La fiscal de la Corte Penal Internacional determinó que la dictadura de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda anunció este lunes que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (del país caribeño) han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.

En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”. “La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explica.

La fiscalía comenzó con el examen preliminar en febrero de 2018, luego de que un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- remitieran la situación. La solicitud tiene como punto de inicio el 12 de febrero de 2014, pero la investigación lo ubicó en abril de 2017. Venezuela también es un Estado Parte de la CPI, y el órgano investigará formalmente la situación si determina que el país caribeño no puede o no quiere hacerlo por cuenta propia.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

La OEA, en tanto, actualizó a principios de diciembre un informe que había remitido a la CPI donde llegó a las mismas conclusiones. Y criticó duramente al organismo al considerar que no actúa con la celeridad suficiente.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

La investigación también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que “la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”. El documento de la OEA certifica además 15.501 detenciones arbitrarias.

Sin embargo, dice, “debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía”.

La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la CPI desde su concepción, aunque no todos han pasado tiempo tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.

El informe completo: