El Congreso juega "Anton Pirulero" y los delincuentes mantienen su poder de fuego

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ricardo Mangano / especial Urgente 24). El Congreso juega al "Don Pirulero" y los delincuentes mantienen su poder de fuegoEn Guatemala no fue tan difìcil imponer la extinción de dominio como lo es en la Argentina. También funcionó en México y Colombia. Pero los senadores argentinos tienen muchos reparos.
Por estos tiempos, el Congreso se ve afectado nuevamente por una pelea entre el Senado y la Cámara de Diputados que explotó con el estancamiento de la reforma de la ley de tarjetas de crédito, pero que también mantiene trabados los proyectos de ley de paridad de género y extinción de dominio.
Si bien, los conflictos entre las 2 Cámaras del Congreso no son algo nuevo y suelen darse por sobre todo en años electorales, las diferencias en torno a la sanción de una ley, le está generando más que un dolor de cabeza al Gobierno de Mauricio Macri. Se trata de la ley de extinción de dominio mediante el cual el Estado nacional recupera y dispone los bienes de procedencia ilícita.
La República Argentina no cuenta con una ley de extincion de dominio a pesar de ser signataria de multiples tratados y convenciones internacionales como la Convencion Interamericana contra la Corrupcíón (Ley 24.759), la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Ley 25.632) y la Convencion Interamericana contra el Terrorismo (Ley 26.023) entre otras.
La extinción de dominio procede cuando se investigan delitos como: contrabando, estupefacientes , terrorismo, secuestro, trata y explotación de personas, delitos contra la administración pública, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, prevaricato, delitos contra la fe pública y contra la administración pública y lavado de dinero.
El 24/06/2016, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que prevé que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos, sin que para ello sea necesaria una condena firme.
La propuesta impulsada por el bloque del Frente Renovador fue sancionada con 135 votos positivos, 50 negativos, que correspondieron 46 al FpV y 4 al Frente de Izquierda, mientras que se abstuvieron Carlos Heller (Solidario SI), Berta Arenas y Luis Lusquiños, ambos de Compromiso Federal.
La sanción de diputados establecía que la extinción de domino se debe tramitar ante el juez civil, que era imprescriptible y autónoma.
El 15/11/2016, el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen que modifica la extinción de dominio. Tras arduas negociaciones se acordó que la ley quede enmarcada en el fuero penal, como era la intención original del Senado, que había aprobado una iniciativa en 2014. El dictamen de mayoría nada dice sobre la prescripcion de las causas y regula la restitutición de los bienes si la persona resultara absuelta por inexistencia de delito. Este y otros cambios, paralizó la ley.
Lo dictaminado por senadores establece la extinción de dominio a favor del Estado de todos los activos derivados de una actividad ilícita. No se trata de una expropiación porque el Estado no compensa ni paga por los activos que se recuperan. Se trata de una acción autónoma que comprende 2 fases:
* por un lado la investigación preliminar, y
* por otro la acción de extinción de dominio propiamente dicha .
La investigación preliminar está a cargo de un fiscal federal, se inicia de oficio o por información de cualquier persona física o jurídica), institución, funcionario u organismo público. Se reúne toda la prueba, se dictan medidas cautelares de protección de los bienes, se escucha a los terceros interesados. Concluida la etapa preliminar si existe mérito, se inicia la acción de extinción del dominio. El dominio se extingue por sentencia judicial.
La muerte del titular del derecho o de las personas que se hayan beneficiado o lucrado con alguno de los bienes, los productos o los instrumentos mencionados en la ley no extinguirá el ejercicio de la acción, ni la hace cesar, suspender o interrumpir.
Se crea un órgano particular para la administración de los bienes y los recursos recuperados. Los fondos recaudados serán destinados a programas contra la corrupción y a inversiones en infraestructura y equipamiento en materia educativa.
El acusado podrá ofrecer pruebas o negociar una sentencia anticipada. No podrá ampararse en el secreto fiscal, bursátil o profesional para defenderse, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Investigación Financiera tendrán la obligación de entregar al juez que lleva de la causa todos los datos que requiera.
Se prevén mecanismos de estímulo para la denuncia y la colaboración en el descubrimiento de la verdad, lo que permitir además la intervención de testigos de identidad reservada para garantizar su seguridad como colaboradores del proceso.
Se plantea recompensar a quienes hubieran intervenido aportando datos y pruebas para identificar el botín de los corruptos. Según el grado de esa colaboración, el juez puede darles hasta un 5% del valor de los bienes que ayudaron a recuperar. Si por hacerlo corren riesgo su vida o su trabajo, el Estado debe protegerlos. Pero si la información que aportan es falsa, deberán afrontar el costo de los daños.
El proceso es predominantemente oral, salvo las intervenciones escriturarias específicamente establecidas en la ley. Se garantiza a doble instancia con un recurso de apelación que sella el resultado definitivo del proceso.
En 2016, en un plenario de las comisiones Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores, juristas, profesores de derecho, fiscales, magistrados y hasta funcionarios del propio oficialismo, criticaron la iniciativa aprobada en Diputados.
"Mamarracho”, “papelón”, “escandaloso”, “inconstitucional”, “inaceptable”, “falto de sistematicidad y racionalidad”, “violatorio de los principios de legalidad, de culpabilidad y de inocencia”, fueron algunos de los calificativos.
Referentes como León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Edgardo Donna, Manuel Garrido, Félix Crous y Marcelo Sancinetti. Incluso algunos como el abogado Alejandro Carrió y los camaristas Guillermo Yacobucci y Julio Báez, defendieron conceptualmente la creación de este instrumento, pero no dejaron de marcar algunas diferencias con la redacción proveniente de la Cámara baja.
“Esta ley es algo similiar a un decreto de (Jorge Rafael) Videla, que les quitó los bienes a un montón de personas. Acá va a pasar lo mismo. La institución es inaceptable jurídicamente. ¿Cómo se les va a quitar los bienes sin condena?”, había afirmado Edgardo Donna y que Urgente24 recontruye de la versión taquigráfica de la reunión.
Donna, quien durante 2 décadas fue juez de la Cámara del Crimen de la Capital Federal, se refería al proyecto de extinción de dominio. La crítica central al proyecto se debió a que el Estado podría confiscar los bienes de aquellas personas por el sólo hecho de ser llamados a declaración indagatoria, sin que exista una condena. Donna remarcó precisamente la contradicción de que se le quiten sus bienes al momento de realizar un acto procesal que es parte del derecho de defensa del imputado. El profesor advirtió que con estas iniciativas “se está actuando según lo que a la prensa se le ocurre decir”.
Sobre esta iniciativa, el fiscal Crous advirtió además por la discrecionalidad con la que los jueces federales disponen actualmente de los bienes que son embargados o decomisados en las causas que investigan y reclamó mayor transparencia. Gil Lavedra, coordinador general del Programa para la Reforma Judicial “Justicia 2020”, consideró que hay falencias de “sistematicidad y racionalidad” respecto de otras normas del ordenamiento jurídico actual. El ex diputado radical consideró que la figura debería aplicarse sólo en los casos en los que no sea posible lograr una condena.
La trabazón de ese proyecto en el Senado se fundamentaría un supuesto interés del PJ-FPV de no aprobar una medida que podría utilizarse en causas por corrupción que tienen como involucrados y procesados, a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, al ex vice Amado Boudou, al diputado Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez, entre otros. Los senadores del PJ afirman que la difencias son sólo jurídicas.
El argumento que más se oyó en este tiempo en el Senado fue que el mayoritario bloque del Pj-FpV exigía garantías, antes de aprobarlo, de que Diputados no insistiría posteriormente con su proyecto original. Pero para asumir un compromiso de ese tipo el oficialismo necesita el el sí del diputado Sergio Massa.
"Si los diputados no se advienen de aprobar sin modificaciones nuestro poryecto de ley incorporando la exticnón de domino en el fuero penal, no habrá ley", le dijo a Urgente24 el presidente del bloque del Fente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, quien agregó: "Esto es lo que hemos conversado con el Gobierno y sobre todo con la ministra (Patricia) Bullrich".
Ocurre que el bloque del PJ-FPV del Senado no quiere aprobar el proyecto con modificaciones sin antes tener un compromiso de la Cámara de Diputados de que avalará esos cambios y no insistirá en la redacción original, a la que algunos senadores calificaron como "un disparate".
La novedad por estas horas, es que el oficialismo está buscando cerrar un acuerdo parlamentario a varias puntas que permita, finalmente, la sanción de la iniciativa. Aún falta afinar los detalles, pero en el oficialismo se muestran optimistas.
"Hay conversaciones para que Diputados no modifique lo que nosotros aprobemos. El Gobierno quiere avanzar pero con consenso de todos los sectores. Hicimos varios pedidos de preferencias pero la realidad indica que el tema está parado", señaló a Urgente24, el senador Julio Cobos (Cambiemos-Mendoza).
Para eso, se necesita un acuerdo político entre los referentes de los bloques mayoritarios de ambas cámaras. La idea que maneja el oficialismo es que antes que finalice el receso de invierno por vacaciones, haya una reunión entre sus máximos referentes y los de la oposición. tanto en el Senado como en Diputados. Los macristas Federico Pinedo y Emilio Monzó, los radicales Ángel Rozas y Mario Negri, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, serían de la velada.
Entre paréntesis: habrá que ver si el tigrense participa. El rumor en el Congreso es que Massa se correrá de esas conversaciones de mesa chica y delegará todo en la jefa de su bloque, Graciela Camaño. ¿La razón? Preservarse del desgaste público que pueden generar esas negociaciones. Massa aún recuerda cuando Elisa Carrió lo tildó de "extorsionador", en la previa de la campaña electoral para las presidenciales del 2015.
Las negociaciones con el Frente Renovador no asoman fáciles. En ese bloque están convencidos que el proyecto que votaron el año pasado es mejor que el que quieren imponer los senadores básicamente por un par de motivos: el decomiso de bienes adquiridos con dinero de origen ilegal podría ejecutarse de manera más ágil y de forma autónoma del proceso penal. Tampoco están de acuerdo con la prescripción de las causas establecidas por los senadores.
Hay, además, desconfianza que el proyecto que salga del Senado podría sufrir más cambios. Las suspicacias se basan en que en su discurso del 01/03 ante el Congreso, Mauricio Macri, pidió la sanción de "la ley de Extinción de Dominio de los bienes de narcocriminales". En realidad el proyecto en debate se refiere a incautación por más delitos como se explica es esta nota.
Pero más allá que en el Congreso siguen jugando "Anton Pirulero" y cada uno atendiendo su propio juego en este año electoral, esta semana se conoció el dictamen por el que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, acusan a la familia Kirchner de armar un negocio hotelero para lavar dinero
Pollicita y Mahiques pidieron al juez federal Julián Ercolini, que cite a indagatoria a la ex presidente Cristina Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, a otras personas, porque consideran que los hoteles sirvieron para blanquear dinero proveniente del delito originado en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza. Ercolini ya procesó a la ex Jefe de Estado por considerarla "prima facie" coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, ordenando un embargo por 10.000 millones de pesos.
Si la ley de extición de dominio hoy estuviera aprobada, los bienes de la familia kichner, Lázaro Báez y companía, pasarían a manos del Estado. También los US$ 8,5 millones que el ex secretario de Obras Públicas, José López, intentó esconder en un convento de General Rodríguez. Ni hablar de los US$ 4.664.000 encontrados en las Cajas de Seguridad del Banco Galicia pertenecientes a Florencia Kirchner. Los US$ 5 millones que el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, contaba en la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", de Puerto Madero, también serían parte de la arcas del Estado nacional. Más aún los bienes provenientes de los delitos provenientes en la causa de dólar futuro, los cohechos de la causa Odebrecht, etc, donde no se salva nadie, ni los de antes, ni los de ahora.