La justicia pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social y a otros organismos por los fondos enviados a las cooperativas de Quilmes
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El juez Ariel Lijo firmó esta mañana una serie de oficios en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos a tres cooperativas vinculadas a ex funcionarios de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que administra esos fondos, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a la AFIP, y a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además de información sobre la constitución de las cooperativas sospechadas, el juez quiere obtener más datos sobre las firmas involucradas y las personas físicas denunciadas.
Según la denuncia, las tres cooperativas involucradas son “De Trabajo La Estrella Limitada”, “De Trabajo Unión de Azul Limitada” y “De Trabajo Progreso Limitada”. En total, las tres habrían recibido unos 535 millones entre 2020 y febrero de este año. Parte de ese dinero se habría desviado a firmas offshore.
Además de la intendenta de Quilmes, en esa causa están imputados el ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa “La Estrella” y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda; Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; el contador José Alejandro Scozzari; Romina Cangelosi; Alejandro Gandulfo; y Cecilia Soler.
La semana pasada, el fiscal Ramiro Gonzalez amplió la imputación contra la intendenta de Quilmes y sumó a otros imputados: Claudio Hernán Carbone (Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes), Paul Brian O ́Shanghnessy (Subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes), César Sebastián Daer (ex marido de Mayra Mendoza y actual empleado de la AFIP) y Anabella Galvan, quien trabajaría en la municipalidad de Quilmes.
El contador Scozzari -defendido por el estudio de Fernando Burlando- es una pieza clave en la investigación porque aparece en diferentes empresas junto a varios de los ex funcionarios sospechados.
La diputada de la Coalición Civica, Mónica Frade, detalló en una presentación que Scozzari creó la firma “Sur II SRL”, donde también aparecen el ex marido de Mendoza, Cesar Sebastián Daer, Anabella Galván y Claudio Carbone. Además denunció que recibió por parte de la Municipalidad de Quilmes $ 46.467.034,25 de una contratación por $ 54.450.650,62, “intermediando con la denominación societaria The Wolf Building SA”, a nombre de su hijo.
En tanto, el abogado Dupuy aportó otro dato llamativo sobre “The Wolf Building SA”: “Al hacer público el 14 de abril del corriente año su nuevo emprendimiento inmobiliario de “Cowork/Parking”, lo promocionó con carteles alusivos al gobierno municipal de Quilmes, dado que se trataría de un desarrollo inmobiliario privado”, sostuvo.
