El Banco Mundial inició una investigación por la SUBE
CIUDAD DE BUENOS AIRES. (Compacto Político) La oficina Integrity Vice Presidency, con sede en Washington, ya analiza los procedimientos internos que autorizaron con la firma del contrato de 65 millones de pesos. El BM intentará establecer si el proceso, a cargo de la Secretaría de Transporte, se desarrolló en cumplimiento de las normas de selección de consultores de la entidad. También determinará la responsabilidad de sus funcionarios, encargados de auditar el concurso que comenzó en 2009 y terminó en 2011.
El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi dijo que el concurso había pasado "14 veces por el directorio del Banco Mundial".
Consultados por La Nación, desde el organismo internacional evitaron opinar sobre las declaraciones de un ex funcionario. El Banco Mundial mantiene hermetismo desde que comenzaron a revelarse distintas irregularidades en la asignación del contrato.
Según pudo saber La Nación, luego de que las sospechas sobre irregularidades en la supervisión de la SUBE se hicieran públicas, desde el BM enviaron una nota a las unidades ejecutoras de los distintos proyectos financiados por la entidad (más de 30 dependencias) para que tomen recaudos ante situaciones similares.
En estricto off the record distintas fuentes del organismo coincidieron en que le "encontraron la vuelta" a las normas de contratación del BM. En las licitaciones por precio y calidad, el banco privilegia este último aspecto con un 80% de importancia. Esa evaluación de calidad la realiza un comité compuesto por funcionarios de las dependencias -la Secretaría de Transporte en el caso SUBE-.
"Ya saben que si le otorgan cierto puntaje a una de las propuestas, después es imposible que pueda revertirse con la ofertas", dijo una fuente del banco, especialista en este tipo de concursos.
En la supervisión de la SUBE, el consorcio integrado por PWC-Barimont realizó una propuesta 10 millones de pesos más económica por el trabajo, pero la evaluación de calidad realizada por los funcionarios de Transporte fue determinante.
La revisión lanzada por el banco habría comenzado luego de que La Nación revelara la existencia de dos empleados fantasmas cuyos sueldos suman 650.000 dólares. Esa noticia también fue determinante para que el Gobierno decidiera suspender el contrato.
Los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña pidieron ante el organismo la apertura de sus documentos internos, como notas y comunicaciones no formales. La intención de los legisladores es que es información -que no consta en el expediente- pueda ser utilizada por la Justicia en la causa que investiga la asignación del contrato.
La denuncia de Ocaña y Garrido está a cargo del juez federal Sergio Torres. También el magistrado Julián Ercolini investiga las supuestas irregularidades en la licitación..
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