Jubilados maltratados: Ni Cristina ni Bossio se hacen cargo de los abuelos

No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia intima a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para que informe sobre el cumplimiento de juicios de jubilados y el destino de los fondos que administra. Y tal vez no sea la última.
Esta resolución se enmarca en un conflicto que viene desde hace años, a partir del ‘Caso Badaro’, luego del cual comenzaron a presentarse cada vez más juicios de jubilados en reclamo de actualización de sus haberes. Actualmente hay unos 500 mil juicios en trámite, lo que ha llevado al virtual colapso del fuero previsional, pues es imposible resolverlos al ritmo en que ingresan. A esto se agrega que la Anses solamente paga un pequeño porcentaje de las sentencias firmes, con lo cual va acumulando una deuda cada vez mayor en este sentido.
Esta situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a pedir que los criterios de la Corte se apliquen automáticamente a todos los jubilados -una ‘acción colectiva’- para que el máximo tribunal dicte una sola sentencia que beneficie a todos los jubilados y que no se vean obligados a hacer juicio. Es en el marco de ese proceso que la Corte pidió hoy informes a la Anses. La demanda lleva 4 años.
La avalancha de juicios se debe a que el Gobierno, vía la ANSeS, no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema en los casos Sánchez (1991-1995), Badaro (2002-2006), Gemelli (82% móvil para docentes) y tantos otros, y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio individual. El Máximo Tribunal en varios fallos, como Badaro, se manifestó de manera categórica a favor de la movilidad salarial de las jubilaciones, pero sigue sin pronunciarse con relación a la demanda del Defensor del Pueblo que reclama que se extienda esas doctrinas a todos los jubilados.
¿Qué es el caso Badaro? En el año 2006, la Corte Suprema benefició a un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Se trata de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.
El máximo tribunal reconoció su derecho a una actualización de haberes que guarde relación con la evolución de los precios y de los sueldos de los trabajadores activos. En aquella oportunidad, ordenó el ajuste de la jubilación al 82% de la movilidad salarial.
Como esa resolución solo se aplica al jubilado Badaro, cada persona debe iniciar una causa en forma personal para que su haber sea actualizado según el fallo de la Corte y poder correr con la misma suerte.
Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó el año pasado una ley por la cual se restablecía el 82% móvil, pero la presidente Cristina Fernández vetó la norma bajo el argumento oficial de la incidencia negativa que podría tener en las arcas públicas el hacer frente al incremento que implicaba la medida.