Denuncia penal por fraude millonario en la APE
La UCR presentará una denuncia penal para que se investigue "el grave fraude entre el Estado y las obras sociales", según se desprende de anticipos que trascendieron del informe que la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Administración de Programas Especiales (APE).
En un comunicado de prensa, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano (UCR- Tucumán),señaló que su denuncia tendrá el respaldo del bloque radical y se basará en "un informe detallado de las irregularidades comprendidas al período 2005-2010 en la APE".
La Administración de Programas Especiales es el organismo encargado de reintegrar fondos a obras sociales sindicales por tratamientos de alta complejidad, por lo que administra el 15 por ciento de los recursos aportados por los trabajadores para la atención de su salud con un presupuesto de 1.200 millones anuales.
La semana pasada, la presidente Cristina Fernández decretó que la APE dejara de ser un ente descentralizado y pasara a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en la cual fue designada como gerenta general la ultrakirchnerista Beatriz Korenfeld.
El próximo 28/03, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentará un informe detallado sobre el desempeño de la APE, que depende del Ministerio de Salud.
El preinforme de la Auditoría General de la Nación (AGN) denuncia presuntas anomalías en el manejo de fondos de obras sociales, que involucraría, además, a la Administración de Programas Especiales (APE) y a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales.
Los resultados de la investigación, que se encuentra en etapa final de elaboración y que será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes, revelan irregularidades como: prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro.
El trabajo abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en la APE. Una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, encabezará una demanda ante la justicia penal, que será respaldada por el bloque radical.
Una de las cosas que llama la atención del trabajo, es que en su tramo inicial deja constancia de que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nº5 a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.
A partir de entonces, avanza en señalamientos de extrema gravedad. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se realizaron las supuestas prácticas médicas. Sólo en ese aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro por parte del APE. En ese aspecto, están incluidas obras sociales de grandes gremios como los camioneros, colectiveros, bancarios, ferroviarios, docentes y mercantiles, entre muchas otras.
También resulta sorprendente en lo que respecta a las operaciones de cadera, en donde se encontraron 694 casos en lo que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178,137, 128,121 y 113 años. El rubro evaluado insumió en el período observado más de $ 13 millones.
Cano, quien desde hace dos años viene haciendo un seguimiento del desempeño de la APE, sospecha que "el manejo de fondos no es transparente y que existen casos de corrupción", según sostuvo.
Finalmente, Cano anticipó que además de la denuncia judicial, presentará un proyecto de ley para generar una instancia superadora a la APE a través de la creación de un Seguro Nacional de Salud.
