La teta del Estado proveerá

CIUDAD DE BUENOS AIRES. (Compacto Político). Los 2 conflictos empresarios del momento que se hacen sentir en las calles, como el de SanCor y el de OCA, tienen una curiosa característica en común: confronta a funcionarios del Estado con la militancia gremial mientras los presidentes de ambas compañías se encuentran marginados de esos tiras y aflojes.
O sea que, en la práctica, las conducciones de ambas firmas no son reconocidas por el mecenas público ni por los empleados sindicalizados a la hora de dirimir las controversias.
El presidente Mauricio Macri puso como condición liberar $ 450 millones de un plan de reestructuración acordado, que incluye un préstamo del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR), a cambio de que la SanCor resigne un aporte solidario que solicitan las empresas, de $ 3.000 por cada trabajador.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) lo aceptó, pero rechazó que se aplique al resto de las empresas lácteas, lo cual trabó la negociación para rescatar a SanCor. Propuso, en cambio, a sus afiliados que donen parte de sus sueldos para "apoyar" a los trabajadores de la empresa, que "ya prácticamente no están cobrando sus haberes".
El titular de SanCor, Gustavo Ferrero, llamó a la reflexión a las entidades que representan a la industria lechera, a los trabajadores y al Gobierno Nacional para que lleguen a un acuerdo que permita a SanCor salir adelante.
Él señaló que recomponer la operatividad de la cooperativa está supeditado a un acuerdo sectorial entre los industriales y el gremio. “SanCor no puede resolver este punto por sí solo, por lo que rogamos a las partes involucradas que reflexionen y puedan llegar a una pronta solución, ya que se está afectando gravemente la actividad productiva y comercial”, afirmó.
Recordó Ferrero que “somos una cooperativa que tiene 78 años de trayectoria en el país e integramos una cadena de valor que comprende a: 1.000 productores asociados, 4.000 empleados, 1.500 proveedores de insumos, bienes y servicios; 12 plantas industriales, 18 sucursales de venta, 300 transportistas, 200 distribuidores exclusivos y más de 80.000 comercios minoristas, que proveen desarrollo económico y social a numerosas poblaciones del país”.
Los atuendos violeta de OCA se apoderaron del paisaje del barrio porteño de Monserrat. Frente a la sede del courrier había 70 patovicas del sindicato de Camioneros, entre los que Clarín reconoció a Fabio Salvatierra, hombre de Hugo Moyano, y al boxeador Gonzalo “Patón” Basile, custodio de Hugo y Pablo Moyano.
Esperaban la llegada de quien figura como dueño de la empresa, Patricio Farcuh, quien había sido desalojado por la fuerza por los Moyano hace medio año y, desde entonces, no puede ingresar a sus oficinas. Ahora tiene una orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi para hacerlo y había anunciado que iría acompañado de 100 gendarmes.
Todo estaba preparado para un choque que no ocurrió pero porque Farcuh no fue. El conflicto con los Moyano es por el manejo de la caja de OCA, $ 400 millones mensuales, si bien el problema con el Estado es debido a que dejó de pagar sus impuestos. La deuda con la AFIP es de $3.200 millones, de los cuales $1.200 millones son exigibles en forma inmediata y $2.000 millones estaban en un plan de pagos, que la empresa incumplió y cada mes crece en $120 millones. Por eso le embargaron las cuentas, lo cual pone en riesgo el pago de los salarios de sus empleados y la operación de la compañía.
El año pasado, el sindicato de Camioneros se tuvo que hacer cargo de los sueldos y asumió el control de la firma, lo cual motivó especulaciones sobre algún cortocircuito societario entre el dueño del Grupo Rhuo -que además de OCA abarca a empresas como Guía Laboral, Pertenecer y Oxford Partners, entre otras- y la familia Moyano. La relación también se infiere del hecho de que OCA sea el sponsor oficial del Club Atlético Independiente, que preside el líder camionero.
El Estado subsidiador
La enorme participación que tiene el Estado en la economía a través de subsidios, regulaciones, financiamientos y tercerizaciones no permite distinguir claramente entre el límite de los intereses públicos y los privados, lo cual queda al descubierto en las crisis empresarias. SanCor y OCA eluden a la parte patronal y enfrentan a la representación estatal con la laboral: los accionistas, en el caso de OCA, y los socios mutualistas, en el caso de la cooperativa láctea, son de palo.
La explicación surge a poco de mirar las cuentas del Tesoro Nacional. De cada $3 que gasta el Estado, $1 se destina a subsidios económicos (empresas). Si bien la mayoría de los recursos están orientados a que las prestadoras de servicios públicos, como transportes, energía, luz, gas y agua, teóricamente trasladen los beneficios a los consumidores, los privados que los administran suelen lavarse las manos.
A decir verdad, tampoco a los funcionarios públicos les importa demasiado que las empresas estatales que integran su órbita sean eficientes. De las 42 en las que es propietario, sólo 7 tuvieron en 2016 resultado operativo positivo, y apenas 2 le aportaron dividendos: YPF y Lotería Nacional. De hecho, debió auxiliar a la mitad de las empresas que integran su holding con fondos para sus gastos corrientes.
Hubo, eso sí, mejores resultados en la cartera de empresas durante el año pasado, se consuela el diario oficialista La Nación, lo cual permitió que se redujeran en un 25% las ayudas: de inyectarles $ 121.301 millones, o 1% del producto bruto interno (PBI) en 2015, el Gobierno pasó en 2016 a transferirles $ 91.396 millones, lo que equivale a 0,7% del PBI. Para este año, el objetivo es lograr que ese auxilio no supere el 0,5%.
El dinero destinado desde las carteras de Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) a gastos de capital (inversión) en las empresas públicas, en tanto, aumentó 110% en este período, al pasar de $4.337 millones a 9.102 millones.
Los 2 principales rubros subsidiados de la economía argentina (energía y transporte) mostraron subas muy por debajo de la inflación. El sector energético recibió un cheque de $18.584 millones en los primeros 90 días del año, lo que significa 14% más el mismo período de 2016. El número, además, está lejos del 53% que crecieron en todo 2016.
Otras empresas públicas, como el Correo Argentino, Télam o Aysa, entre otras, también mostraron cambios en sus números: en los 90 primeros días de 2017 demandaron 70% menos de dinero que lo que hicieron un año atrás.
Otra prueba del singular reparto de las pérdidas y las ganancias que se hace en Argentina ha sido la pulseada que planteó el kirchnerismo dentro de los directorios de las 49 empresas que abrieron en muchas de ellas más de un 20% de su paquete accionario al Estado, entre ellas Banco Macro (31,5%), Gas Natural BAN (26,63%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), Siderar (26%), Telecom Argentina (25%), Pampa Energía (23,23%) y Molinos Río de la Plata (20%).
Fue al principio para constituir las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión), pero habiendo sido estatizadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pasaron a conformar un Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Aunque por distintos motivos, el entonces ministro de CFK Axel Kicillof, el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno; y el entonces titular de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, quisieron irrumpir en las asambleas de accionistas para desplazar del poder a los dueños, pero lo único que lograron fue que la Justicia se pronunciara en contra. En el caso de los dos últimos estaba claro que el objetivo era perjudicar al Grupo Clarín, más que afectar el modelo capitalista.
Con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri, el bandazo fue para el flanco opuesto: no intervenir, por más que la cartera del FGS que administra como fondo común de inversión esté en un 12% compuesta por papeles privados.