El Sciolismo rechazó el pago de coimas

El gobierno de Daniel Scioli salió a defender la medida que decretó el revalúo rural la semana pesada y se desligó de las sospechas sobre el pago de coimas en la Legislatura para que se vote la reforma impositiva provincial.
"Estamos seguros que la aprobación de la ley fue intachable", expresó hoy el jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez.
El viernes pasado, la publicación en el diario Clarín de una foto al celular del vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente de La Cámpora, José Ottavis, donde se hacía referencia al pago de 150.000 pesos a diputados durante las negociaciones para aprobar el revalúo del impuesto inmobiliario rural, despertaron la polémica y una investigación judicial.
Ottavis desmintió esas versiones y el sábado pasado cuestionó duramente el silencio del gobernador ante las sospechas de sobornos.
Hoy, Pérez no respondió las críticas y sólo se limitó a expresar: "Ottavis fue contundente al decir que fue un chusmerío".
Ciertas o no las versiones de coimas, la victoria en la votación que consiguió el oficialismo fue casi pírrica, ya que tuvo que hacer varias concesiones ante la oposición para que haya quórum luego de dos frustrados intentos en sesiones anteriores. "Había dos requerimientos para destrabar el quórum: eliminar el cobro de ingresos brutos de la cooperativas y que el revalúo sea por decreto, y fue lo que hicimos", admitió Pérez en diálogo con radio La Red.
El gobierno bonaerense asumió el costo político con los ruralistas, que llamaron a no comercializar durante 9 días y a protestar al costado de la ruta. "Todos los sectores tienen el derecho de expresarse. Se manifestaron, pero no hubo mucha gente", señaló el jefe de gabinete.
Luego del decreto, sin embargo, la intención de Scioli es negociar con el campo para evitar que los reclamos se profundicen. "Seguimos gobernando con toda normalidad. No queremos entrar en una escalada con los sectores agrarios".
Con la ley votada el jueves, el Poder Ejecutivo pretende incrementar recursos por un total de 2485 millones de pesos al año. A estos fondos se suman los 2200 millones de endeudamiento público que autorizó la norma.
Además del aumento rural, también subirán un 20 por ciento los impuestos a los sellos y medio punto cada categoría de los ingresos brutos. Para los municipios la reforma implicará ingresos tributarios por 553 millones en el segundo semestre del año, más 200 millones derivados del financiamiento a partir de la emisión de títulos públicos.