Las provincias quieren prorrogar sus deudas con la Nación

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). ¿Les dará la Nación a las provincias el mismo aire que les pedirá a los acreedores privados y al FMI, prorrogando el pago de capital, como conversaron representantes del oficialismo y la oposición cuando acordaron respaldar por unanimidad el proyecto enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para restaurar la “sostenibilidad” de la deuda pública?

Aquella vez, en una reunión en la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se acordó formar una “Comisión” para tratar la deuda de las provincias con la Nación. Del otro lado estaban el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, entre otros.

“Fuimos escuchados por el Gobierno y crearemos un espacio formal de diálogo para debatir la deuda de las provincias”, dijo a la salida el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri. El oficialismo abrochó así la unanimidad del voto en la Cámara Baja. La declaración conjunta señaló como objetivo “elaborar un proyecto de reforma de la Ley N° 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objetivo de propender a la sostenibilidad de la deuda pública provincial, facilitando el acceso de las jurisdicciones locales a mejores condiciones financieras y al endeudamiento con organismos internacionales de crédito y con programas nacionales”.

No tan así

Horas después, sin embargo, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, empezó a limitar el alcance de la voluntad oficial al advertir que el pedido de las provincias de prorrogar por dos años la deuda con el organismo a una tasa del 6% anual equivaldría a una pérdida del 60% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el principal “chanchito” del sistema previsional.

La Anses es uno de los principales acreedores en virtud de un préstamo acordado en 2016 a todas las provincias, excepto Santa Fe, San Luis y Córdoba, que habían obtenido un fallo a su favor de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo era equiparar a las restantes por las detracciones a la Coparticipación que el gobierno nacional había seguido haciendo a todos los distritos para financiar el sistema previsional, incluso después de 2008, cuando reestatizó por completo el sistema y cesó el fundamento por el que se había iniciado aquella detracción.

Urgido por la Corte, el Gobierno de Macri restituyó el 15% a las tres provincias que habían ganado el juicio y se comprometió a restituirlo a las demás, a razón de 3% cada año. Esa devolución se completa, precisamente, este año. Además, a través de la Anses, la Nación prestó dinero a las provincias a un plazo de 4 años, durante los cuales pagaron intereses de entre el 14 y el 12%. La devolución del capital recae este año.

El caso de Mendoza

Así es por lo menos para Mendoza, que en agosto debe afrontar vencimientos con la Anses por 1.200 millones de pesos y con el Banco Nación por 3.500 millones. Además, la provincia negocia autorización de Nación para poder endeudarse en dólares.

Mendoza, al igual que prácticamente todas las provincias, pretenden “rollear”, es decir refinanciar por un tiempo esos vencimientos, pero la Anses, a través de Vanoli, resiste esa posibilidad. Vanoli le concedió una prórroga de 6 meses al gobierno bonaerense, de Axel Kicillof, al 7% anual, pero dice que el caso fue diferente, por seruna prórroga más corta y para una letra en dólares. El préstamo a las provincias, en cambio, es deuda en pesos e involucra a demasiados distritos.

“Yo me quedo con el compromiso asumido por ambas bancadas”, dijo aInfobae Lisandro Nieri, ministro de Hacienda de Mendoza, quien también señaló que la provincia están “trabajando” para ver cómo afrontan los vencimientos con el Banco Nación.

El gobierno mendocino tiene motivos para desconfiar. Esta semana diputados provinciales kirchneristas de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén se reunieron para cuestionar públicamente la nueva fecha de licitación para la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, una obra largamente anhelada por los mendocinos, pero que incluso la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, mendocina y una de las favoritas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, llegó a cuestionar porque “el proyecto está mal planteado”.