El Gobierno se apropió de 26.000 millones de aportes a obras sociales

Buenos Aires, 21 de marzo (caraycecaonline por Roberto Muñoz) El Gobierno nacional adeuda a las obras sociales sindicales uno 26.000 millones de pesos de aportes de trabajadores y empresarios que retiene desde 2008, que de no efectivizarlos, conforme lo reclama la CGT, estaría cometiendo el delito de *incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como una administración fraudulenta*.
Los datos surgen de un estudio realizado por el abogado Jorge Vitale, quien precisó que *la pata que falta a las denuncias de la AGN y las que realizó la ddiputada Graciela Ocaña, es preguntars por el destino de los fondos que el Estado no transfiere desde hace tres años*
La ley 23.660, art 16, establece que los fondos de las Obras Sociales se integran con el 3% sobre la remuneración bruta del trabajador y el 6% que aporta el empresario. De esta suma el20% es depositado en la Superintendencia del Servicio de Salud (S:S:S) para destinarlo a la Administración de Programas Especiales ( APE) , encargada de cubrir enfermedades gravosas: HIV, drogas oncológicas,etc. Los fondos que no se inviertan para esos fines específicos, deben ser reintegrados a las Obras Sociales (Art.23 Inc.5 Ley 23660)
En la actualidad, los aportes anuales para obras sociales suman unos $ 6.240 millones. Así, de esa suma, el Estado retiene $ 1.040 millones para la APE. Como desde 2008 el Gobierno sólo depositó $ 1.000 millones a las Obras Sociales, la deuda del Estado ronda ya los $26.000 millones.
Sin embargo, la cuenta en Banco Nación donde se reciben los aportes, tiene sólo $ 6.200 millones. Allí surge entonces el interrogante acerca del destino del resto de estos millonarios fondos. Si fue destinado a Títulos o Bonos de nuestra Deuda, estaríamos ante otro gran vaciamiento, porque estos fondos son exclusivos para distribuirlos entre las Obras Sociales.
Lo cierto que no existe información adecuada sobre estas cuentas, situación que configuraría el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y OTROS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE PUDIERAN SURGIR.
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha investigado los organismos de Control del Estado y el uso de los fondos que realizan las Obras Sociales, Pero sus constataciones se han ceñido a verificar el cumplimiento administrativo del Estado y de las Obras Sociales, así como verificar la efectiva inversión del dinero en cobertura concretas, hallando diversas irregularidades por más de 15 millones de pesos. Pero tanto la AGN , como la diputada Graciela Ocaña, en sus denuncias no se preguntan acerca del destino de los 26.000 millones de pesos que el Estado recaudó, pero no depositó en Banco Nación.
Easy AdSense by UnrealLa presidente Cristina Fernández, quizá presumiendo el rumbo de esta investigaciones, decretó que la APE dejara de ser un ente descentralizado y lo pasó a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde nombró gerenta general a la muy kirchnerista Beatriz Korenfeld. Es decir, el órgano controlador se controlará a si mismo.
Este traspaso se conoció en el Boletín Oficial el pasado 14 de Marzo, con las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Salud, Juan Manzur.
El informe preliminar de la Auditoría General de la Nación (AGN) había consignado presuntas anomalías en el manejo de fondos de obras sociales, que involucraría, además, a la Administración de Programas Especiales (APE) y a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales.
El resultado definitivo de la investigación, será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes. El trabajo abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en la APE.
También denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se realizaron las supuestas prácticas médicas que costaron $ 2.195.097.
Además, 694 operaciones de caderas facturadas , sin que se conozcan las edades de los beneficiarios. Este rubro insumió en el período observado más de $ 13 millones.
Una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, anticipó que iniciará una demanda ante la justicia penal, con el respaldo del bloque radical.