Gils Carbó, DNU, Magistratura y Senado: Fue un mal día para la Casa Rosada
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político).
Fracaso 1: Consejo de la Magistratura
El bloque peronista en el Senado anunció su “firme respaldo” a la continuidad del senador Ruperto Godoy (FpV/San Juan) en el Consejo de la Magistratura, a pesar de los 2 fallos judiciales que ordenaron su desplazamiento.
Godoy continuará así hasta que esté firme la sentencia, pero lo más grave para el Gobierno es que el bloque decidió que su reemplazo, en el caso que no pueda mantenerlo, no serán los que esperaba Cambiemos. La Casa Rosada había apostado (se ignora con qué fundamentos) a que Godoy sería reemplazado por moderados tales como Sigrid Kunath (FpV/Entre Ríos) o Rodolfo Urtubey (FpV/Salta)..
El bloque habló en una conferencia de prensa en el Salón Illia, con la presencia de Godoy, y de Miguel Pichetto (FpV/Río Negro) en rol de vocero. Pichetto manifestó su “posición unívoca de dar un firme respaldo a la continuidad de Godoy en el Consejo de la Magistratura, cargo que desempeña desde hace 2 años y medio”.
Pichetto dijo que en la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura prevista para este jueves 13/07 -la última antes de la feria judicial-, Godoy “va a estar presente, con copia del recurso extraordinario presentado” para respaldar su continuidad en ese organismo, en contra del fallo del juez Enrique Lavié Pico, quien consideró no puede integrar el Consejo porque no es abogado.
El senador Pichetto reiteró varias veces que “está en juego la continuidad de un legislador que representa a una Cámara federal como es el Senado”, y que la decisión de apartarlo “avasalla, lesiona y agravia la toma de decisiones de otro poder como es el Legislativo”.
Si Godoy no siguiera, su reemplazo será el también kirchnerista Mario País (FpV/Chubut), que es como si continuara Godoy.
En este contexto, Cambiemos no podrá desplazar al camarista Eduardo Freiler.
Fracaso 2: Nueva renuncia a despedir a Gils Carbó por decreto
Otra vez el Ejecutivo Nacional renunció a su deseo de desplazar por decreto a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, según lo informado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
"Lo descarto", sostuvo el funcionario, contradiciendo al diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, quien ahbía afirmado que estaba en análisis la posibilidad de echar a Gils Carbó por decreto si ella era procesada como consecuencia del pedido de indagatoria que hizo el fiscal federal Eduardo Taiano para que la procuradora declare por el supuesto fraude cometido por un funcionario de su jurisdicción en la compra de un edificio.
Tonelli había afirmado: "No descarto para nada la posibilidad de un decreto para destituir a la procuradora. La parcialidad de Gils Carbó está evidentemente demostrada y aprobada en su desempeño y no en sus antecedentes".
Garavano consideró que "la procuradora debería pedir licencia y asumir su defensa en un proceso penal", ya que -a su entender- la permanencia en el cargo configura una "situación institucional gravísima".
Garavano venía de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Salón Eva Perón la Casa Rosada. En el interín, la diputada nacional Elisa Carrió había reiterado su oposición al decreto, señalando que la procuradora debía ser removida por juicio político.
Por lo tanto, Garavano cerró la puerta que había abierto Tonelli.
Carrió había escrito en Twitter: "Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación. O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución".
Fracaso 3: Ley de Responsabilidad Social Empresaria
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV/Entre Ríos) acordó congelar hasta después del receso invernal el proyecto de responsabilidad penal empresaria, aún no girado desde la Cámara de Diputados.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió ante la Comisión el denominado “artículo Odebrecht”, pero Guastavino habló de “errores bastante groseros” y el jefe del bloque, Miguel Pichetto, agregó que hay ciertos “artículos contradictorios (el caso del texto con el artículo 258 bis del Código Penal, relativa al aumento de penas por los delitos contra a la administración pública). Hay que sacar la ley del contexto electoral. Tenemos que actuar con seriedad, no con demagogia punitiva”.
Todo indica que habrá cambios al proyecto, que en ese caso volverá a Diputados, que aprobó el miércoles 05/07 el texto enviado desde el Poder Ejecutivo, en una sesión de cuartos intermedios y negociaciones a que obligó la oposición, y que provocaron la modificación de varios artículos, y la incorporación de nuevos.
Garavano defendió el proyecto original: “Es importante que las personas jurídicas tengan responsabilidad como tales, más allá de las personas físicas que ejercen la dirección. Puede haber accionistas miembros del directorio que terminen beneficiándose de actividades lucrativas ilegales, y eso hoy no tiene ninguna consecuencia”.
También reivindicó el ya inexistente artículo 37 del proyecto original, que daba a las empresas la posibilidad de concretar acuerdos de “colaboración eficaz” por la vía administrativa, para obtener el cese de la persecución.
Fracaso 4: Puertos patagónicos
El Senado realizará este miércoles 12/07 una sesión especial en la que se destaca el rechazo a un decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri. Si esto se confirma será otro revés político para el Gobierno aún cuando falte que también lo rechace Diputados para que tenga cumplimiento la caída del DNU 1199/16 (la Ley 26.122/2006 establece que ambas cámaras deben ser las que voten en contra de un Decreto de Necesidad y Urgencia).
Ese DNU fue firmado por Macri para dejar sin efecto los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, un sistema creado por su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner.
Los senadores nacionales que representan a las provincias de la Patagonia consiguieron incluir en el temario su dictamen, algo que reclaman desde hace varios meses pero que quedó en suspenso luego de que la Casa Rosada abriera una negociación con los gobernadores de esa región.
Vencidos todos los plazos que había pedido el Gobierno para tratar de encontrar una solución alternativa al reclamo de los mandatarios patagónicos, el dictamen de rechazo será incluido en una sesión de la Cámara alta.