Vendía armas por Facebook y las entregaba en un supermercado chino

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El grupo "Cirujeando VGG" en Facebook es un típico mercado a red abierta. Orientado a la comunidad de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad parte del Gran Rosario en el sur de Santa Fe, sus once mil miembros le hacen honor a su nombre vendiendo lo que sea. Uno puede encontrar buenas ofertas en puertas y ventanas, celulares viejos, ropa usada, hasta combos de carnicerías y lechones recién faenados a 85 pesos el kilo. También se pueden encontrar armas de fuego de alto calibre.
En marzo pasado, D.A.C, un hombre de Villa Gobernador Gálvez de 31 años, ofreció en el grupo un revolver calibre .38 de seis tiros a 7500 pesos. "Largo especial, no falla", aseguró. Luego publicó el arma en otros tres grupos más. El posteo despertó la atención de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que fue tras el rastro a D.A.C bajo las directivas de la Fiscalía de Causas de Armas Ilegales del doctor Lucas Altare luego de varios seguimientos. Ayer, por la tarde, D.A.C terminó esposado en el pavimento por la Policía de Investigaciones a metros de un supermercado chino en la esquina de Constitución y Amenabar.
El operativo de la Policía santafesina fue una suerte de emboscada: el hombre de la pistola iba a encontrarse con O.M.A, su presunto proveedor, un rosarino de 30 años que llegó a bordo de un Fiat Palio y que también fue arrestado: llevaba una Bersa.9 mm en el cinto con un clip de once balas en el bolsillo, así como una caja de municiones calibre .45 en el baúl.
El supermercado luego fue registrado. Se sospecha que D.A.C trabajaba ahí como custodio, presuntamente haciéndose pasar por policía. No solo le encontraron una gorra con escudo oficial; también se incautó, casualmente, un revólver calibre .38 con el tambor lleno.
El revólver, sin embargo, fue solo un arma más en la lista final: el operativo incluyó otros tres allanamientos más, incluido uno a la casa de D.A.C. Otros dos presuntos cómplices del armero trucho también fueron arrestados, una mujer de 47 años y un extranjero. La hipótesis: el grupo conformaba un típico negocio minorista de venta de armas a delincuentes.
El pequeño arsenal que resultó de los allanamientos fue llamativo: siete pistolas, incluida una Bersa .380 y una Remington .45, tres revólveres, incluido un .38. La casa de D.A.C tenía gran cantidad de municiones: 120 cartuchos calibre .308, cargadores para fusil FAL y ametralladoras nacionales FMK3. Se encontraron hasta granadas lacrimógenas de fabricación argentina y española y postas antidisturbios.
Lo más sorprendente, sin embargo, fue la indumentaria: un equipo completo de policía santafesino con camisa y pantalón de fajina, chalecos reflectantes, dos chalecos antibalas, dos handys y juegos de esposas. También, en caso de un cambio de jurisdicción, la banda de D.A.C tenía una chapa de la Policía de Entre Ríos. Había tecnología criminal: se les incautó un inhibidor de señales, usado, por ejemplo, por piratas del asfalto en sus ataques para anular las comunicaciones de celulares de sus víctimas.
La compra y venta de armas no es algo no es nuevo para Rosario. A fines de agosto del año pasado, la División Sur de Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones desbarató un negocio al menos conveniente en la calle Castellanos al 3400: un servicio de alquiler de armas con 19 ítems en la lista, incluida una ametralladora semiautomática con el cañón adaptado para silenciador.
En marzo de 2016 se encontraron casi 600 armas sin registrar en más de cien comisarías y subcomisarías. Ese mismo mes, dos jóvenes de apenas 18 y 22 años fueron detenidos a bordo de un Peugeot 306 en la zona oeste del Gran Rosario. En el baúl, junto a una pelota de fútbol, tenían un virtual arsenal de neto origen militar suficiente para atacar un blindado: dos granadas para fusiles FAL, una granada antitanque para lanzacohetes, un rifle de asalto calibre .308 con mira telescópica comúnmente empleado por francotiradores, dos pistolas y decenas de municiones. Uno de los explosivos provenía de la polémica planta de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán, que funcionó bajo control de La Cámpora.