La AFIP investiga a unas 2.000 empresas que recibieron ATP y no cumplieron con los requisitos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). . La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una investigación sobre las empresas que fueron incluidas en el programa ATP, la ayuda estatal para el pago de salarios que se implementó durante 2020. La semana pasada, 2.066 firmas que recibieron la asistencia para el pago de sueldos —en distintas modalidades— fueron notificadas por el organismo sobre “posibles incumplimientos” en las condiciones para acceder al programa oficial y deberán realizar el correspondiente descargo.

Aunque en las notificaciones no se detalla cuál es el incumplimiento por el cual es investigada la empresa, desde la AFIP indicaron que el aviso se basa en la información que reciben desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) y desde el Banco Central (BCRA). Entre los requisitos que debían cumplir las empresas para recibir la ayuda del programa ATP se incluye, por ejemplo, que no podían distribuir utilidades, recomprar acciones, comprar dólar CCL o dólar MEP o transferir fondos a firmas establecidas en paraísos fiscales. Estas limitaciones tiene vigencia hasta 12 meses después del otorgamiento del beneficio para las empresas de menos de 800 empleados y de 24 meses para las de más de 800 empleados.

• Los incumplimientos traen aparejados el consecuente decaimiento de los beneficios acordados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción

Por otro lado, las empresas beneficiarias del programa tampoco pueden incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de 5%, lo que incluye los pagos adicionales, bonificaciones u honorarios extraordinarios vinculados al cumplimiento de determinados resultados.

Las empresas que recibieron la asistencia debían cumplir varios requisitos financieros

Las empresas tendrán la oportunidad de realizar su descargo y, luego, las que efectivamente hayan incumplido con las condiciones deberán realizar la devolución de los montos que hayan recibido, aunque aun no se definió la modalidad. “La devolución incluye una multa y los intereses, pero el mecanismo se establecerá en los próximos días. La devolución será al Estado Nacional, puede ser al ministerio de Economía o al Banco Central en el caso de los créditos subsidiados, a la Anses o directamente a la AFIP, depende de la modalidad de la asistencia recibida”, explicó a Infobae Carlos Castagneto, titular de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

Aunque por el momento solo se trata de empresas, Castagneto adelantó que también se realizarán cruces con la información de los monotributistas que recibieron beneficios durante 2020 y que también tenían que cumplir con algunas restricciones para realizar operaciones financieras.

“Lo primero que tienen que hacer las empresas es identificar qué requisito incumplieron y cuándo lo incumplieron. Porque las inducciones que se recibieron no lo especifican expresamente, solo dan cuenta de que se incumplió alguna de las restricciones que existen. Luego, las empresas tienen que analizar qué ATP deberían devolver, más los intereses. Es importante saber cuándo incumplieron la restricción porque las restricciones fueron cambiando y no es lo mismo una empresa con menos o más de 800 empleados”, explicó Ezequiel Passarelli, especialista en impuestos.

• Durante el último mes del año pasado, el Gobierno informó que el programa ATP permitió el pago del salario complementario correspondiente a noviembre de 33.873 empresas

Durante el último mes del año pasado, el Gobierno informó que el programa ATP permitió el pago del salario complementario correspondiente a noviembre de 33.873 empresas, lo que representó a 536.312 trabajadores con una inversión superior a $10.000 millones.

Mercedes Marco del Pont, titular de la AFIP (Télam)

Por otro lado, esta semana se retomará la reunión de rutina del gabinete económico y trascendió que uno de los temas en agenda es el rebrote de coronavirus y la posibilidad de tener que volver a implementar medidas restrictivas y, como consecuencia, establecer programas de apoyo económico a hogares y empresas, como fueron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el ATP.