El veredicto por la tragedia de Once tardará en quedar firme por una ola de apelaciones

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político) El 30 de marzo de 2016 se conocerán los fundamentos de la sentencia que dictó ayer el Tribunal Oral Federal 2. Los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu decidieron que a partir de esa fecha se podrá saber el porqué de las condenas y absoluciones dictadas en el juicio oral por la Tragedia de Once.
Recién entonces los imputados, las querellas y el fiscal podrán apelar la sentencia que debería ser analizada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego seguramente recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los condenados a cumplir prisión efectiva apostarán a que pase el tiempo, porque recién cuando las condenas queden firmes (es decir sin ninguna apelación por resolver) tendrán que cumplir con la pena impuesta. Mientras tanto queda vigente la prohibición de salir del país para ellos y la obligación de presentarse en el Tribunal cuando comienza cada mes.
Pero la sentencia de ayer no sólo afecta a los que estuvieron como imputados en el juicio oral y público: Julio De Vido, diputado nacional por el Frente para la Victoria, comenzará a ser investigado por el juez federal Claudio Bonadio. Es que el Tribunal Oral le dijo al magistrado que investigue al ex ministro de Planificación Federal durante los 12 años de kirchnerismo.
Durante el juicio oral y público, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi señalaron que la autoridad de aplicación en el área de Transporte era De Vido. Lo hicieron para contrarrestar uno de los argumentos acusatorios del fiscal del juicio, Fernando Arrigo.
El fiscal les reclamó a los ex secretarios de Transporte que no hicieron nada para rescindir el contrato de explotación del ferrocarril Sarmiento, que estaba en manos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA); el kirchnerismo le quitó la concesión del Sarmiento y el Mitre a TBA luego de la Tragedia de Once.
La sentencia de ayer también determinó que las declaraciones de testigos referidas al uso de los subsidios por parte de TBA deben ser remitidas al juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos, quien tiene allí una mega investigación sobre la distribución de cifras millonarias destinadas a contener las tarifas del transporte.
Los jueces, además de abrir investigaciones, tienen la intención de contribuir, a partir de todo lo que se puso de manifiesto en el juicio oral y público, para mejorar el sistema ferroviario. Por eso le remitirán copia de la sentencia a la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, al ministerio de Transporte, al ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Auditoría General de la Nación. En esos lugares tal vez sepan qué hacer con la enorme cantidad de información que fue vertida durante las audiencias del juicio.