La vida al límite de Juan Ramón, acusado del millonario robo al banco de Lan

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Juan Ramón Olivera Amaya fue arrestado por la Bonaerense el miércoles 23 de diciembre, dos días antes de Navidad. Personal de la Comisaría 5° de Lanús lo había encontrado en Villa Diamante a bordo de dos autos con una Bersa Thunder Mini y dos equipos de comunicación más una docena de balas y dos cómplices una década más jóvenes que él, un ex empleado de una fábrica, vecino de Gerli y otro joven de Claypole. Cinco horas antes, según la acusación en su contra, los tres habían marcado y seguido a un gerente del Banco Provincia de Villa Diamante en Lanús desde su casa en Capital para capturarlo, amenazarlo con fotos de su familia, atarlo con precintos y básicamente usarlo de llave humana para robar $1,5 millones de la sucursal. Ni siquiera enfrentaron resistencia: un empleado de seguridad en el banco cayó desplomado al piso por una baja en su presión arterial.

Así, cargaron la plata en una camioneta Toyota Hilux roja y escaparon, para cambiar supuestamente de auto en su fuga. El gerente regresó a su casa, aterrado, con una custodia policial. Era obvio que Olivera Amaya, de 41 años, con domicilio en el complejo habitacional Don Orione de Almirante Brown, no encajaba del resto de la banda, que tenía otra historia, una biografía más larga y caliente.

Juan Ramón se convertía así en un anacronismo criminal, caído entre las fisuras de la historia contemporánea del hampa: mientras delincuentes de carrera se convierten en estafadores de jubiladas para llevarse mucho más que un millón y medio de pesos en golpes sin sangre y con penas en suspenso, él optó por presuntamente salir con dos desesperados a punta de pistola para robar un banco, un reflejo literalmente de otro tiempo.

La entrada de la sucursal asaltada.

El Consejo Correccional de la cárcel de Marcos Paz avaló su liberación. Un equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución penal que supervisaba su condena elevó un reporte en donde indicó que “al momento de la evaluación, que presentaría una tendencia favorable de integración al medio libre, sin perjuicio de que en la actualidad no existen dentro de nuestras disciplinas, herramientas que permitan predecir con certeza conductas humanas futuras”.

Es decir, nadie tiene la bola de cristal de la reincidencia.

Olivera Amaya y sus dos cómplices.

Los informes parecían contradictorios. La decisión de la Cámara era el resultado de una apelación: el 23 de enero de 2019, el Juzgado de Ejecución Penal N°3 había rechazado darle la libertad condicional a Juan Ramón con un reporte original que habló de “incontables dificultades (…) para mantener una regularidad en tránsito del régimen penitenciario progresivo”. Uno de los magistrados afirmó en su voto de los informes carcelarios no surgía que Olivera Amaya “haya adquirido herramientas relevantes que le permitan optar por un modo de vida alejado de la actividad delictiva y es claro que tal déficit fue motivado por el hecho de que, durante gran parte de su detención, aquél rechazó la oferta de tratamiento que le dirigió la autoridad penitenciaria”. Tres meses después, la Sala II de la Cámara ratificó la decisión.

En todo caso, a Juan Ramón le quedaba ciertamente un tiempo de encierro. Su pena, según documentos judiciales a los que accedió Infobae, se hubiese dado por cumplida el 11 de diciembre de 2022. El monto total: 17 años de cárcel.

La pistola y los handies incautados a la banda.

La pena incluyó también a sus viejos alias, “Germán Palacio” y “Rubén Darío Guasconi”. El monto era, básicamente, un condensador de la vida de Olivera Amaya en el sistema penal. Comprendía principalmente, la condena que el TOC N°15 le dictaba el 29 de junio de 2009, 12 años y cuatro meses de cárcel con cuatro penas unificadas por robo a mano armada, falsificación de documento, veredictos que databan al menos desde 2006, con un acuerdo tras un juicio abreviado. En 2009, el Tribunal N°2 de Mar del Plata también lo había condenado por abuso de armas, resistencia a la autoridad, lesiones culposas. Tres años después, el Tribunal N°10 de Lomas de Zamora lo condenó por otro robo a mano armada, seis años de cárcel más.

Los planteos de su defensa llegaron hasta Casación Federal en 2015. Allí, contó la historia de su vida: cómo vivía de changas y con la ayuda de su familia en una casa de Villa Soldati, habló de la muerte de su padre cuando tenía apenas ocho años, un derrame cerebral, su juventud turbulenta. Recordó que, otra vez, confesó muchos de los hechos que le imputaban. En diciembre de ese año, la Sala I de Comodoro Py rechazó su recurso. Al menos según cotejos con sus registros personales, Juan Ramón ya llevaba más de siete años preso en ese entonces.