La Corte pidió informes al Poder Ejecutivo sobre las tarifas de gas

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). En medio del debate por el tarifazo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió informes al Poder Ejecutivo sobre aspectos sociales y económicos de las tarifas de gas. Resolverá los planteos, especialmente los fallos que suspendieron los incrementos en las facturas, en agosto próximo.
Según indicó el Centro de Información Judicial, entre otras cuestiones, el máximo Tribunal le solicitó al Ejecutivo que explique a través del Enargas "cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la ley 25.561 y, de corresponder, el impacto la evolución provocó en la prestación del servicio".
El documento, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, fijó un plazo de diez días para dar cumplimiento a los informes.
Allí se piden detalles de "los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas", y se demanda al Gobierno que especifique "las razones que llevaron a establecer el tope" anunciado, También se solicita que "informe cómo operará, sobre qué importes se aplicará y qué incidencia tiene dicho tope sobre el monto final de la factura a pagar por el usuario".
El tarifazo que impulsó el Gobierno en marzo provocó la reacción de la Justicia Federal. El jueves pasado, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata falló en contra de los aumentos y suspendió los nuevos cuadros tarifarios en todo el país.
Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el Gobierno presentará un recurso extraordinario para suspender el fallo y que pondrá un tope del 400 por ciento a los aumentos. Si ese tribunal deniega el pedido, la administración de Mauricio Macri irá en queja a la Corte Suprema, que de todas maneras deberá definir la cuestión (el ministro de Justicia, Germán Garavano, reveló ayer que "dentro del diálogo institucional" se habló con representantes de ese tribunal).
El Gobierno irá con un argumento concreto a la Corte: en su búsqueda de suspender los aumentos, su fallo también canceló la aplicación de la tarifa social, que beneficia a 1,55 millones de hogares. Por ese motivo, los sectores más desprotegidos podrían encontrarse con una factura mucho más grande que la habitual.
El máximo Tribunal eludió tratar inmediatamente los planteos contra el tarifazo porque "no hay un caso" sobre el que pronunciarse, expresó.
También pidió informes al juzgado federal de San Rafael, Mendoza, y a un juzgado contencioso administrativo federal porteño.