Controlar el SUBE: una operación que costó millones de más

Oscar Murillo había resignado siete de sus 14 días de vacaciones por un trámite importante. Durante seis días recorrió distintas localidades del sur bonaerense, pero no tuvo suerte: no funcionaba el sistema. Entonces decidió viajar de Valentín Alsina hasta Plaza de Mayo. Cuatro horas de fila bajo el sol de febrero tuvieron su recompensa: consiguió la tarjeta SUBE.
Como Oscar, a millones de argentinos les llevó al menos unas horas obtener la tarjeta. Ese trámite era indispensable para sortear la quita de subsidios que planificaba el Gobierno. Pero la secretaría de Transporte no pudo evitar esos imprevistos. Ni siquiera pudo con $65 millones, el presupuesto asignado para supervisar la puesta en marcha del Sistema Unico de Transporte (SUBE).
La auditoría del SUBE, clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico, se gestó entre irregularidades. LA NACION reconstruyó los movimientos de una licitación que demoró casi dos años en concretarse y culminó con un 60% de aumento que no estaba contemplado en el presupuesto inicial.
Transporte contaba con un presupuesto inicial de 10,5 millones de dólares para las tareas de control el SUBE, pero finalmente pagó casi 17 millones de dólares (65 millones de pesos según la cotización de ese momento). Tampoco eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta 10 millones de pesos más económica por el mismo trabajo.
El objetivo era la contratación de una firma especializada para que auditara la puesta en marcha y la operación del SUBE (a cargo de la empresa Nación Servicios SA), que consistía en supervisar el montaje de equipos de validación y recarga de tarjetas, controlar el software, inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de la red de bocas de entrega de la tarjeta.
El proceso comenzó en junio de 2009 y culminó con la firma del contrato en marzo de 2011. El concurso fue ganado por un consorcio compuesto por la firma británica Global Infraestructure SA (GI) y las nacionales Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA).
La secretaría decidió aumentar un 60% el presupuesto para la supervisión. En el plan de adquisiciones inicial elaborado por el Banco Mundial, organismo que financió la auditoría, las tareas habían sido valuadas en 10,5 millones de dólares. Luego de haber elegido al consorcio ganador para controlar el SUBE, la cartera que en ese entonces dirigía Juan Pablo Schivi le sumó 6 millones de dólares al contrato. En un documento oficial al que accedió LA NACION se justificó el incremento al considerar que se trató de un "contrato aceptable", aunque no se brindó detalles sobre los motivos del incremento presupuestario.
LA NACION intentó comunicarse con las autoridades de Transporte, pero los funcionarios consultados evitaron pronunciarse sobre las decisiones que tomaron durante la licitación por la supervisión del boleto electrónico.
LLAMATIVO ASCENSO
En el transcurso de la licitación se ejecutó una llamativa designación de una funcionaria clave. Nora Turco, titular del área de Planificación del Transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (Platamba) también fue nombrada como directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte. Turco mantiene estrechas relaciones con las empresas más importantes del sector y reporta directamente al secretario de Transporte, Alejandro Ramos.
En la supervisión del SUBE, Turco ocupó un lugar determinante: integró el comité de evaluación que recomendó contratar al consorcio ganador. Pese a que una prestigiosa consultora internacional había realizado una oferta 10 millones de pesos más económica por el mismo trabajo, este tribunal tuvo la última palabra. Su influencia se extendió dentro de ese comité, que también estuvo integrado por uno de los técnicos del Platamba.
Según el contrato final, los auditores deberán reportar a esa dependencia cada uno de los informes mensuales y anuales que se les exige por el control del boleto electrónico.
"Ella era la persona que llevaba día a día el proceso. Manejaba todos los detalles", dijo a LA NACION, en estricta reserva, un hombre que firmó los documentos más importantes de la supervisión del SUBE.
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