Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, pidió asilo político en Uruguay

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, pidió asilo en Uruguay, según una carta que difundió públicamente esta noche. El ex funcionario del gobierno anterior, integrante clave de la denominada “mesa judicial”, está acusado en la Justicia con un procesamiento firme de integrar una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios.

El operador judicial macrista planteó en la carta que pedía el asilo político debido a que, según su entender, “ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. Había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba.

“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, asegura Rodríguez Simón en la carta.

En el inicio de la carta, el operador de Macri informa que pidió “asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias. Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”.

José Torello, Balbín (que renunció Enemistado con la mesa judicial) Marcos Peña, Garavano, Pepín Rodríguez Simón y Quintana, en la Casa Rosada.

LA CARTA DE PEDIDO DE ASILO

Quiero contarles que solicité asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas
internacionales complementarias. Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme.

Los empresarios Cristobal López y Fabián De Souza, con la colaboración del abogado Carlos Beraldi -de promiscua relación con el fiscal Marijuan-, me denunciaron
por mi participación como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los concesionarios del juego en este distrito (el Hipódromo y los dos barcos casino)
pagaran el impuesto a los Ingresos Brutos que adeudaban desde 2003.

En un proceso plagado de irregularidades procesales y donde no se me permitió ejercer mi derecho a defensa en juicio, la jueza Servini de Cubría se excusó de
seguir interviniendo por la violencia moral que le provocaron las críticas que recibía de los conductores militantes del canal C5N, perteneciente al Grupo Indalo.
Pero, finalmente, Servini de Cubría se quedó con la causa. Sin volver a ser criticada por C5N, y cumpliendo todos y cada uno de los arbitrarios pedidos del abogado Beraldi.

A mediados de marzo, el mismo día en que Martín Soria fue designado ministro de Justicia, el abogado Beraldi pidió que se me citara a prestar declaración indagatoria.
La juez lo hace de inmediato, sin especificar qué delito se me imputa. Y, también a pedido de Beraldi, se me prohíbe la salida del país y se comunica a la Dirección Nacional
de Migraciones, pese a conocer el juzgado que yo estaba en Uruguay.

Como la indagatoria además sería por zoom, esto solo puede explicarse si ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país. De hecho, esto es exactamente lo que desde los medios de comunicación del grupo de De Souza y López comienzan a instalar en lo que se transformó en una muy intensa campaña mediática de difamación y desprestigio en mi contra.

No solo los conductores militantes de C5N, sino Aníbal Fernández (que era abogado de López), los diputados Tailhade, Moreau, Valdez, el mismo ministro de
Justicia Martín Soria, el ex juez Norberto Oyarbide, y los abogados vicepresidenciales Graciana Peñafort, Gregorio Dalbón y Carlos Beraldi adelantan desde los medios de
López y De Souza y por las redes sociales que voy a quedar preso. Incluso, los mismosDe Sousa y López lo hacen en entrevistas o posteos en twitter.

Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad,
por mi seguridad personal si regreso a la Argentina. Esta causa en la que se me impidió repetidas veces ejercer mi derecho de defensa, es solo un pretexto y un vehículo para encarcelarme.

Mi detención, por ilegítima que fuera, permitiría que estos poderosos empresarios íntimamente vinculados al gobierno, repararan simbólicamente la impunidad que perdieron al pagar impuestos como cualquier vecino y pondría a quienes actuamos lícitamente en defensa de los intereses del Estado, en mi caso de la CABA, al mismo nivel de quienes no pagaban impuestos amparados por sus conexiones políticas y societarias, revoleaban bolsos en los conventos o se apropiaban de fondos del Estado Nacional para construir una red de medios, funcionarios, políticos y abogados a su exclusivo servicio.

No hay nada grato en el exilio, nada. Pero que la Justicia, institución que debería defenderme de una persecución como la que padezco, sea precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa para perseguirme y privarme ilegítimamente de mi libertad por mi actividad política lícita en representación del Gobierno de la CABA es lo que me llevó a pedir asilo como refugiado político en Uruguay.

Fabián Rodríguez Simón