Ocho claves de la resolución que ordenó el arresto de Ricardo Jaime

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político).
1– Se encuentra configurado el estado de sospecha requerido para llamar a prestar declaración indagatoria a Ricardo Raúl Jaime, Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi, Ignacio Julián Soba Rojo y Ricardo Domingo TESTURI, toda vez que de la voluminosa documentación que se ha ido agregando en la instrucción, surgen sus intervenciones en las maniobras investigadas.
2– Jaime tuvo a su cargo la administración del patrimonio estatal y suscribió los contratos que se están investigando con España y Portugal. En ese marco ordenó pagos por un total de 76.313.108.85 de euros a las empresas RENFE y FEVE; y 25.639.896 de euros a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses. "De las constancias del expediente surge que los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real, lo que hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas".
3- De la maniobra participaron los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Asimismo, Manuel Vázquez, quien estaba vinculado a la emprea CAESA, y funcionario de la Secretaría de Transporte tomó parte de la maniobra al mismo tiempo que obtuvo beneficios para sí y para terceros como consecuencia de "su intervención como asesor del organismo en las gestiones vinculadas a la suscripción de los contratos". Las facturas incorporadas a la causa acreditan las altas comisiones cobradas en concepto de honorarios por CAESA. "Este accionar pudo concretarse gracias a la intervención de Ignacio SOBA ROJO, quien en calidad de presidente de CAESA realizó todos los actos que demandaron la participación de esa empresa".
4– Las enormes erogaciones realizadas fueron determinantes para causar un perjuicio económico a la administración pública. Las compras en su mayoría no resultaron idóneas al punto que algunas no sirvieron ni siquiera como repuestos.
5- Teniendo en cuenta las condenas que a la fecha pesan sobre Jaime, más otras tantas cuya investigación tienen un avance significativo, unido a que todos los delitos aparecen vinculados tanto a Vázquez como a Jaime tienen un gran significado económico y de corrupción hace presumir el poder económico de los dos imputados para la obstaculización del accionar de la Justicia. En este sentido, Ercolini sostiene que el largo tiempo que ocupó Jaime como funcionario del transporte permite sospechar que tiene relaciones que le faciliten vías de transporte para eludir la acción de la Justicia.

6- Por los motivos anteriores, el juez Ercolini ordena la detención de Jaime y Vázquez. A fin de dar cumplimiento a esta disposición ordena que hoy, 2 de abril, se allanen en forma simultánea los inmuebles ubicados en Omaguacas u Homaguacas 91, de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba y en Duarte Quiroz 1939, departamento 3° de la ciudad de Córdoba, con el objeto de detener a Jaime. Además ordena allanar el inmueble ubicado en Avda. Pueyrredón 1294 de Acassuso, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires para detener a Vázquez.
7- Ercolini ordena que ambos deberán ser alojados en las dependencias de la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales "Buenos Aires" de la Gendarmería Nacional, hasta el día lunes 4 del mes y año en curso a primera hora en que deberán ser trasladados a la sede del juzgado, con el objeto de recibirle declaración indagatoria.
8- Por último fija las siguientes audiencias a fin de escuchar en calidad de imputados a:
– Ignacio Julián SOBA ROJO para el día 7 de abril a las 10:00 horas;
– Juan Pablo SCHIAVI para el día 8 de abril a las 10:00 horas;
– Ricardo Domingo TESTURI para el día 11 de abril a las 10:00 horas.
Teniendo en cuenta lo ya expuesto en su resolución por el juez federal Julián Ercolini, es de esperar que una vez que le tome declaración indagatoria a Jaime y Vázquez disponga su prisión preventiva.