Auditora Vilma Castillo se reunió con jueza Highton de Nolasco

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, a cargo de las oficinas de Violencia Doméstica (OVD) y de la Mujer (OM) recibió a la Auditoría General de la Nación (AGN), a la contadora Vilma Castillo.
Se conversó sobre las actividades que se desarrollan en las dependencias para evitar conductas discriminatorias hacia los derechos de las mujeres, la importancia de trabajar con perspectiva de género en la función pública y la posibilidad de articular acciones entre los respectivos organismos.
La Auditora General de la Naciòn, y Secretaria Ejecutiva de EFSUR (Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Paìses del Mercosur y Asociados), Contadora Vilma Castillo, mantuvo una reunión con Highton de Nolasco para intercambiar experiencias respecto de los derechos de las mujeres.
En este sentido, la Auditora Castillo le acercó a la Magistrada el trabajo realizado en EFSUR respecto de la normativa compilada, con el fin de gestionar medidas o acciones tendientes a la armonización de las legislaciones locales en el entendimiento del tema de género y sus implicancias, como la de violencia en todas sus modalides.
En este marco, la auditora Vilma Castillo recordó que cuando se reunió con la Relatora de la ONU, Dubravka Simonovic se mencionó la necesidad de crear un Observatorio de Femicidio.
La contadora Castillo también se refirió a las diferencias de normas entre nación y provincias referidas a la cuestión de género.
En el último Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) realizado en Chile junto con la OLACEFS y PNUD, Vilma Castillo expuso en el panel ODS 5: Lograr la Igualdad entre los Géneros y Empoderar a todas las Mujeres y las Niñas.
La auditora manifestó que “los Poderes Ejecutivos deben entender que la incorporación de las mujeres tienen porqués y son herramienta de política pública gratuitas. La mayor participación de la mujer disminuye los niveles de corrupción ya que tiene un mayor apego al cumplimiento de las normas porque es una formadora moral por naturaleza”.
“La incorporación de la mujer en los distintos niveles de la vida pública y privada de las organizaciones de los países hacen que tengamos organizaciones menos corruptas y más transparentes”, agregó Castillo.
Asimismo, manifestó que “la mayor participación de la mujer disminuye los niveles de pobreza porque cuando la mujer percibe sus ingresos prioriza la educación y la salud lo que trae como consecuencia que niños saludables y educados puedan acceder a mejores niveles de vida, aumentando así el PBI y disminuyendo la pobreza”.
La Auditora también hizo referencia a la importancia del “empoderamiento de mujeres y niños porque la mujer en la pre adolescencia genera el afianzamiento de su autoestima basado en tres aspectos fundamentales: familiar, nivel educativo y de las instituciones de la República. Si el Estado invierte en estos tres aspectos, luego no tendrá necesidad de socorrerlas ante una situación de violencia o maltrato”.
Por último, recalcó la importancia del trabajo que está realizando la Auditoría General de la Nación, sobre cuestión de género al Consejo Nacional de la Mujer y sobre el Cupo Sindical Femenino.
Este acercamiento fue en el marco de articular y armonizar acciones entre los respectivos organismos.
Ssobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial Highton de Nolasco había manifestado. " En realidad hay que analizar caso por caso y leer la sentencia que dicta cada tribunal para poder evaluar si ha sido abordado correctamente. Por ejemplo, un caso en el que la muerte de una mujer por parte de un varón derive de su condición de mujer, o de haber estado sometida a situaciones previas de violencia, que no sea analizado desde los Derechos Humanos de la mujer, será un caso que no ha sido bien tratado. Deberá observarse si se han dictado medidas de protección en tiempo oportuno y si se tuvieron en cuenta las características de los episodios de violencia doméstica para la investigación en el proceso penal. Es obligación del Estado investigar los hechos de violencia contra la mujer, por ello es inadmisible en estos casos la suspensión del proceso a prueba, sensibilizar y capacitar a los operadores involucrados en todas las áreas del Estado. Debe haber una declaración de responsabilidad. Si se comprueba la existencia del hecho, se impone el establecimiento de políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia".

"Si cada vez que una mujer realiza una denuncia, se duda de su testimonio o se quiere comprobar si la víctima tiene una personalidad fabuladora, significa que el caso no ha sido bien analizado, porque implica desconocer los lineamientos básicos que nos otorga la CEDAW, la Convención de Belém Do Pará y los fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resultan obligatorios para nuestros tribunales, según la jurisprudencia de la propia Corte".
Highton de Nolasco señaló "Según los últimos datos registrados en la OVD, los casos atendidos desde la creación de la oficina hasta el mes de abril inclusive, ascienden a casi 58.000, a los que se suman las consultas informativas, que registran 32.000 intervenciones de la oficina. De las personas afectadas en el mes de abril, el 66% corresponde a mujeres, el 13% a niñas, el 11% a niños, y un 10% a varones adultos. La relación que una a la persona que aparece como víctima con la que se indica como agresora es, en su mayoría, la que corresponde a relaciones de pareja, pues alcanza a un 78% de los casos, ya sea pareja actual o ex. El tipo de violencia que se observa es, en primer lugar, psicológica con el 96%, le sigue la física con 67%, la económica un 31% y la sexual, 9%. En cuanto al nivel de riesgo detectado, se han evaluado un 22% de casos de alto riesgo, un 53% de casos de riesgo medio, un 16% de casos de riesgo bajo y un 5% de casos de altísimo riesgo. El porcentaje restante comprende los casos que no poseían nivel de riesgo".