Sindicalistas, jueces y legisladores en la mira: el Gobierno envió un proyecto de ética pública al Congreso

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Con la intención de dar un fuerte debate político en medio de la campaña electoral, el Gobierno decidió enviar hoy al Congreso un ambicioso proyecto de ley de ética pública que contempla, entre otras cosas, mayores controles a legisladores, jueces, sindicalistas y a los propios funcionarios del Poder Ejecutivo en relación a situaciones de conflicto de intereses. El texto incluye una cláusula anti-nepotismo, mayor autonomía para la Oficina Anticorrupción (OA), un nuevo régimen de declaraciones juradas de bienes y restricciones para compras o contrataciones del Estado.

Según confirmaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, el proyecto de ley ya fue firmado por el presidente Mauricio Macri se envió al Congreso para dar un amplio debate que incluirá audiencias públicas y consultas a especialistas.

El presidente Mauricio Macri quiere ejercer una fuerte presión social para que se apruebe cuanto antes como una muestra de transparencia y de lucha contra la corrupción por parte de los parlamentarios.

El proyecto de ética pública que reemplazará a la ley de 1999 fue elaborado por una comisión especial en la que intervino la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso, un equipo de la jefatura de Gabinete coordinado por Fernando Sánchez, el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y la Secretaría legal y Técnica, donde Pablo Clusellas le dio el retoque final al texto.

“Se trata de un proyecto novedoso y revolucionario en términos de lucha contra la corrupción. Contempla mecanismos de avanzada en cuanto a transparencia en el Estado para todos los poderes”, detalló a Infobae uno de los funcionarios que lideraron la redacción del proyecto de ley de ética pública. La iniciativa también es una ampliación de un decreto presidencial que hoy sólo rige para el Poder Ejecutivo, ya que traslada exigencias de ética al Poder Judicial, al Congreso y a los sindicalistas además de los funcionarios del Gobierno.

Entre los puntos centrales y novedosos que contemplará el proyecto de ley de ética pública figuran:

 – Conflicto de intereses. La iniciativa oficial prevé extender a los tres poderes la cláusula de conflicto de intereses que hoy rige para funcionarios del Gobierno. Así, por ejemplo, los jueces o legisladores se deberán abstener de contratar personal, definir obra pública o adquirir servicios si existiere algún tipo de incompatibilidad con su función, su pasado reciente o la actividad desempeñada con antelación al cargo que ocupe.

En el caso de los parlamentarios, se agregará una cláusula revolucionaria ya que habilita a los diputados o senadores nacionales a pedir un permiso especial de abstención en el caso de que se trate un proyecto de ley que presente cierto conflicto de interés con su cargo. Es que por Constitución Nacional no se les puede prohibir a los legisladores no votar ya que ello es una facultad delegativa de la ciudadanía. Pero sí les habilita a excusarse o abstenerse ante un caso concreto de una ley.

– Declaraciones juradas. El nuevo régimen de declaraciones juradas electrónico que se exigirá por ley para los tres poderes no solo será mucho más exhaustivo y detallado que el actual. También este sistema será extensivo para los sindicalistas ya que en el Gobierno entienden que la transparencia de sus bienes resulta ser esencial teniendo en cuenta que el Estado gira fondos para las obras sociales sindicales y ello debe ser controlado de alguna manera por el Poder Ejecutivo. El nuevo régimen de declaraciones juradas prevé también que los bienes se presenten con el valor real de mercado y no por tasa inmobiliaria.

– Cláusula anti-nepotismo. Hasta ahora los funcionarios del Gobierno de alta jerarquía están alcanzados por esta normativa que prevé la prohibición estricta de contratar familiares directos en cargos relacionados con sus funciones. El nuevo proyecto de ley de ética pública prevé que los jueces y legisladores se sometan a esta norma aunque en todos los casos impide que se objete el ingreso de familiares directos en otras áreas del Estado que hayan entrado por concurso.

Al igual que ocurrió en el Gobierno el año pasado, la idea del oficialismo es que si se aprueba esta ley sea retroactiva para aquellos familiares que hoy ocupan cargos que rozan la incompatibilidad señalada. Es decir, esos cargos deberán darse de baja automáticamente.

– Conflicto de interés financiero. Se añade en este caso un artículo novedoso en lo que hace a la tenencia o compra de bienes, al igual que a las transferencias de dinero por parte de jueces, funcionarios del Gobierno y legisladores. En estos casos se prevén multas y penas para aquellos que realicen operaciones financieras vinculadas con sus actividades o funciones.

– Oficina Anticorrupción. El proyecto de ley prevé que el futuro titular de la Oficina Anticorrupción se defina por medio de una consulta pública y el mandato se fije por 5 años, igual que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Pero con una salvedad: el mandato del titular de la OA no deberá coincidir con el presidencial. Es decir que un jefe de Estado tendrá siempre un funcionario de la OA que no fue designado por su administración. El proceso de selección lo hará el Presidente pero será público y la OA tendrá mayor autarquía de funciones y presupuesto.

– Tenencia accionaria. En el nuevo régimen de conflictos de intereses, se clasifican los supuestos conflictos e incompatibilidades de los funcionarios y se incorpora un capítulo especial de la “tenencia accionaria”, una figura que hoy no existe. Este tema resulta ser muy sensible si se tiene en cuenta la polémica que se desató tras el acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino por la deuda que la empresa tiene con el Estado que aún sigue bajo investigación judicial y ya fue imputado el ex ministro de Comunicación y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Fuente: Infobae