Boudou, eje de la contraofensiva por lo de Gils Carbó

En el Frente para la Victoria, Amado Boudou es una piedra en el zapato. Su ascenso fue decisión exclusiva de Cristina Fernández y ahora todos lo consideran… hasta un pésimo guitarrista, mal rockero… probablemente solo lo defienda La Mancha de Rolando, gracias a las contrataciones de sus shows que le hizo pagar Boudou durante la campaña proselitista…
Boudou hoy divide aguas en el Frente para la Victoria y es un talón de Aquiles de la Presidente.
Luego de su aplastante victoria en derribar la candidatura de Daniel Reposo para procurador general de la Nación, los diarios Clarín y La Nación (Papel Prensa) encuentran que es más complicado fundamentar las críticas a Alejandra Gils Carbó para reemplazante del cargo vacante desde el despido de Esteban Righi, pero sí pueden incrementar la ofensiva sobre Boudou, provocando malestar hacia adentro del Ejecutivo Nacional.
Una encuesta de Management & Fit evaluó la imagen del vicepresidente Boudou. El 45, 5% de los consultados dijeron tener una “mala” percepción de su figura; el 23,6 % eligieron la opción “regular”; un 14,4 % la calificaron como “buena”; mientras que un 2,2% dijeron “muy buena”. El 14,7 % restante corresponde al “No sabe/No contesta”.
Las novedades:
Hugo Alconada Mon en el diario La Nación:
"Corría octubre de 2010 y la ex Ciccone Calcográfica había pedido una moratoria excepcionalísima. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, no fue con vueltas y en el mismo expediente le mandó un mensaje directo al entonces ministro de Economía, Amado Boudou.
Le advirtió que la posición que tomara el hoy vicepresidente de la Nación sobre ese pedido sería "determinante" para decidir si le otorgaba a la empresa de Alejandro Vandenbroele un plan de pagos que incluyera una multimillonaria quita de intereses y multas.
La categórica posición de Echegaray consta en el expediente de la AFIP 1-257899-2010, que se abrió tras el pedido de la ex Ciccone, cuya copia obtuvo LA NACION , y que terminó por remitirse a la Justicia. Allí, el zar de los impuestos expuso que no tomaría una decisión si Boudou no daba su parecer sobre la empresa en la que cuatro días antes había desembarcado de manera formal Vandenbroele, investigado por el juez Ariel Lijo como presunto testaferro del vicepresidente.
Fechada el 25 de octubre de 2010, la nota que Echegaray le envió a Boudou y que se agregó como la foja 25 de ese expediente administrativo, contiene dos primeros párrafos introductorios para una situación, según le planteó al actual vicepresidente, en la que resultaba "necesaria su intervención".
Ya en el tercer párrafo, Echegaray fue al grano: "Se requiere de esa instancia que ponga en conocimiento de esta Administración Federal cuál debe ser el temperamento a seguir acerca de la petición formulada [para una moratoria] y los montos propuestos [para la quita], sin perjuicio de las competencias respectivas y las formas ulteriores de instrumentación que podrían resultar adecuadas para la cuestión". Y luego, en el cuarto y último párrafo, llegó el remate: "Dicho temperamento será determinante en el trámite que se lleve adelante acerca del tema".
Echegaray había llegado a ese punto apoyado en un dictamen previo de su entonces jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, quien había concluido que la AFIP contaba con facultades para decidir por sí sola sobre una quita, pero que aun así convenía conocer la posición del Ministerio de Economía sobre "la viabilidad del pago propuesto de manera más previsible".
La visión de Resnick Brenner resulta cuando menos controversial, según indicaron a LA NACION tres fuentes de la AFIP y dos tributaristas. La quita está prohibida de manera taxativa por la Ley 25.678, algo que reconoció el propio Echegaray el 8 de marzo último, cuando brindó una conferencia de prensa sobre el caso Ciccone. Dijo que su organismo no está facultado para decidir quitas sobre las deudas. Y deslizó de manera vaga por qué consultó a Boudou. "Ciccone pedía más de lo que podíamos dar", dijo ante la consulta de los periodistas.
(…) Ya en el Ministerio de Economía, el expediente pasó por el director general de Asuntos Jurídicos, José Guillermo Capdevila. A lo largo de tres carillas completas, alertó que Boudou no podía ni debía opinar sobre el pedido de la empresa de Vandenbroele por carecer de facultades para intervenir, así como porque la información recopilada por la AFIP era incompleta.