Otra constructora brasileña, en la mira por sobreprecios

CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Compacto Político). La justicia argentina sigue los pasos de otra constructora brasilera que obtuvo de la mano del gobierno kirchnerista, un millonario contrato sospechado de sobreprecio. Se trata de Camargo Correa, que avanza en la negociación para firmar al igual que Odebrecht, un acuerdo de culpabilidad. Se sospecha que mediaron pagos de sobornos para obtener la obra adjudicada por más de 400 millones de pesos. Ambas empresas son investigadas por el juez Sebastián Casanello.
Camargo Correa ganó junto a Esuco la construcción de una planta potabilIzadora y en la actualidad se encuentra negociando -en el marco del Lava Jato- la delación premiada. La justicia argentina buscará obtener información proporcionada por la firma si firma el acuerdo de culpabilidad, sospechando que podría haber pagado coimas en nuestro país.
La planta de Berazategui se licitó en 2007 por $324 millones. Un año después su monto fue modificado, ascendiendo el mismo a $404.670.998. Sin embargo, hubo una preadjudicación al consorcio integrado por Esuco y Camargo se hizo por una suma aún mayor: $481.764.394.
Los números no son la única pista que sigue la Justicia: este consorcio ofertó para la construcción de la planta Paraná de Las Palmas que fue adjudicada a Odebrecht, otra empresa investigada por corrupción y lavado de activos. El juez Casanello requirió a diversos organismos del Estado toda la documentación referida a las dos obras licitadas por AySA, y también a la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo la sospecha de una “posible cartelización” de las obras que dependían del organismo.
Camargo Correa es investigada por Casanello por las irregularidades detectadas en la construcción de la planta de Berazategui, bajo la premisa de que “existía una misma matriz, que incluía el reparto de las obras. "Odebrecht no puede ser analizada en soledad”, señalaron a Clarín fuentes judiciales.
Reuniendo estas sospechas, el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) confeccionó un crítico informe sobre las dos plantas potabilizadoras bajo investigación, que fue solicitado por la Agencia de Planificación (APLA) bajo la actual gestión e incorporado a la causa. El CAI consignó que ambos pliegos (la obra dada a Odebrecht y a Camargo Correa) estaban para licitar “pero no completos” para el procedimiento y que las ofertas se realizaron “llamativamente, casi en simultáneo”.
Puntualmente, sobre la obra que tuvo Camargo junto a Esuco, la auditoría señala que pese a los constantes retrasos: en 465 días se avanzó lo correspondiente a 100 días, “se perdonaron multas” y AySa firmó modificaciones en la obra sin la autorización de la APLA, algo que correspondía por ley. Asi y todo se firmaron adendas y se adicionaron obras que no estaban contempladas en el pliego aumentando su costo.
Respecto a la planta construido en Paraná de Las Palmas, el CAI señaló que “no queda en claro la fecha de recepción de la obra” y al igual que el otro consorcio, Odebrecht tuvo “multas perdonadas” y su retraso de ejecución fue de más de 60 meses.
Ante estas irregularidades se reiteró que AySa careció de “mecanismos de control sobre el procedimiento de redeterminación de precios de los certificados de obra”. En el caso de Odebrecht, representó un incremento del valor original del 78%.
La información sobre las obras entregadas a los consorcios de firmas brasileras continúan sumándose con las sospechas en “los sobreprecios que podrían ser resultado del pago de coimas por parte de las empresas”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.