Gobernadores del PJ pedirán más recursos coparticipables a Macri

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político) Los gobernadores del PJ se preparan para una batalla judicial y política con una meta estratégica: recuperar fondos millonarios de recursos de coparticipación cedidos a la administración central hace más de 20 años, y así ganar autonomía frente al nuevo ocupante de la Casa Rosada, Mauricio Macri.
La ventana para ese planteo se abrió el martes con un fallo de la Corte Suprema. La resolución -acotada a Córdoba, Santa Fe y San Luis- declara inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15 % de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social. Si bien esa medida se aplica a las tres jurisdicciones que hicieron reclamos, otras quieren conseguir el mismo beneficio.
En estos días, Misiones, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa y Chaco evalúan cursos de acción y presentaciones similares, que hará cada una por su cuenta, según confirmaron a LA NACION.
Lo cierto es que, más allá del derrotero judicial -de hecho, la Corte demoró ocho años en dar su veredicto-, a partir del fallo la medida sitúa al peronismo opositor en una mejor posición y abre la expectativa de que Macri se siente a negociar un nuevo esquema de coparticipación federal.
El presidente electo no ocultó su fastidio. Molesto, en declaraciones a TN, sostuvo que la Corte debería "haber sacado el fallo hace cinco o seis años".
En su equipo, analizan en principio cómo cumplir el compromiso con las tres provincias alcanzadas por el fallo.
La pelea involucra cifras potentes. Consultado por LA NACION, Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), precisó que este año las provincias resignaron fondos por 60.391 millones de pesos. Hacia adelante, el monto podría ser jugoso: si todos los distritos recuperaran el 15% en 2016 podrían embolsar, según estimaciones preliminares, unos 80.000 millones extras.
La discusión sobre el reparto de fondos fue uno de los asuntos que masticaron los gobernadores en el almuerzo en la sede del Banco Provincia. Allí la mayoría dejó en claro que iba a actuar en la avanzada judicial, más allá de que imaginan que la pulseada tendrá una solución política. Toma y daca, pronostican.
Ese miércoles, un rato antes de esa cita, Cristina Kirchner había puesto el moño al "regalo" que les dejó la Corte. Esta vez, el Programa Federal de Desendeudamiento que suscribieron venía con una letra chica amistosa: se levantó el requisito de no iniciar demandas contra el Estado nacional para acceder a refinanciar sus deudas. Esa condición, por caso, hizo que Córdoba, que tenía conflicto con la Nación, no pudiera nunca adherir al plan.
Rápido, el misionero Maurice Closs adelantó que pasado mañana elevará una medida cautelar ante la Corte y enviará una nota al Ministerio de Economía. Queda abierto el expediente antes de que asuma la gobernación su actual vice y sucesor, Hugo Passalacqua.
En Mendoza, Francisco Pérez, a través de la Fiscalía de Estado, como primer paso despachó cartas documento a la AFIP, Economía y el Banco Nación para impedir que concreten el recorte. No será una jugada peronista: su heredero Alfredo Cornejo, de Cambiemos, dio su palabra de que continuará la lucha.
"Estamos obligados a reclamar, lo que no quiere decir que no vayamos a dialogar", esbozó un gobernador, en una señal para que el PJ no aparezca metiendo palos en la rueda. "Todos vamos a aprovechar esta puerta que se abrió", aseguró otro.
Por ahora, el intento es el cese del recorte de coparticipación para el futuro, es decir que no apuntarían a priori a que les reconozcan un retroactivo, como lograron Santa Fe y San Luis. El objetivo es modificar el reparto de la torta y, como se trata de giros automáticos, garantizarse que Macri tenga, si quisiera, menos margen para condicionar y alinear caciques.
La era que se inicia podría resucitar la "Liga de gobernadores" (ver aparte), que supo tener peso determinante y se evaporó durante los doce años de kirchnerismo, donde casi no hubo rebeldías y la docilidad fue el sello de época.
El famoso tijeretazo sobre el que falló la Corte tiene su origen en 1992. Cuando Carlos Menem decidió la privatización del sistema previsional, se acordó el descuento del 15% a las provincias, que con el tiempo tuvo sucesivas prórrogas. Como contrapartida, esos fondos se destinarían a financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), mientras las jurisdicciones transferían al gobierno central las cajas jubilatorias.
Hasta 1997, 11 de los 24 distritos lo hicieron. Ya con Néstor Kirchner en el poder, en 2006, venció un pacto que sostenía la deducción del 15% de coparticipación y el patagónico impulsó la ley 26.078, no refrendada por algunas provincias en sus Legislaturas, y ahora declarada inconstitucional, en su artículo 76.
Como la seguridad social volvió a manos del Estado en 2008, surgió la discusión sobre si ese aporte debía seguir o no. La Anses solventa prestaciones clave, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, entre otros programas, y una poda en sus ingresos, de mínima, podría hacerle perder su condición de ente superavitario.
Macri y su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, deberán encauzar la discusión. El funcionario, conocedor de las cuentas provinciales, dejó trascender que había predisposición para elaborar un nuevo proyecto de coparticipación federal, algo que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994 y que es de complicada ejecución ya que necesita el aval de los 24 distritos.
El problema siempre es la "sábana corta". Un peronista influyente arriesga una solución: "La única manera de que se renegocie la coparticipación es que la Nación ponga más plata, que ceda su parte. Nadie puede llegar a su provincia y decir: «Lo logramos, tenemos una nueva ley, pero recibimos dos puntos menos»".