Las dos CGT, enfrentadas y a tribunales
La interna de la CGT tiene un destino anunciado: algún despacho de los tribunales. Se apilará pronto más de un expediente sobre el tironeo judicial entre Hugo Moyano y sus rivales por el control de la central obrera.
La batalla sindical será a todo o nada. La disputa comenzará por probar la verdadera legitimidad de las autoridades, pero luego se avivará con la puja por la colonización de la histórica sede de Azopardo 802 y por la administración de las finanzas y de los bienes de la central.
Ya dio el primer paso el moyanismo. El equipo de abogados del camionero, con el diputado Héctor Recalde a la cabeza, activó una réplica legal para contrarrestar la impugnación de la elección de la CGT que dispuso el Ministerio de Trabajo. Es un borrador que incluye fotos y grabaciones de las últimas reuniones del consejo directivo. Lo que los moyanistas quieren demostrar es que algunos de los dirigentes que pidieron anular los comicios por falta de quórum son los mismos que avalaron con su voto la convocatoria.
En el antimoyanismo hierven sospechas sobre el accionar de la Justicia. "Hay muchos jueces vinculados a Moyano, que llegaron gracias al impulso de un diputado que está con él", alertó ante LA NACION Gerardo Martínez. El líder de la Uocra hizo así referencia a la injerencia que tuvo Héctor Recalde, asesor legal del moyanismo, en las últimas designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El temor a un revés judicial está latente. En ambas orillas. Sin embargo, los rivales de Moyano consideran que la definición será dictaminada por la presión que se ejerza desde el ámbito político. "Se judicializará el tema, pero esto se resuelve políticamente", consideró el docente Horacio Ghillini, que supo ser un aliado del camionero. Otro antimoyanista con fuertes lazos en el Estado fue contundente: "La Justicia avanza rápido o lento de acuerdo con la política".
Cuando la causa de la CGT comience a anidar en la Cámara Laboral, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tendrá allí un interlocutor directo: Eduardo Oscar Alvarez, el fiscal general. "Tienen línea directa", describió un abogado muy vinculado a los sindicatos y que está en las antípodas de Moyano.
Alvarez fue el que falló en la fractura de la CTA. Pero a diferencia del caso de la CGT, en la otra central hubo un acuerdo entre los sectores de Pablo Micheli y Hugo Yasky para evitar la intromisión del Ministerio de Trabajo. Recurrieron directamente a la Justicia y esperan todavía por una resolución del procurador general de la Nación.
LA PELEA DE FONDO
Los opositores a Moyano también afinan su estrategia legal. El equipo de abogados de los cuatro gremios (Luz y Fuerza, Smata, Comercio y Sanidad) que solicitaron la intervención de la cartera laboral encabezan la maniobra.
"Primero reivindicaremos que hicieron un congreso ilegal. Luego plantearemos las irregularidades en la conformación del actual consejo y de la reelección de Moyano. Y después iremos por el edificio de Azopardo y por el manejo de las cuentas", confió un dirigente que lidera la ofensiva para debilitar al camionero.
La disputa por Azopardo no es un mero capricho por la simbología que tiene el edificio, un sitio que remite al peronismo más puro en cada uno de sus rincones. Adueñarse de su control es supervisar el patrimonio de la central y de sus numerosas sedes regionales de todo el país. Es también administrar el aporte mensual de fondos de cada uno de los sindicatos afiliados. Es tener el control de la documentación oficial, del sello y de la personería gremial.
"De acá no nos mueven ni loco", se plantó un moyanista que escaló en el nuevo consejo directivo cegetista. Y Moyano también se refirió al tema. "Es un tema político. Va a seguir en manos nuestras", dijo el miércoles pasado en radio Mitre.
Cuando la CTA se quebró en 2010, Micheli y Yasky compartieron durante meses el edificio de la calle Piedras. Las oficinas que daban al frente eran ocupadas por la tropa del docente kirchnerista, mientras que en el fondo estaban los michelistas.
"La convivencia física y política se hizo insoportable. Por eso nos mudamos a Lima al 600", explicó un colaborador de Micheli.
En la CGT la coexistencia tampoco será viable. Moyano prevé resistir en Azopardo y continuar con su desafío al Gobierno. "La pelea es a todo o nada", arriesgó uno de sus colaboradores. Por eso, el camionero ya activó un equipo de abogados para soportar la embestida y ser parte de la guerra judicial por la CGT..
