Tres diputados que responden a Elisa Carrió denunciaron a los jefes de la Unidad de Información Financiera por el caso Vicentin

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Tres diputados que responden a Elisa Carrió denunciaron hoy en Comodoro Py a los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz y Mariana Quevedo, por presunta divulgación de secreto de datos clasificados en el marco del caso Vicentín. Sospechan que habrían hecho llegar al presidente Alberto Fernández reportes de operaciones sospechosas, en base a declaraciones que hizo el titular del Ejecutivo. La presentación fue hecha por los diputados Paula Olivetto, Mariana Zuvic y Juan López y recayó por sorteo en el juzgado de María Servini.

La denuncia repasa que la UIF se presentó pidiendo ser querellante en la denuncia penal por las irregularidades del Banco Nación en los créditos otorgados al grupo Vicentin y acusó al ex presidente Mauricio Macri de lavado de dinero. Allí se basó en los informes que hizo el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, quien hoy fue a los tribunales de Comodoro Py para dar precisiones de esas evaluaciones ante el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación.

Lo que los diputados de la Coalición Cívica señalaron es que, en una entrevista, el presidente Alberto Fernández se refirió al caso y la decisión de la intervención, y aludió a un Reporte de Operación Sospechosa sobre esa empresa.

“La Unidad de Información Financiera no habla de ningún ROS en la presentación. Y es por ello que la Justicia debe efectuar una pesquisa a efectos de investigar cómo el Presidente de la Nación tomó conocimiento de un reporte de operación sospechosa sobre la empresa Vicentin, en virtud de que es información que nunca debió tener, por el carácter de confidencial que tiene la misma, y que nunca pudo requerir, por el carácter autónomo que tiene la Unidad de Información Financiera”, dijeron.

Tras aclarar que esta presentación no buscaba “en ningún modo obstruir la investigación en curso contra el grupo Vicentin, ni avalar el accionar de sus directivos”, los denunciantes advirtieron: “El temor fundado a que la Unidad de Información Financiera se convierta en un elemento del Estado utilizado para los objetivos políticos, de impunidad o de persecución del actual gobierno hace necesario que los hechos relatados sean investigados con rigurosidad”.

Según se repasó en la denuncia, en una entrevista, “el Presidente de la Nación se refirió a que tendría conocimiento de la existencia de un reporte de operaciones sospechosas sobre la empresa Vicentin. Sin embargo, en la presentación efectuada en la Justicia federal por parte de la Unidad de Información Financiera, en ningún momento se hace referencia ni se menciona un reporte de tal naturaleza”.

En la denuncia presentada hoy, Olivetto, Zuvic y López afirmaron: “¿El Presidente de la Nación está en conocimiento de un reporte de operaciones sospechosas sobre la empresa Vicentin? ¿De dónde obtuvo esa información? Dado que de la denuncia de la que él dice haber obtenido esa información, no surge. Lo expuesto adquiere especial relevancia a poco de que veamos las leyes que regulan el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera”.

Textualmente, al hablar de esa intervención en una nota con radio Rivadavia, Alberto Fernández afirmó: ”Vienen diciendo que Vicentin está en caída libre, que ningún productor le lleva sus granos a Vicentin, que vive de alquilarle a otros sus instalaciones, que en estos términos no tiene futuro. Escuché todo eso, después vi las investigaciones que se hicieron en el Banco Nación y cómo esos créditos fueron evolucionando. Eso termina en una denuncia penal que se está investigando y después la UIF se presenta como querellante en esa causa a partir de un reporte de operaciones sospechosas que recibe sobre la empresa. Entonces ya la preocupación es muy grande”.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, imputó Javier González Fraga –el último presidente del Banco Nación durante el macrismo– y a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentin. Pero para la UIF, las irregularidades solo podrían haberse llevado adelante “en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”. Y por eso quiere avanzar sobre Mauricio Macri, los ex titulares del Banco Central y Nación, Guido Sandleris y González Fraga, y directivos de Vicentin y los acusa de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. También solicitó que se ordene una inhibición general de bienes para todos.