Los cambios que el Gobierno le rechazó a la oposición en la ley de YPF
La observación en el recinto sobre CFK de Gabriela Villata, diputada del Frente Cívico Córdoba parte del Frente Amplio Progresista no fue exagerada: “¿Por qué en el acto de Vélez nos agradece el acompañamiento y por qué no admite una sola modificación al proyecto?”
No miente: a pesar de la larga lista de reclamos de reforma y modificación el miércoles y jueves último en Diputados a la ley que permitió la expropiación del paquete accionario de Repsol en YPF y que Cristina promulgó el viernes pasado, las propuestas de los miembros informantes de FAP, Proyecto Sur y UCR quedaron en cero, aún con un resultado final de 81 por ciento de votos a favor. De todas formas, Julián Domínguez, titular K de Diputados, había anticipado poco antes del comienzo de la sesión: “En nuestra apreciación valoramos que el proyecto sea votado tal cual ha venido del Senado porque es de público conocimiento que desearíamos tener esta ley lo mas pronto posible”.
Villata remarcó un punto clave desde lo federal para incluir a todas las provincias del país y a la ciudad de Buenos Aires “en la distribución del 49 por ciento del paquete accionario que se expropia”. Luego, remarcó: “¿Cómo les explicamos que en el momento de distribuir los dividendos o de participar en las empresas, nuestras provincias solamente tienen un lugar en la foto? Estamos hablando del Consejo Federal de Hidrocarburos, pero en el momento de repartir las utilidades no existimos”. La figura comercial de YPF fue otro punto en su discurso: “se desarrolle bajo la figura de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, porque sólo así estará bajo los controles de la Auditoría General de la Nación”.
Pino Solanas tampoco le encontró sentido a un debate de un solo frente: “Lamento también que no se vayan a aceptar modificaciones al articulado. Se toma esto como es o no se toma”. También reclamó un control de Auditoría General así como de la Sindicatura General, una rendición de cuentas anual al Congreso y la exigencia sobre “el resto de las petroleras que están extrayendo el 70 por ciento del crudo”, auditoria de reservas, desarrollo de energías alternativas para protección ambiental y un cierre a las exportaciones.
Claudio Lozano del FAP cargó sobre los decretos de la era Menem que permiten la libre disponibilidad de hidrocarburos a las empresas: “Es más peligroso todavía cuando el 70 por ciento del petróleo y el 70 por ciento del gas pasan por fuera de YPF. No sea cosa que transformemos a YPF en la socia boba de un balance energético deficitario”. El 25,46 por ciento del grupo Petersen de la familia Eskenazi fue otro reclamo fuerte: “Hay que ir sobre el grupo Petersen, no hay razón para no hacerlo”.
Desde el GEN, Gerardo Millman propuso directamente “expropiar las acciones del Grupo Petersen Sociedad Anónima, que ni siquiera tiene domicilio en la Argentina sino en Australia. No es que sospechemos de la amistad entre las familias Kirchner y Eskenazi sino que no queremos estar en una posición de debilidad jurídica frente al tratado firmado por nuestro país y el gobierno de España, que permite la expropiación pero no la discriminación”. Victoria Donda sugirió un Consejo de Control Social para garantizar “la representación de los actores sociales organizados como los trabajadores, las asociaciones de usuarios y consumidores y las asociaciones de defensa y promoción del medio ambiente” y adhirió a transformar a YPF en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
Juan Pedro Tunessi de la UCR además de proponer crear una Agencia Federal de Hidrocarburos para “promover la regulación y el control de la actividad económica de la industria del petróleo y del gas natural” apoyó la expropiación a los Eskenazi en un plazo de 60 días.
