El Gobierno disolvió el APE y crecen los rumores sobre la estatización de la salud de alta complejidad

El Gobierno concretó un nuevo paso en su embestida para controlar definitivamente la caja de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo clave en la puja con el titular de la CGT, Hugo Moyano: se trata del área que manejaba los millonarios fondos de reintegros a las obras sociales por las intervenciones de alta complejidad. Ahora ese dinero quedará bajo la órbita directa y exclusiva de la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de la ultrakirchnerista Beatriz Korenfeld.
El Camionero pedía desde hace tiempo los "15 mil millones de pesos" que el Gobierno debía a las obras sociales sindicales en concepto de reintegros. Esos reclamos se profundizaron con la ruptura de las relaciones entre Moyano y la Casa Rosada. Desde ese momento, Cristina Kirchner procuró reforzar su control sobre la APE.
En el mes de marzo, la Presidenta dispuso que la APE deje de ser un ente descentralizado y pasó a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en la cual fue designada como gerenta general Korenfeld. Se trataba de una virtual intervención de la ex diputada ultrakirchnerista a la gestión de Ricardo Bellagio, cercano al ministro de Salud, Juan Manzur, pero con diálogo fluido con el líder de la CGT.
Hace dos semanas, finalmente se blanqueó la intervención: se desplazó a Ricardo Bellagio y se puso en su lugar a Korenfeld, un cambio promovido por La Cámpora. "Ahora cierra el círculo con la disolución del APE, para centralizar todo en la SSS. ¿Para qué tener dos organismos distintos, si se puede controlar todo desde una sola oficina? El Gobierno definitivamente se sienta sobre esa caja", explicó a LPO una fuente del sector.
El secretario general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Alejandro María Romero, y una veintena de gerentes y subgerentes del organismo renunciaron a sus cargos según se oficializó hoy. Las dimisiones fueron publicadas mediantes los decretos 1196 y 1197 del Ministerio de Salud, donde también se designa a Claudia Elisabet Simonutti como nueva secretaria general de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Con esta centralización, además, crecen las versiones en el sector sobre una posible estatización de los servicios de alta complejidad. De este modo, las obras sociales de los sindicatos ya no se harían cargo de estas intervenciones y no recibirían el dinero correspondiente.
El titular de la Federación Médica Gremial de Capital Federal, Jorge Iapichino, había propuesto un esquema de salud integral para alta complejidad en un costoso dossier especial. Se refirió a un "fondo nacional de financiamiento de la salud” creado con aportes de los tres sectores del sistema: el público, las obras sociales sindicales y las prepagas. En esa iniciativa, la APE dejaba de tener sentido, y el Gobierno podría acallar las quejas de Moyano y también de los agentes de medicina prepaga, que aseguran no contar con recursos para afrontar tratamientos de enfermedades costosas.
También resolvería otro conflicto que surgieron por las transferencias de los fondos de la APE: las reiteradas denuncias de corrupción. Una investigación de la Auditoría General de la Nación, por caso, había revelado que graves ineficiencias alrededor de este sistema: prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, algunos de los mecanismos para recibir dinero a través de intervenciones fraguadas.