando vamos a ir a la Justicia. Pero igual vamos a esperar el informe final de la AGN para presentar la denuncia. Hemos detectado más de una maniobra dolosa, donde los controladores del Estado son parte”, dijo el senador radical José Cano. Las maniobras, según explica el legislador, que se detectaron “forman parte de una malversación de fondos públicos que tuvo como cómplice a algunos gremios”.
