El Gobierno sondeó a la Corte para ver qué hace con Amado Boudou

El Gobierno hizo sondeos con un ministro de la Corte con el que mantiene buen diálogo para tener en carpeta un plan B por si la situación judicial de Amado Boudou se complica. Hoy, el vicepresidente está imputado por el juez federal Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Aunque no está procesado.
Esta semana, Lijo –que reemplazó a Daniel Rafecas– validó todas las pruebas de la causa, incluyendo el allanamiento en la vivienda de Puerto Madero y el testimonio de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone. Entre otras cosas, Muñoz había dicho en la Justicia que Vandenbroele era el “testaferro” del vicepresidente.
Esta situación preocupa al Gobierno. La imagen de Boudou está en caída junto con su credibilidad y su catástrofe arrastra a la persona que lo colocó en la cima del poder: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el entorno del vice, incluso, reconocen desde hace tiempo que el límite de permanencia de Boudou es el procesamiento.
Según lo que comentó la fuente vinculada a la Corte Suprema, Cristina envió a un operador para transmitir que la decisión de apartar a Boudou estaba en estudio y que la idea era que ese ministro ofreciera su opinión sobre cuál era la mejor alternativa para apartarlo sin generar demasiado costo político para el kirchnerismo.
Las dos opciones que analizaron con ese miembro de la Corte son las siguientes: que sea Boudou el que se tome licencia hasta que se dilucide su situación judicial. La otra, que renuncie aduciendo problemas personales para evitar dar explicaciones y evitarle el juicio político.
El relato de esta fuente indica que desde la Casa Rosada le hicieron saber que esa decisión había sido tomada junto a Máximo Kirchner y Carlos Zannini. Ninguno de los dos aprecia a Boudou.
Sin embargo, una fuente del Gobierno que tiene acceso a la Secretaría Legal y Técnica desmintió una consulta con la Corte. Dijo, concretamente. “¿Creen en serio que el Gobierno teniendo a Zannini, que es jurista y que fue presidente de la Corte de Santa Cruz, va a consultar a alguien de la Corte sobre un tema tan delicado? Si el Gobierno está pensando en eso no lo consulta con la Corte”, remató la fuente.
Otra fuente, también vinculada al Ministerio de Economía, reconoció que existe honda preocupación sobre la situación judicial de Boudou. “Nuestro límite es el procesamiento”, precisó. Pero recordaron que hace varios meses Cristina dijo que no entregaría la cabeza de Boudou por una sencilla razón: “Sería entregársela a Clarín, su peor enemigo”. La primera reacción de la Presidenta fue de hecho bancarlo públicamente, no con el caso Ciccone pero si con varios gestos. Le permitió avanzar sobre el procurador Esteban Righi, el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. Le permitió, también, acusar a la empresa Boldt y al gobernador Daniel Scioli de formar parte de la embestida en su contra. En este último mes, sin embargo, ha dado señales en contrario (ver página 3).
La posibilidad que también le sugirieron desde un sector de la Corte es que sin Boudou podría reforzar la idea de dos mujeres al frente del poder político, porque debajo de Boudou está la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkez de Alperovich. Y que podría utilizar la salida de Boudou como un ejemplo de que, si hay un procesamiento, Cristina no defenderá a ningún hombre complicado en la Justicia, por más que se trate de su vicepresidente. Es decir, buscar la alternativa para explotar su salida y para que no se convierta en un peso.
La interna de la Corte también juega un rol en la relación con el Gobierno. Ricardo Lorenzetti, su presidente, busca la reelección al frente del Alto Tribunal, algo que normalmente se define a fin del año anterior al recambio. En este caso, podría ser en noviembre o diciembre. Pero Lorenzetti no es un hombre con buena sintonía con el Gobierno: se opone a un tercer mandato de Cristina.
El plan B es Eugenio Zaffaroni, de excelente relación con el Gobierno, pero se resiste por cuestiones personales. Boudou es, quizás, el hombre que más problemas le trajo a la Presidenta, por el costo que paga al sostenerlo. CFK nunca se refirió en público al Caso Ciccone, quizás previendo que en algún momento le tendrá que soltar la mano.
Macri, un jefe procesado
Sin no aparece nada nuevo en el camino, está claro que la situación judicial del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, podría complicarse a medida que se acerque el año electoral. Los tiempos judiciales lo arrastran a ese delicado clima.
La Cámara Federal de Casación Penal ya dejó firme el procesamiento a Macri en la causa por las presuntas escuchas telefónicas ilegales y lo dejó a un paso del juicio oral y público en el que estará imputado como miembro de una asociación ilícita. La Sala I de Casación, en un voto concurrente, desestimó un recurso de queja que habían presentado los abogados de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, mediante el cual intentaban revertir el procesamiento dictado por el juez Norberto Oyarbide y ratificado por la Cámara Federal.
La decisión de Casación despeja el último obstáculo en el camino al juicio oral y público, pues el juez Oyarbide ya había dispuesto la clausura del sumario por estar “agotada” la investigación, y le corrió traslado a todas las partes para que formularan sus requerimientos u objeciones sobre la elevación a la etapa de debate.
Por otra parte, la Cámara del Crimen anuló el sobreseimiento de Macri en la causa UCEP.

Funcionarios echados por su situación judicial
Néstor Ulloa y Fulvio Madaro eran funcionarios durante la gestión de Néstor Kirchner. En mayo de 2007, el entonces presidente decidió echarlos porque estaban implicados en el supuesto encubrimiento del pago de coimas a la empresa Skanska. Fue con un polémico decreto que incluía en su texto un presunto llamado del fiscal Carlos Stornelli en el que le advertía que se llevaría puestos al titular de Nación Fideicomisos y de Enargas. Por las dudas, Kirchner los desplazó. Fueron las primeras y únicas víctimas de ese escándalo.
“Amerita ordenar la inmediata separación de aquellos aludidos no sólo para permitir la plena libertad de la acción de la Justicia sino también para impedir cualquier interpretación antojadiza de la actitud del Gobierno, en este punto, lo que torna innecesario esperar las citaciones judiciales que pudieran o no producirse”, indicaba el decreto, que fue leído por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández.
La situación del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue diferente. Fue removido del Gobierno previo a ser procesado. No había todavía pruebas en la Justicia que lo complicaran, pero había generado demasiado costo político al Gobierno y se suponía que generaría más. Efectivamente, luego fue procesado por dádivas y actualmente sigue siendo investigado por la Justicia Federal. Se le pidió la elevación a juicio oral en esa causa. Y podría tener otro pedido a juicio oral en otra causa.