El PRO reclama a Scioli que reglamente la ley de adicciones sancionada en 2006

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La diputada provincial del bloque PRO por Buenos Aires, Nancy Monzón, presentó un proyecto de declaración para insistir al Poder Ejecutivo que reglamente "a la brevedad" la Ley 13.595 de Creación del Sistema de Atención de las Adicciones, sancionada el 22 de noviembre del año 2006, con el objetivo de dar un abordaje integral a la problemática con los recursos existentes.
"Tanto desde la dimensión de la atención, los recursos y la información esta ley optimiza el funcionamiento de la estructura avocada a la atención de las adicciones", indica Monzón.
Cabe destacar que en 2011, casi cuatro años después de sancionada dicha ley, la cámara de diputados aprobó el proyecto de declaración que instaba a la pronta reglamentación de la misma. Ante el incumplimiento de dicha declaración, la diputada Nancy Monzón, vuelve a solicitar que la Ley 13.595 se reglamente a la brevedad".
"A casi seis años de la sanción de la Ley N° 13.595, y a más de un año de la respuesta del Poder Ejecutivo entendemos que dicho decreto reglamentario debe publicarse con máxima prontitud", indica Monzón en los fundamentos del proyecto.
Según Monzón, "su implementación redundaría tanto en beneficios a nivel estadístico, permitiendo un más acertado diseño de políticas públicas avocadas a esta temática y un mapeo de la situación actual de las adicciones en la provincia. Por otro lado, optimizaría la operatividad integral del Sistema, dado que el listado actualizado de establecimientos activos, sería de libre acceso".
El Sistema de Atención de las Adicciones está conformado tanto por organismos públicos (provinciales y municipales), de gestión privada, organizaciones no gubernamentales y demás organismos. Entre algunos de sus puntos relevantes, la ley pone especial énfasis en el manejo de información, preservando la reserva y el carácter secreto de los datos al mismo tiempo que su actualización.
Por último, la ley dispone un mecanismo de rendición de cuentas en caso de que los establecimientos dedicados a la atención de las adicciones reciban aportes estatales.