Mucho malestar entre las provincias y Nación

Al final del 1er. Semestre de 2012, los recursos provinciales totalizaron $164.500 millones, frente a un gasto primario que acumuló $167.400 millones en el mismo período, resultando en un déficit de $2.900 millones. Comparado en términos anualizados, se observa una reversión de $4.700 millones en los niveles de ahorro, ya que un año atrás el resultado primario era superavitario en $1.800 millones. Si se incluye el pago de intereses, la caída del ahorro es aún más pronunciada, ya que orilla los $6.000 millones, segun recordó la consultora Economía & Regiones.
Los estados provinciales están aplicando política fiscal contractiva en un año de menos crecimiento y que incluso comienza a presentar signos recesivos, lo cual evidencia el sesgo pro cíclico de las finanzas sub nacionales, y eso tiene consecuencias políticas, potenciadas por la cercanía de un año electoral.
Si el déficit anual es de $19.000 millones y hay vencimientos de capital por $11.000 millones, llevando a $30.000 millones el volumen de fondos que necesitan las provincias para cerrar su brecha financiera, la obtención de fuentes de financiamiento es una clave del sector en 2012. Luego, ¿qué harán los gobernadores frente a la Nación?
Dado que las provincias no cuentan con financiamiento interno ni a bajo costo (como sí tiene el sector público nacional a través del BCRA y la ANSeS), es legítimo reclamarle al Estado Nacional que cumpla el rol de prestamista, considerando además que cuenta con recursos que sistemáticamente les retiene a las provincias a través de las diversas modificaciones del texto original de la Ley de Coparticipación Federal.
Sólo por la integración parcial del impuesto al cheque en la masa de recursos coparticipables, las provincias resignarán unos $15.000 millones durante 2012, lo que equivale al total del financiamiento a provincias presupuestado por el Gobierno Nacional para el ejercicio, como se verá a continuación.
Pero, tal como ya lo ha anticipado Urgente24, la Nación le ha transferido el ajuste a las provincias, "federalizando" la austeridad, retaceando su aporte a las provincias tanto a nivel de transferencias discrecionales, como en términos de asistencia financiera.
Fue recién en las últimas semanas que el Gobierno Nacional giró a la provincia de Buenos Aires $1.500 millones, en tanto que otros $620 millones fueron distribuidos entre Jujuy, Santa Cruz, Rio Negro, La Rioja y Catamarca, sin precisiones sobre las condiciones en las que se otorgaron los fondos.
La ANSeS prestó dinero, a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero las condiciones financieras acordadas con el FGS serían a 12 meses y a una tasa que equivale a 17.25%, similar a los valores de mercado. La Nación no hizo ninguna concesión.
La asistencia total transferida a la fecha ($2.720 millones) cubre el 16% de las necesidades financieras de las provincias asistidas y el 9% de los requerimientos anuales del presupuesto consolidado.
La situación es muy complicada.
1. Córdoba es el caso que será noticia esta semana.
Córdoba se dispone a parir el lunes 30/07 la 2da. querella contra la Nación en 3 años. Mucho trabajo para Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cordobés, y por Córdoba ex diputado nacional, ex senador nacional, ex convencional constituyente y ex ministro provincial.
Antes, quien demandó fue Juan Schiaretti y ahora José Manuel De la Sota.
A las puertas de la Corte Suprema llegará Alberto García Lema, jurista de la reforma constitucional para la reelección de Carlos Menem en 1994. Él patrocinó el planteo que hizo Schiaretti en 2009 en reclamo de fondos para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones cordobesa al 1er. gobierno de Cristina Fernández.
Entonces, luego de varios meses de negociaciones sin resultados positivos con la Casa Rosada, De la Sota presentará ante la Corte Suprema de Justicia el reclamo para que el Gobierno nacional le pague a la Provincia una deuda de $ 1.040 millones, más los intereses por mora.
Requerirá para ello el cumplimiento parcial del convenio 80/09, firmado el 18/12/2009 entre el Estado nacional y el Gobierno de Córdoba, para la armonización y el financiamiento del sistema previsional de la Provincia.
Con críticas y algunas advertencias, todas las fuerzas políticas provinciales respaldaron que el Gobierno provincial recurra a la Corte Suprema.
El senador nacional Luis Juez le dijo al jefe de Gabinete, Oscar González, que “le transmitiera” al gobernador José Manuel de la Sota que su fuerza política respalda un eventual reclamo ante la Corte.