Refuerza el Gobierno su estrategia para el caso contra la expropiación de YPF en Estados Unidos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El procurador general de la Nación, Bernardo Saravia Frías, llegó hoy a Nueva York para la audiencia de la cámara de apelaciones, que se llevará a cabo pasado mañana, en la que se definirá si el juicio iniciado por el fondo Burford contra la Argentina se mantiene o no en los tribunales norteamericanos.
Así lo informaron fuentes oficiales a LA NACION, que precisaron que el funcionario viajó anoche a los Estados Unidos, para reunirse desde hoy con los abogados que defienden al Gobierno en el exterior.
Burford reclama que el gobierno kirchnerista no indemnizó a Petersen en la expropiación de YPF, a diferencia de lo que ocurrió con Repsol. Luego de que la jueza Loretta Preska fallara en primera instancia en contra de cambiar la jurisdicción a la Argentina, ahora el Gobierno apuesta a una serie de argumentos que escucharán los camaristas Guido Calabresi, Ralph Winter y Denny Chin el jueves por la mañana.
Para el Gobierno, uno de los ejes centrales para que la justicia norteamericana cambie su ánimo es que se levante la demanda que Angela Abbona, procuradora en el kirchnerismo, inició en la Argentina contra los abogados del estudio King & Spalding’s y Burford.
De hecho, la jueza Preska cita en su fallo esta demanda de Abbona, como una de las causas para desestimar que el caso pueda tratarse en los tribunales argentinos (bajo la doctrina de "forum non conveniens", por la cual un tribunal competente goza de la discrecionalidad necesaria para declinar su jurisdicción en base a que el tribunal apropiado se encuentra fuera del país). "Los demandantes han argumentado que la Argentina es un foro inadecuado por las amenazas del gobierno argentino de persecución criminal contra King & Spalding’s y Burford", indicó en su fallo Preska.
Por esta razón, Saravia Frías trabajaba para dar de baja este reclamo, como parte de la estrategia oficial para demostrar que, desde la salida del kirchnerismo, mejoró la seguridad jurídica en el país. La Procuración ha trabajado junto al Ministerio de Finanzas en este caso. Fuentes oficiales aseguraron que el caso, que está en el juzgado vacante de Norberto Oyarbide, "está para archivarse", aseguraron que "mañana mismo podría estar cerrado" y aclararon que la denuncia está referida a Aerolíneas y no a YPF.
Los abogados de la Argentina, como informó LA NACION la semana pasada, argumentarán que los tribunales norteamericanos no tienen competencia para tratar la demanda iniciada por el grupo Petersen -y que tomó el fondo de inversión Burford- por la doctrina del "Act of State", que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio. "La expropiación es constitucional y fue avalada por el Congreso", indicaron los abogados de la Argentina, defendiendo la polémica decisión del kirchnerismo .
La Argentina, indicaron, es un estado soberano y por lo tanto inmune a ser sancionado por actividades comerciales que no fueron tales en el caso de esta expropiación, ya que está protegida, como otros países en EE.UU., por la Foreign inmunity act (FSIA).
Una vez que la cámara se expida sobre la cuestión jurisdiccional, comenzará el tratamiento de la cuestión de fondo, por la cual Burford reclama unos 3000 millones de dólares. En este sentido, aunque el juicio se mantenga en los tribunales norteamericanos, la discusión se regirá por las normas del derecho societario argentino, aclararon las fuentes oficiales.